Óscar Tuma, quien se desempeñaba como uno de los abogados del padre de Juliette le Droumaguet, Stéphane le Droumaguet, se ratificó en su postura de que tanto la madre de la niña, Lilian Zapata, y su pareja, el alemán Reiner Helmut Oberuber, saben en realidad qué pasó con la pequeña desaparecida hace más de un mes.
“Escuché a la abogada Graciela Noguera, quien no puede firmar un escrito, defendiendo lo indefendible. A mí nadie me pagó un peso y mi deber era con la Organización Ni un Niño Más en buscar la verdad. Y me ratifico en que tanto la madre Lilian como su pareja saben qué pasó”, indicó.
Tuma había anunciado su separación del caso debido a la postura que fue adoptada por el padre, quien le solicitó querellar solo al padrastro y no así a Zapata, ambos privados de su libertad actualmente e imputados por violar el deber del cuidado, abandono y otros.
“Desde un comienzo senté mi posición que solo iba a defender la verdad y eso se hizo. Cuando los elementos de pruebas salgan a la luz se darán cuenta. Si el padre tiene sus sentimientos, me parece perfecto y me parece bien que la abogada defienda esos intereses. Cobra por eso”, sentenció el letrado tras las declaraciones de la abogada.
Postura de Noguera
Noguera cuestionó hoy la conducta asumida por Tuma por supuestamente lanzar informaciones de forma irresponsable y por criticar al padre de la niña. Aseguró que intentó quedarse como el ídolo ante la ciudadanía y los medios de prensa. “De ninguna manera podemos usar un caso tan sensible para fines personales y menos para hacerse el ídolo en las redes sociales”, puntualizó la letrada.
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Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Battaglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Presumen que muerte de embarazada en Curuguaty no se habría dado por un rayo
Este miércoles, familiares de una mujer que habría fallecido tras la caída de un rayo en Curuguaty, departamento de Canindeyú, denunciaron que no creen que esta fuera la causa de muerte. Piden a las autoridades que investiguen el caso porque presumen que tuvo una discusión con su pareja y que a raíz de esto falleció.
El fin de semana pasado falleció Jorgelina Ruiz Díaz, de 37 años, quien estaba embarazada de siete meses y que tenía cuatro hijos pequeños. El reporte del médico forense del Hospital de Curuguaty determinó como causa de muerte una arritmia cardiaca severa por causa de un golpe o descarga eléctrica.
“Sus familiares llegaron hasta la casa ubicada en la colonia San Óscar Romero, donde revisaron el sitio y tienen ciertas dudas de que la mujer hubiera muerto por una descarga eléctrica, porque en la casa no hay ninguna secuela de algún choque eléctrico o que haya saturado las instalaciones”, expresó Juan Alcaraz, corresponsal de “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Apuntó que la hermana de la mujer resaltó que las instalaciones están intactas y que en ese momento estaba teniendo una acalorada discusión con su expareja, que la abandonó tras dos embarazos. “No lo acusan de que la haya matado, pero que esa discusión puedo ser lo que haya provocado alguna crisis y hubiera caído muerta”, resaltó.
La familia adelantó que van a solicitar la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió realmente. “Aseguran de que no hay rastro de que el rayo que cayó haya causado la muerte de su hermana. Además, que los niños estaban durmiendo en la otra pieza y no escucharon ninguna explosión mientras ocurrió el hecho”, resaltó.
Piden a las autoridades que visiten la casa de Jorgelina para levantar evidencias y pueda corroborar que todo el cableado así como también el celular de la víctima que estaba conectado funcionan correctamente y que en el caso de la caída de un rayo estarían quemados.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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