• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

Recuerdo que durante la última campaña electoral presidencial, todos los analistas políticos y económicos coincidían en que el eje central del gobierno que asuma debería ser enfocado a lograr el mejor acuerdo posible para nuestro país en Itaipú en el 2023. Sin embargo, han pasado tres años desde que asumió Mario Abdo Benítez y hasta ahora, el Ejecutivo ni siquiera esbozó una estrategia con miras a obtener mayores beneficios en la futura mesa de negociaciones con el Brasil.

Lastimosamente, este gobierno –además de todas las dificultades que afrontó, desde la sequía, incendios, inundaciones y por si fuera poco, la pandemia– no tomó en serio la cuestión Itaipú. La primera señal de esto fue lo acontecido en el 2019 cuando un simple acuerdo por contratación de potencia en la binacional casi le costó el cargo al Presidente, al comprobarse que una vez más prevaleció la posición entreguista de nuestros representantes ante los “hermanos” brasileños. Si bien, en un intento por recuperar la credibilidad se reconfiguró la composición del Consejo de Administración y se cambiaron a las máximas autoridades, el Gobierno nunca logró quitarse de encima el estigma del “acta entreguista” de Itaipú. Que lo diga Federico González, quien quiso asumir en vano la codiciada dirección de la entidad.

Pero ahora estamos ante una nueva coyuntura y podemos afirmar que nos encontramos en el peor de los escenarios, en las puertas de una nueva negociación que, según como se avizora, podría tener graves consecuencias. En efecto, en los próximos días arranca una “previa” a la gran negociación con el vecino país en Itaipú, con la definición de la nueva tarifa para el 2022.

Esta dura puja que se dará en el seno de la binacional donde deben aprobar su presupuesto que está directamente relacionado al precio que tendrá la energía. Como la deuda de la entidad ya tendrá una importante reducción el año entrante, es casi un hecho que la tarifa de potencia también disminuirá, lo que de por sí ya genera preocupación en algunos sectores. Si bien, hay que entender que esta reducción no debería afectar los ingresos de la binacional en cuanto a royalties y gastos de explotación, aunque sí tendrá un impacto en los contratos de la Ande y la Eletrobras (o la nueva empresa que la reemplazará en Brasil).

En una conversación que tuvimos recientemente en la radio con el asesor de Itaipú, Alejandro Sasha Evreinoff, este nos explicaba que la escasez de agua impacta directamente en la generación de energía y esto también debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer una nueva tarifa. Si bien la tendencia es mantenerla, también hay que tener en cuenta el Anexo C del Tratado, por lo cual, al disminuir el monto de la deuda, también debe bajar automáticamente el costo, lo cual no desagrada a la Ande pero, atención, que esto en realidad no necesariamente podría traducirse en una disminución de la energía eléctrica para el consumo interno, puesto que para el que consume más, el beneficio es mayor; en este caso, Brasil es el que utiliza más del 80% de toda la producción de Itaipú.

Entonces, lo esperable es que nuestros representantes profundicen los beneficios en cuanto a la compensación de energía y que la Ande pueda recibir un mayor beneficio de lo que actualmente recibe, para poder invertir más en su infraestructura. Pero, para que eso ocurra debemos tener una estrategia y a los mejores técnicos hablando de frente a la ciudadanía. No se debe caer en lo mismo que ocurrió en el 2019 cuando a puertas cerradas se negoció y de la peor manera. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.