El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio su total respaldo a uno de los jugadores de su selección, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Horas atrás, el secretario de Estado anunció en conferencia de prensa que no renunciará al cargo, pese a los cuestionamientos y críticas ante el escándalo de los insumos y equipos de salud.
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“Fuerza querido ministro @MazzoleniJulio. Todo mi apoyo. Confío en que llevarás a cabo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la transparencia y continuar adelante con la gran labor que vienen realizando”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.
Esta no es la primera vez que el mandatario sale a defender a capa y espada a uno de los suyos que se encuentra envuelto en escándalos sobre su gestión al frente de una cartera de Estado. Ocurrió y sigue ocurriendo con el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, quien desde su designación al frente de la Secretaría de Estado recibió críticas y cuestionamientos, pero con la “bendición” de Mario Abdo se encuentra fuertemente asegurado en el cargo.
La “bendición” de Mario Abdo ahora se enfoca en su ministro estrella, Julio Mazzoleni, considerado como el capitán del barco que navega en el mar de incertidumbres en la guerra contra la propagación del COVID-19.
Sin embargo, el escándalo de la adquisición de los insumos y equipamientos de salud, en el marco de las compras de emergencia sanitaria, tambaleó la confianza de toda la ciudadanía hacia el capitán del barco. Acorralado, Mazzoleni no solo anunció la rescisión total del contrato con las empresas Imedic y Eurotec, sino también la apertura de un sumario a funcionarios probablemente envueltos en el proceso “amañado”.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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Ministro Diesel habilitó Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín
Con presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, y de los miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo el acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín.
La puesta en funcionamiento de esta sede se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el territorio nacional.
Durante el acto, el ministro Diesel señaló que uno de los objetivos centrales de la máxima instancia judicial es garantizar una justicia ágil, eficiente y cercana. Asimismo, exhortó al equipo de trabajo, liderado por la magistrada Gloria Liz González, a desempeñar sus funciones con atención a las necesidades de la ciudadanía.
A su turno, la jueza de Primera Instancia y encargada del despacho, Gloria Liz González, señaló que la habilitación de la sede judicial representa el fortalecimiento de la presencia institucional del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y refleja el compromiso con el acceso a la Justicia en la zona.
El inmueble, cedido a la Corte Suprema de Justicia mediante un contrato con sus propietarios, albergará las dependencias judiciales destinadas a fortalecer la atención y la prestación de los servicios de justicia en la zona.
Del acto oficial participaron también la intendenta municipal, Marta Santander de Correa, magistrados de diversas localidades, profesionales abogados y representantes de gremios de la región, quienes acompañaron la habilitación de esta nueva sede judicial, que permitirá acercar los servicios de justicia a la ciudadanía de Juan León Mallorquín y de su zona de influencia.
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Titular del MAG apoya elevar al 40 % la compra de agricultura familiar para Hambre Cero
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, no descarta la posibilidad de aumentar al 40 % la compra de productos de la agricultura familiar campesina para el programa Hambre Cero en las escuelas. La norma en la actualidad establece la obligación de destinar un 10 %.
“El impacto de Hambre Cero es demasiado fuerte, es más, puede ser mucho más. La ley exige que un 10 % de la compra de alimentos provenga de la agricultura familiar, pero nosotros somos ambiciosos de superarlo. Hay una propuesta donde se plantea que alcance el 40 % y yo creo que eso es algo natural, no se detendrá”, indicó el alto funcionario en el programa “Cara o cruz” de Unicanal, tras realizar una evaluación sobre los tres años de mandato de Santiago Peña.
Giménez comentó que “los proveedores del programa tienen que entender que comprando de la agricultura familiar nuestro país se desarrolla, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6 % puede disparar al 10 %. El Paraguay no es un país industrializado, la agricultura y la ganadería son la aguja que mueve a nuestra nación”.
Añadió que mediante la vigencia del programa, el cual data desde agosto del 2024, un total de 43.000 familias campesinas ya se vieron favorecidas con la comercialización de sus productos. “Están cubrieron prácticamente 10 meses del año la demanda local, muchos de los agricultores son jóvenes, muchas familias están trabajando directamente en este rubro”, refirió Giménez.
En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente de tratamiento un proyecto de ley impulsado por el parlamentario colorado Colym Soroka, el cual establece que el porcentaje mínimo de compras a productores nacionales pase al 20 % en 2027 y alcance el 40 % en 2028.
La propuesta también plantea modificar el mecanismo de comercialización para que las adquisiciones se realicen directamente a través de comités, asociaciones y cooperativas de productores registrados en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), con el objetivo de reducir la intermediación y asegurar que los beneficios lleguen directamente a los agricultores. A la vez estipula sanciones para las empresas adjudicadas que no cumplan con el porcentaje mínimo de compras de productos nacionales.
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Presidente de Bolivia destituye al ministro de Economía
El presidente Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica.
La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno de centroderecha de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver.
Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en la gaceta oficial.
Espinoza fue convocado el martes al Congreso en La Paz para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el presupuesto general del Estado, entre otros temas. Pero comunicó que no podría asistir porque tenía programado viajes a Santa Cruz (este) y a Brasil.
En la misma jornada, 91 de los 129 senadores y diputados presentes en la sesión votaron a favor de remover al ministro, lo que obligaba al presidente a destituirlo.
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El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso.
Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país.
El Tribunal Constitucional fijó audiencia para examinar el caso el 24 de agosto.
La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.
Momentos difíciles
Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.
Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares.
Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.
Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 % al 5 %, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.
“No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.
El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 % y 1 %, estima el Ministerio de Economía.
Fuente: AFP