• Por Felipe Goroso S.
  • Columnista político

El caso del colegio privado de Lambaré es una herida que con el paso de las horas y a medida que avanza la investigación del Ministerio Público, se abre más y más. Dolorosa, lacerante pero definitivamente necesaria.

Es necesario que directivos y docentes de todas las instituciones educativas entiendan que a estas alturas es inadmisible que la primera respuesta al bullying o incluso al abuso sea minimizar, normalizar, justificar. Esconder la basura bajo la alfombra no hace que desaparezca, solo la acumula y hace que crezca hasta que la hediondez se vuelve insoportable. Intentando supuestamente precautelar la imagen de sus instituciones están generando una crisis de confianza sin precedentes. Como es posible que no vean que la mejor forma de mantener y elevar el prestigio es justa y totalmente a la inversa: tomando medidas que transmitan un contundente mensaje: aquí no se permite el bullying bajo ninguna circunstancia y si surgiese no quedará impune. Sin importar el apellido, las conexiones o el momento personal por el que está pasando el abusador. Miles de familias están esperando que le transmitan certidumbre, aquella que genera tranquilidad y con gusto llevarán a sus hijos a un espacio libre de acosos. Este será el mejor legado que podrán dejarle que directivos y docentes podrán dejarles a alumnos, familias y obviamente a sus instituciones.

Es urgente que el Ministerio de Educación deje de ser tomado como un botín y peldaño electoral. En 33 años de democracia hemos tenido 22 administraciones distintas al frente de la cartera educativa, apenas un año y medio de gestión de cada ministro. Es imposible pensar en políticas públicas de profundidad y contenido en general y menos aún al respecto del bullying y el abuso. Podrán decir que hay un protocolo y de hecho lo hay, pero sigue siendo una cuestión de voluntad de las escuelas o colegios reportar los caso, ha quedado en evidencia que la simple existencia de protocolo no garantiza que el procedimiento se cumpla ni que sea efectivo. Además, evidentemente tal protocolo precisa ser revisado y ajustado de manera permanente. Las supervisiones zonales del MEC (instancias que la mayoría no sabe de su existencia y menos aún sus funciones) deben de una buena vez dar un paso más y no solo esperar a que lleguen las denuncias, sino que convertirse en el refugio al que los padres pueden recurrir si no encuentran respuesta en las escuelas de sus hijos. El ministerio no puede seguir consintiendo que su capacidad de control y coercitiva se ve limitada cuando se tratan de instituciones privadas y seguir sin hacer algo al respecto. El contrato que tenemos como sociedad con el Estado no hace diferencia entre escuelas públicas y privadas. El ministerio es uno solo y sus responsabilidades son intransferibles. Por ejemplo, debe poder aplicar las sanciones más duras a directivos y docentes que no obren acorde a lo que se espera de ellos ante denuncias de casos de bullying o cualquier otro hecho criminal.

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Las familias deben dejar de encubrir a sus hijos, no les estamos haciendo un bien sino todo lo contrario. Enseñarle la responsabilidad ante sus actos los convertirá en mejores adolescentes, en mejores adultos y en mejores ciudadanos. Es lo que el país espera de ellas. Diálogo y comunicación permanente son vitales para detectar si hay un agresor o un agredido en la casa. Y ya está visto que generar esa conexión puede salvar vidas.

La política, esa mala palabra que empieza con p y termina con a, debe tomar acciones concretas y urgentes que busquen proteger a los más desprotegidos: nuestros niños. De lo contrario, en el futuro cercano no habrá espacios para reclamos porque resultó que los votantes buscaron otros caminos. Tal vez más directos, tal vez mas caóticos, tal vez mesiánicos pero tal vez alguno que haya logrado personificar o al menos empatar y plantear la solución para estas y otras inquietudes.

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