Por Ricardo Rivas
Corresponsal en Argentina
Twitter: @RtrivasRivas
El presidente Alberto Fernández, luego de resolver el conflicto con los tenedores de bonos del Tesoro argentino en default, desde septiembre de 2019, aseguró que “ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”.
El mandatario agregó que después de la pandemia “debemos repensar muchas cosas” porque, durante los siete meses que demandaron las negociaciones con los bonistas “nos dimos cuenta de la debilidad del sistema financiero mundial” y, desde esa perspectiva, “ahora, debemos construir un capitalismo con más compromiso social”. Con su palabra, según coincidentes analistas, informalmente, se inició la campaña electoral de cara a los comicios parlamentarios de octubre 2012.
En ese contexto, el embajador Juan Pablo Lohlé –peronista con más de 50 años en el partido y crítico del kirchnerism, pese a ser uno de los cofundadores del Grupo Calafate, el think tank donde se construyó el liderazgo del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007)- sostuvo que “no haber llegado a un acuerdo (con los deudores) hubiera sido tan irresponsable, como lo es ahora, que sostener que el horizonte está despejado cuando aún tenemos inseguridad jurídica con un proyecto de reforma judicial, una eventual modificación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las informaciones, no confirmadas formalmente por el gobierno, pero tampoco desmentidas, sobre una presunta reforma constitucional”.
Enfáticamente, Lohlé entiende como “imprescindible, despejar todos los obstáculos (mencionados) para encaminar al país por un sendero posible de crecimiento y prosperidad para lo que habrá que hacer un llamamiento a las fuerzas políticas, productivas y trabajadoras para encolumnarlas en el camino de la recuperación”. En esa misma línea, según tres fuentes empresarias del más alto nivel consultadas por este corresponsal y que demandaron reserva de sus identidades, reflexionan importantes consultores que asesoran a inversores externos que siempre observan América Latina en procura de oportunidades, especialmente en las áreas de infraestructura energética, de comunicaciones, viales, medioambientales, por mencionar solo algunas, imprescindibles en la región.
Sucede que uno de los ítems que todo inversor observa con detenimiento a la hora de las decisiones es el de la seguridad jurídica. En ese sentido, la preocupación deviene por el anuncio de reforma judicial que podría incluir modificaciones en la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, luego de ello, una eventual reforma de la Constitución Nacional, según lo expresara, Eugenio Zaffaroni -ex juez de la CSJ en este país y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Fernández. Los interrogantes no son pocos.
En la semana que pasó, dos tribunales de alzada –la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y la de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo- a través de acordadas que fueron votadas por unanimidad, rechazaron el proyecto de reforma judicial que el presidente Fernández envió para su tratamiento al Parlamento y, en el caso de la primera de las mencionadas, fue más allá y la declaró inconstitucional. Ambas decisiones, sin embargo, van más allá del derecho, de la doctrina, de la jurisprudencia, porque -inusual- se pronunciaron no sobre un facto, sobre un suceso concreto, sino sobre una supuesta ley nonata que aún debe ser debatida por el Congreso Nacional.
Esas dos acordadas, dan cuenta del profundo impacto negativo que generó en el seno del Poder Judicial la iniciativa del Poder Ejecutivo, que no informó haya consultado para ello con los colectivos representativos del sector, como lo son las Asociaciones de Magistrados, los Colegios Públicos de Abogados o la Unión de Empleados Judiciales (UEJ). En este último caso, el abogado Julio Piumato, su titular, fue convocado a consulta por el Senado de la Nación para el venidero martes 18 de agosto dado que, en un plenario de comisiones, iniciará el debate del proyecto que -aún en el supuesto de que fuera aprobado en la instancia parlamentaria- con seguridad, será judicializado en procura de una declaración de constitucionalidad.
Claramente, la disputa pública en la Argentina no es sobre la justicia y su funcionamiento, sino que lo que las partes debaten es un modelo político de país en el que, lo que está en crisis, es “El espíritu de las Leyes”, la obra de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, que en 1748 dio lugar a la independencia de poderes y al Estado Democrático de Derecho. ¿Tenemos despejado el horizonte?