Con base en datos oficiales, en este material se ofrece un análisis de las promesas realizadas en la campaña electoral del presidente Santiago Peña y el nivel de avance de las mismas, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

En este cierre de 2024, se cumple 1 año y 4 meses de la asunción de San­tiago Peña a la Presidencia de la República del Paraguay, por lo que La Nación/Nación Media realiza un balance de los compromisos asumidos por el mandatario y el estado en el que se encuentran en la actualidad.

El artículo fue elaborado con base en datos oficiales pro­porcionados por el Gobierno y permitirá al lector conocer qué nivel de avance tiene cada promesa realizada en cam­paña por el presidente, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros. Para usted, ¿Peña cumplió?

“En Paraguay miles de fami­lias destinan una parte impor­tante de sus ingresos pagando un alquiler, un pesado gasto mensual que les impide pro­gresar”, afirmó el presidente comprometiéndose a impul­sar un programa que permita a la clase media poder pagar una vivienda propia a cuotas que se acerquen al monto de un alquiler.

De esta forma nació Che Róga Porã, una promesa cumplida desde el punto de vista del impulso del programa, si bien hasta la fecha aún no se ha inaugurado ninguna vivienda en este marco. Son 286 vivien­das reservadas y con crédito del sector privado preapro­bado para su construcción. Para la implementación de este plan se logró fijar una tasa del 6,5 % y créditos de hasta G. 500 millones a un plazo máximo de 30 años.

“Las personas con disca­pacidad tienen los mismos derechos que todos, en mi gobierno vamos a cuidarlos y apoyarlos para que también estén mejor, lo vamos a hacer con menos burocracia e incor­porando tecnología”, prome­tió Santiago Peña.

Recientemente presentó el primer “Atlas sobre la Disca­pacidad del Paraguay”, impul­sado por varias instituciones con apoyo del Banco Inte­ramericano de Desarrollo (BID), que consiste en una plataforma que unificará todos los datos de institucio­nes públicas, organizaciones privadas y sin fines de lucro sobre las 299.839 personas con discapacidad en el Para­guay. A partir de esta base de datos se podrán encausar políticas públicas certeras para este segmento que repre­senta el 5,3 % de la población, confirmó el director del INE, Iván Ojeda.

Por otro lado, firmó el decreto que reglamenta la Ley n.° 6940/22, una normativa fun­damental en la lucha contra el racismo y la discrimina­ción en el país. Esto marca el reconocimiento y dignifica­ción de la población afrodes­cendiente paraguaya, que ha enfrentado históricamente la exclusión social y el racismo. Este marco legal establece mecanismos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las per­sonas afrodescendientes, un paso crucial en la lucha por la igualdad y los derechos huma­nos en el país.

En lo que respecta a la tercera edad, una promesa en proceso de ser cumplida es la univer­salización del acceso a la pen­sión y se estima que para el 2027 la totalidad de este sector estará cobrando este haber. Los adultos mayores elegibles, según la normativa 7322/2024, accederán a una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, equivalente a apro­ximadamente G. 700.000. El monto se reajustará auto­máticamente, conforme a la variación del salario.

La ley también beneficia a las familias indígenas, en cuyo caso la pensión será univer­sal a partir de los 50 años. Por otra parte, las personas entre 60 y 65 años también podrán acceder al beneficio en casos de discapacidad severa, constatada y certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapaci­dad (Senadis).

En la Itaipú Binacional se ha logrado un acuerdo tari­fario de USD 19,28 hasta el 2027 con el Brasil y tam­bién se concretó la posibili­dad de exportar energía de otras fuentes al mercado bra­sileño, resultados positivos para esta administración.

El nuevo precio de la tarifa durante tres años generará alrededor de USD 280 millo­nes de ingresos por royal­ties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, tota­lizando USD 1.250 millones anuales. Aún está pendiente la renegociación del Anexo C, lo que definirá el futuro de los próximos 50 años de esta empresa binacional y de ambos países.

Las propuestas en torno a solucionar la situación finan­ciera de la Entidad Binacio­nal Yacyreta (EBY) aún están pendientes. Si bien se han obtenido históricos desem­bolsos por parte de Argentina, el incumplimiento por cesión y uso de energía por parte del vecino país todavía imposi­bilita que la hidroeléctrica adquiera estabilidad.

Una promesa en marcha es la duplicación de los agen­tes de la Policía Nacional. El Gobierno se trazó como meta la incorporación de 5.000 policías por año, los que sumarán 25.000 al tér­mino de esta administración en agosto de 2028.

Para el próximo 19 de diciem­bre está previsto el egreso de los primeros 5.000 policías que pasarán a prestar servi­cios directamente en comi­sarías de todo el país, sumán­dose al esfuerzo diario contra el crimen organizado y las estructuras delictivas, for­taleciendo la seguridad en la vía pública.

La reducción de precios del combustible es una compresa cumplida de Santiago Peña, quien durante este gobierno ha anunciado en 7 oportuni­dades la disminución de esta materia prima fundamental para el desarrollo del país.

De esta forma, Petróleos Para­guayos (Petropar) redujo en total G. 1.550 el precio de las naftas desde agosto de 2023 a la fecha. También redujo el precio del gas y se mantiene desde el 15 de noviembre en G. 6.500 por kg. Al combustible, se sumó la reducción del pre­cio del cemento, beneficiando al sector de la construcción y al consumidor final.

Un menor precio en los pro­ductos de la canasta básica también fue un compro­miso de Peña; no obstante, el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) reportó incrementos de pre­cios en bienes alimenticios, por lo que este punto aún es una materia pendiente para el Gobierno.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Esta­dística (INE) hubo una reduc­ción de la pobreza al compa­rar los datos entre el 2022 y 2023. Previamente, el nivel de pobreza ocupaba el 25,5 % de la población y este descendió al 22,7 %, esto incluye a perso­nas que no llegan a un ingreso diario per cápita de al menos G. 26.000.

En cuanto a la pobreza extrema, que alberga a quie­nes no llegan a los G. 12.000 al día, las cifras arrojan tam­bién una leve disminución. Del 6,1 % registrado previa­mente, al 2023 se contabi­lizó que 4,9 % de los habitan­tes del país se encontraban en esta situación, porcentaje que representa a 269.000 personas. Los compatrio­tas en situación de pobreza y pobreza extrema suman 1.330.000.

Un hecho destacado es la reducción de intereses para pequeños agricultores, de 12 a 4 % a varones y de 12 a 0 % a mujeres.

Si bien la promesa del presi­dente de reducir la pobreza está en marcha, aún queda mucho trabajo por delante ya que a la fecha todavía existe un gran número de paragua­yos que no alcanza el mínimo de ingresos diarios.

La generación de 500.000 puestos de trabajo es una de las apuestas más fuertes del gobierno de Peña, la meta es ambiciosa y a la fecha los datos del Viceministerio de Empleo señalan que en este periodo 43.324 personas han ingre­sado por primera vez den­tro del sistema de protección social. Cabe destacar que esto no incluye al sector del emprendedurismo.

El combate a la informali­dad es clave para llegar a la meta de los 500.000 puestos de trabajo manifestó la vice­ministra de Empleo, Verónica López, a La Nación/Nación Media, y agregó que deben contabilizarse los empleos generados en el sector del emprendimiento.

En 2023 se registraron 4.118 nuevos negocios y queda aguardar las cifras de 2024 para determi­nar el crecimiento en este sector. Esta promesa está avanzando hacia su cum­plimiento, pero con pasos muy lentos.

Uno de los grandes compro­misos en materia económica/ financiera fue la reducción de la deuda pública, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía se puede apreciar que esta ha ido en aumento y a octubre de 2024 llegó a USD 17.958,3 millones. En el mismo periodo del año pasado, alcanzó USD 16.194,2 millones.

Si bien se registra un aumento, cabe destacar que el actual gobierno tuvo que asumir deudas millonarias con el sector de la construc­ción y con las farmacéuticas dejadas por la administración de Mario Abdo Benítez.

Un punto a destacar es el pau­latino acercamiento al tope del déficit fiscal. En diciembre de 2023 fue de 4,1 % y se pro­yecta concluir el 2024 con 2,6 %. El objetivo del Gobierno es volver al 1,5 %, considerado un punto de equilibrio.

“Yo categóricamente rechazo aumentar los impuestos”, afirmó Peña durante su cam­paña a la Presidencia y esta promesa la está cumpliendo hasta la fecha. Su gobierno no ha impulsado reformas en este aspecto y los parla­mentarios oficialistas tam­poco han acompañado inten­ciones legislativas de elevar tasas impositivas.

Peña prometió reformas en pos de reducir la burocra­cia, optimizar recursos y el funcionamiento de institu­ciones, en este orden se ve un avance mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y está en trámite la creación del Regis­tro Unificado Nacional (RUN) que fusiona Catastro y Regis­tros Públicos.

Una promesa incumplida hasta la fecha es la imple­mentación de un plan de guarderías gratuitas. “En mi gobierno apoyaremos a todas esas mujeres madres que quieren trabajar o estudiar, implementando guarderías gratuitas”, expresó el enton­ces presidenciable, que aún tiene este punto como mate­ria pendiente.

Durante su campaña San­tiago Peña se comprometió a combatir el consumo de dro­gas, como el dañino chespi, y devolverle la seguridad a las calles. Durante el gobierno este compromiso se convirtió en el Plan Sumar, un programa que une a varias ins­tituciones para combatir de forma integral al problema de las adicciones.

El cumplimiento de esta pro­mesa está en proceso, si bien las calles aún son testigos de jóvenes en situación de adic­ción y los problemas de inse­guridad derivados de esta problemática aún persisten, el Gobierno ha encabezado diversas acciones contra el narcotráfico, el microtráfico, se ha dado atención prima­ria a personas con trastor­nos por uso de sustancias y desde el Ministerio de Edu­cación se implementó Escue­las Abiertas, para trabajar desde la prevención, entre otras medidas más.

La problemática que busca resolver el Plan Sumar es a largo plazo, por lo que las acciones llevadas a cabo aún están lejos de reflejar resultados alentadores.

El proyecto de ley para una pensión universal a personas con discapacidad, se define este jueves en la Cámara de Senadores en una sesión extraordinaria. Sin embargo, ya se maneja un proyecto alternativo para la inclusión gradual de las personas, de acuerdo a la ministra Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Yody Ledesma.

De acuerdo con un censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), se maneja el dato de que serían alrededor de 178.841 personas con algún tipo de discapacidad a nivel nacional. Mientras tanto, la titular de la Senadis indicó que se está trabajando con el INE para realizar un nuevo censo y establecer un dato específico, ya que en la institución están inscritas 150.000 personas.

Podes leer: Clan Villalba dejó Argentina tras perder estatus de refugiados políticos, afirma Nimio Cardozo

“Tenemos en la institución censados 150 mil usuarios, pero nosotros estamos haciendo con el INE lo que es el censo de personas con discapacidad, porque en aquella ocasión fueron muy vagas las preguntas que se hicieron a nivel país, entonces manejamos siempre entre el 10 y el 12 % de la población, de lo que es el monto total”, explicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En este proyecto alternativo, las instituciones encargadas serán la Senadis y el Ministerio de Desarrollo Social, pero también se tendrán los datos de todas las instituciones públicas a fin de contar con los datos exactos de todas las personas con algún tipo de discapacidad.

“Eso es lo que estamos haciendo ya, estirando bases de datos de todas las instituciones, porque todos los proyectos de ley que están saliendo, todos piden certificado de discapacidad de la Senadis, entonces como no tenemos tantas filiales a nivel país, como el presidente siempre nos dice, salgan a ver qué es lo que la gente necesita, entonces como tenemos las clínicas móviles de la institución salimos con los profesionales”, refirió la ministra.

Así mismo, señaló que el objetivo de esta propuesta es implementar la pensión de manera gradual, esto teniendo en cuenta que muchas personas se encuentran trabajando, además de cumplir con la inclusión laboral.

“Yo creo que sería lo más conveniente, por ejemplo, tenemos en la institución directores que están en silla de ruedas, son abogados y al ser universal, dicen que no necesitan. Buscar que la gente pueda trabajar es también buscar el 5 % que tenemos en las instituciones, es también darle la oportunidad a las personas con discapacidad que están en condiciones”, indicó.

En este contexto, la ministra refirió que la prioridad deben ser las personas que no cuentan con movilidad y que se encuentran en cama. “Para mí, la prioridad son las personas encamadas, con parálisis cerebral y después ir graduando, porque a nivel país va ser imposible por el costo que esto conlleva”, sentenció.

Leé también: Eliminación de mensajes entre Líder Amarilla y supuesto narco: “Tengo la conciencia limpia”

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una intensa jornada de atención a personas con discapacidad se realiza hoy viernes en la Gobernación de Alto Paraná, con la presencia de un equipo del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), encabezado por la ministra Yody Ledezma. El evento fue convocado para la entrega de certificados y la evaluación de personas para futuras nuevas acreditaciones. Fueron atendidas 800 personas.

Paralelamente a esta jornada, el gobernador César Landy Torres, acompañado de Ledezma, anunció en conferencia de prensa la creación de la Secretaría de la Discapacidad y el nombramiento del abogado Charles Quiroz como titular de la citada dependencia. Asistieron también concejales departamentales y representantes de ONGs que atienden a personas con discapacidad en el departamento.

La ministra informó que no disponen aún de un censo exacto de las personas con algún tipo de discapacidad en Alto Paraná, pero que están trabajando en eso. Dijo que a nivel nacional la institución a su cargo atiende a 50 mil personas, pero sabe que esa cantidad no refleja lo que existe en realidad. Se maneja como estándar que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, se aclaró en la reunión de prensa.

Puede interesarle: Paraguay registra una tasa de 8 % de prematurez

El titular del ejecutivo departamental explicó que el objetivo es reimpulsar institucionalmente la atención a las personas con discapacidad, con la finalidad de dar cobertura amplia y facilitar los trámites a las personas para la obtención de certificados y de ayudas sociales, sin tener que trasladarse a Asunción.

Charles Quiroz indicó que es mucho el trabajo por hacer y una prueba de ello es la cantidad de personas que acudieron para recibir atención de Senadis, a la sede del gobierno. Dijo que aproximadamente 800 personas fueron atendidas, entregaron 60 certificados de renovación y 40 nuevos. Otros fueron evaluados por el equipo de salud del Senadis, con apoyo de la región sanitaria.

Coordinar el trabajo entre instituciones públicas que brindan atención a personas con discapacidad para optimizar los recursos y evitar superposiciones será una de las tareas de la secretaría a su cargo, dijo Quiroz, al tiempo de indicar que hacer funcionar el Consejo Departamental de la Discapacidad con todos sus componentes es otro de los fines.

Puede interesarle: Concepción: vecinos denuncian aparición de serpientes y alacranes en patio baldío

El exministro de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) Diego Samaniego decidió candidatarse para llegar a la Cámara de Senadores por el Partido de las Personas Discapacitadas.

Durante una conversación con la 800 AM, Samaniego explicó que decidió lanzarse como candidato para ocupar una banca dentro del Congreso Nacional con el objetivo de hacer cumplir los derechos que existen para los discapacitados; así también, poder trabajar para crear más políticas que favorezca a este sector al que llamó “rezagado”.

“Me lanzo como senador por el Partido de las Personas Discapacitadas, creado hace poco por unos colegas. Este es un partido nuevo, un partido independiente que está dentro de la Concertación Nacional”, comentó. En ese margen, indicó también que llevan la bandera de los principios provida y profamilia.

Leé también: Niñez sostiene que trabajos deben ser con las gobernaciones para llegar a cada rincón

Samaniego señaló que desde el partido político hay varias candidaturas para la senaduría, diputación, así como para concejalía departamental, para que desde posiciones de autoridad las personas con discapacidad puedan ser más visibilizadas. “Nosotros somos provida y profamilia; y queremos trabajar por un sector bastante vulnerable y poco visibilizado”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía “debe hacer valer las leyes”, en el sentido de que la sociedad civil debe ser parte del cambio para que los invisibilizados puedan ocupar más cargos y ser tenidos en cuenta. “Es tomar un compromiso, una base. Lo pensé con mi familia y decidí lanzarme a esto. Creemos que a partir de este nuevo partido podemos hacer mucho por los discapacitados”, resaltó.

Por último, dijo que no fue fácil candidatarse ni someterse a las internas; pero que si decidió hacerlo, fue porque cuenta con el apoyo de su familia, además de las personas que de alguna manera confían en él.

Te puede interesar: “La unidad es real y el símbolo de esa unidad se llama Arnoldo Wiens”, destacó Peña