El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.

Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.

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Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.

Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.

Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.

“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifiesta preocupación por la suspensión del proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.

“Realmente esta paralización es preocupante y esperamos que el Tribunal de Cuentas tenga celeridad en este campo. Nosotros ni siquiera realizamos la revisión técnica de las máquinas que están en competencia ni dictaminar si cumplen o no los requisitos. Estamos casi a mitad de año y no estamos pudiendo avanzar en la parte técnica”, indicó el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Bypar S. A., con la cual el proceso de compra queda nuevamente en pausa. “Esta empresa objeto que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación. Esta empresa tiene 5 años de trayectoria, entonces ellos quieren que este sea el plazo, pero el problema está que no reúne ninguno de los demás requisitos solicitados, ni siquiera participó realizando este servicio en otros países”, dijo el funcionario de la Justicia Electoral.

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Esta misma empresa presentó una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y había dado luz verde para avanzar en proceso para comprar las máquinas de votos luego de varias suspensiones. “Preocupa porque nosotros tenemos previsto recibir 5.000 máquinas de votación en este 2025 para poder iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía y a los partidos políticos, avanzar en la capacitación interna de los funcionarios de la Justicia Electoral, preparar el software”, puntualizó.

Ljubetic siguió sosteniendo que “esta gente ni siquiera debería tener legitimación activa, porque cuando nosotros pedimos que las firmas nos presenten sus precios referenciales, ellos no se presentaron, cuando llamamos a los técnicos para ir viendo las máquinas, tampoco se presentaron, ni siquiera se presentaron durante el proceso de la apertura de ofertas para licitar”.

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La licitación pública internacional para la compra de 28.000 máquinas de votación podría culminar a mediados del mes de julio con la adjudicación a una de las tres empresas oferentes, según estimaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre el proceso licitatorio. Ayer jueves se procedió a la apertura de sobres, con la entrega de artefactos de muestra.

Las empresas que presentaron ofertas son: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de procedencia coreana.

El director de recursos financieros del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó para La Nación/Nación Media, cuáles son los procesos que se realizarán a partir de ahora. La modalidad de presentación es en doble sobre, con la presentación general del oferente y con la oferta económica. En el primer sobre se presentan todos los documentos referentes a la constitución de la empresa y otros requerimientos que exige el pliego de bases y condiciones. El segundo sobre se abrirá solo de los oferentes que superen la etapa técnica.

“A partir de ahora se va a comenzar a trabajar en la verificación cualitativa, del sobre uno, eso significa que, se van a verificar uno a uno los documentos que presentaron, y si es que falta algún documento de carácter subsanable, se le va a requerir a las empresas que completen esos documentos”, indicó Ruiz Díaz. Esta revisión se realizará por el plazo de 15 días.

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Así también, fueron presentadas cinco máquinas como muestra por cada empresa ofertantes, que quedaron en manos de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Justicia Electoral, porque serán evaluadas en la etapa de verificación técnica, lo que tendrá una duración de una semana.

“Esa prueba de funcionalidad se realiza en un equipo por día. Nos tomamos todo un día para hacer las pruebas de funcionalidad en las que son controladas, por ejemplo, la batería, que dure 12 horas, mediciones de gramajes del papel que presentan con ayuda del INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), pruebas de votación, prueba de escrutinio, verificación de la pantalla, mecanismos de seguridad de las máquinas”, explicó.

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Una vez que se haya concluido esa verificación documental, y la verificación técnica de los equipos, si las empresas cumplen con el pliego de bases y condiciones, se remite un informe al comité evaluador, que definirá cuáles de las tres empresas pasan a la siguiente etapa. “Luego se abre el sobre 2, que contiene la oferta económica. El sobre de la empresa que fue descalificada permanece lacrada, ya no se abre”, detalló el director electoral.

Posteriormente, el comité evaluador vuelve a analizar el sobre 2, y emite una recomendación al TSJE de cuál es la mejor tecnología en todos los aspectos, y por resolución del TSJE se debe adjudicar, y “si es que no hay protestas, un mes y medio, como mínimo”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que el gobierno de Santiago Peña se encuentra avanzando sin inconvenientes en la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo tren de molienda en la localidad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

“Es un proyecto bastante interesante y cumplirá con las expectativas que ellos quieren y el gobierno puede“, mencionó. La iniciativa deberá ser presentada y socializada con los cañeros en junio.

Por otra parte, el titular de la petrolera estatal se refirió sobre la fallida obra encarada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que debió estar operativa en el 2023 y que tenía como finalidad aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

“Acá hay culpables, se debe apuntar a las cabezas del gobierno anterior, contra el uno y el dos directamente. Yo no apunto tanto a la gente que estuvo en Petropar, se le prometió a los cañicultores cosas de cumplimiento imposible“, lamentó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

El requerimiento de Jara surge teniendo en cuenta que su institución presentó el 7 de mayo pasado una una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en torno a la paralización de las obras durante el gobierno de Abdo Benítez.

“Los proveedores de la fallida obra también se encuentran desesperados. Los cañeros son gente laburadora y estaban pasando mal, por eso hicimos lo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el sector", remarcó Jara.

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De acuerdo con las denuncias, el tren de molienda impulsado por Abdo Benítez fue paralizado debido a la existencia de una sobrefacturación gigantesca. La obra también presentó problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos.

La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra.

“Es importante ver de dónde viene este problema de la obra fallida, esto fue del período anterior, en la época del presidente Abdo, en la que trabajaron sin ninguna planificación”, sostuvo el gobernador del Guairá, César Sosa, quien apoyó el requerimiento de Jara, consistente en que el caso no quede impune.

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