Desde finales del 2019, Líbano ha estado lidiando con su peor crisis económica en décadas, tensiones sociales y agitación política. Además de eso, y tras la llegada de la pandemia del COVID-19 a principios del 2020, una gran explosión arrasó con Beirut, la capital, en agosto.

Estas crisis sobrepuestas han exacerbado la vulnerabilidad de las personas y han empujado a miles a la pobreza. Todo esto se suma a una situación precaria y prolongada para las personas desplazadas. Este pequeño país alberga al mayor número de personas refugiadas per cápita del mundo.

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“Esta situación ha agravado las necesidades de la población”, asevera la Dra. Caline Rehayem, coordinadora médica adjunta de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Líbano. “La presión socioeconómica, sobre todo, ha hecho que el costo de los productos básicos, incluyendo los alimentos, sea cada vez más difícil de pagar para muchas personas”.

“Los honorarios médicos también se han vuelto prohibitivos para los grupos vulnerables del país”, dice el Dr. Rehayem. “Se espera que este contexto empeore las condiciones de salud de las personas y el acceso a la atención, y nuestros equipos sobre el terreno ya han comenzado a observar signos de deterioro”.

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Durante el año pasado, el personal que trabaja en las clínicas de MSF ha observado un aumento de la vulnerabilidad entre nuestros pacientes. Muchos de ellos y ellas están experimentando problemas financieros relacionados con la situación económica del país, que en algunos casos están teniendo un impacto en su capacidad para seguir adecuadamente su tratamiento. El impacto en el bienestar psicológico de las personas también es notable y es una gran preocupación para Médicos Sin Fronteras.

Según la ONU, más de la mitad de la población de Líbano está atrapada en la pobreza, casi el doble de la tasa que había el año pasado. En cuanto a la población refugiada siria que vive en el país, se estima que el 89% vive por debajo del umbral de pobreza extrema.

Esto significa que viven con menos de 10.000 libras libanesas por persona por día, el equivalente a alrededor de US$ 1, según la tasa de negociación no oficial actual en el mercado. Un número creciente de libaneses ha estado llamando a las puertas de las clínicas de MSF durante el último año, al no ser capaces de cubrir sus gastos médicos, especialmente en áreas remotas.

En nuestra clínica en Hermel, en la parte norte del Valle de Bekaa, el número de pacientes con enfermedades no transmisibles que solicitaron nuestros servicios se duplicó con creces entre el 2019 y 2020. En Arsal, otra ciudad del valle de Bekaa, el número de consultas pediátricas para pacientes libaneses en nuestra clínica también aumentó en un 100 por ciento en un año.

El sistema de salud altamente privatizado del Líbano ya era una barrera importante para las personas más vulnerables del país, que luchaban por acceder a una atención asequible. La tasa de inflación anual, que aumentó al 133 por ciento en noviembre de 2020, afectó tanto a la población libanesa como a la población refugiada, y ha afectado directamente su capacidad para acceder a la atención médica.

“Hace dos meses, mi esposo perdió su trabajo. Siempre hemos sido pobres, pero al menos antes podíamos lidiar con los gastos”, relata Fátima, una mujer libanesa de 58 años que vive en Hermel, tiene diabetes y sufre graves complicaciones a causa de su enfermedad.

“Comemos principalmente lentejas, trigo bulgur y papas, muchas papas. No es una dieta muy buena para mi condición médica, pero eso es todo lo que podemos pagar. Sin MSF, tendría que depender de la caridad de las personas para obtener mis medicamentos “.

Se recomienda a las personas con diabetes que sigan una dieta adecuada para ayudar a controlar su nivel de azúcar en sangre y reducir los riesgos de desarrollar complicaciones. Sin embargo, en las clínicas de MSF en todo el país, ver a pacientes que reportan tener dificultades para acceder a alimentos básicos como la carne, el pollo e incluso algunas verduras debido a problemas económicos, se ha convertido en una realidad diaria.

Ahmed es un refugiado sirio que vive en un asentamiento informal de tiendas de campaña en las afueras de Arsal. Hace cuatro meses, a su hija menor, Zeinab, le diagnosticaron anemia. “Se veía muy enferma. Estaba muy pálida y comía muy poco”, relata.

“El médico le recetó un suplemento de hierro y nos aconsejó que la alimentáramos con más verduras y frijoles, pues ya no podemos pagar la carne. Todo se ha vuelto al menos cuatro veces más caro y la situación sigue empeorando”.

La pandemia del COVID-19 que azotó el país en la primavera y que fue seguida de la gran explosión en el puerto de Beirut en agosto del 2020, ha empeorado la terrible situación en Líbano. El frágil sistema de salud pública, que ya enfrentaba una escasez regular de medicamentos y otros suministros médicos debido a la crisis financiera, se ha visto aún más afectado.

La explosión de agosto, que dejó miles de personas heridas y desplazadas, también destruyó la infraestructura sanitaria, incluyendo varios hospitales.

Además, el almacén central del Ministerio de Salud, donde se almacenan todos los suministros médicos nacionales, resultó gravemente dañado. Una encuesta que los equipos de MSF realizaron en una muestra aleatoria de 253 pacientes con enfermedades no transmisibles, consideradas como parte de la respuesta de emergencia posterior a la explosión, mostró que el 29 por ciento de estas personas ya había interrumpido o racionado su medicación antes de la explosión.

Casi la mitad de esos pacientes mencionaron las dificultades financieras como la principal razón para esa interrupción; mientras que el 11 por ciento dijo que se debía a la escasez de medicamentos. “Cuando voy al centro de salud, a menudo me dicen que no hay medicamentos disponibles.

Desde agosto del 2020, Médicos Sin Fronteras ha intensificado sus esfuerzos para responder a la respuesta ante el COVID-19 en Líbano y apoyar al sistema nacional de salud para hacer frente a la pandemia. Ha convertido temporalmente su hospital en Bar Elias, en el Valle de Bekaa, en una instalación para tratar COVID-19 y apoya a un centro de aislamiento en Sibline, en el sur del país.

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El neumólogo Carlos Pallarolas manifestó este domingo que en Alto Paraná hay una alta ocupación en los hospitales públicos y privados a causa del aumento de casos. Destacó que actualmente ya no pueden derivar pacientes a Central o capital porque los centros asistenciales también están operando a tope.

“En terapia intensiva tenemos 30 camas disponibles, de las cuales 29 están ocupadas. En internación común tenemos 80 camas y 33 están ocupadas. Antes podíamos trasladar pacientes a Asunción, pero hoy no tenemos ese sustento y nos preocupa mucho”, dijo el profesional en una entrevista con Telefuturo.

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El neumólogo del Hospital Regional de Ciudad del Este indicó que el incremento de casos es el reflejo del relajo durante la Navidad y el Año Nuevo, además de los encuentros sociales clandestinos, donde no se respetan los protocolos sanitarios establecidos.

Pallarolas instó también a los paraguayos que regresan de sus vacaciones del Brasil a guardar cuarentena ante la situación epidemiológica del país vecino, donde también hay circulación de una nueva variante del coronavirus. Insistió en no bajar la guardia con el lavado de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento físico.

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“Los cuidados son nuestra vacuna en estos momentos y es fundamental respetar los protocolos. Estamos teniendo muchos jóvenes contagiados y presentan cuadros graves, incluso sin tener enfermedades de base, pero siempre la franja etaria más golpeada es la adulta mayor”, agregó el especialista.

La cantidad de fallecidos a causa del COVID-19 llegó a 2.495. También hay 96.687 pacientes recuperados y la cifra total de contagios alcanza 121.648 desde el brote del virus en el país, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Pública del sábado.

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España comenzó este domingo a administrar la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a las personas que ya habían recibido la primera a finales de diciembre, destinada a residentes de geriátricos y sus cuidadores.

El país europeo, uno de los más golpeados por la pandemia, prosiguió con su plan de vacunación en medio de una escalada de contagios, ante lo cual el gobierno insiste en que no está previsto un nuevo confinamiento general, solicitado por algunas regiones.

Entre los primeros en recibir la segunda dosis estuvo Leocadia Peña, una señora de 85 años en una residencia de mayores en Cataluña (noreste), según mostró la televisora catalana TV3.

Peña fue una de las personas vacunadas el 27 de diciembre, cuando España comenzó el proceso de inmunización, administrando la vacuna del laboratorio Pfizer.

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Otras seis regiones comenzaban también este domingo a colocar la segunda dosis, según informó la televisión pública TVE, mientras que el resto lo hará el lunes.

El gobierno español indicó que priorizará a las personas que necesitan la segunda dosis, ante el retraso en la entrega de las vacunas anunciado el viernes por Pfizer.

España ha administrado 768.950 dosis de vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna, por encima de los dos tercios del más de 1 millón de dosis que ha recibido hasta el momento, según los últimos datos del ministerio de Sanidad.

Pese a que España registró el viernes un récord de 40.197 contagios en 24 horas, en plena escalada de infecciones en la tercera ola, el gobierno descartó el sábado un nuevo confinamiento general.

Pese a que dijo estar abierto a permitir a las regiones adelantar su toque de queda nocturno, el gobierno del socialista Pedro Sánchez recurrirá judicialmente la decisión de Castilla y León de hacerlo unilateralmente.

Que Castilla y León haya avanzado el toque de queda a las 20:00 “infringe nítidamente la regulación” acordada entre el gobierno y las regiones, que permite que la prohibición de salir comience como muy pronto a las 22:00, señaló este domingo en un comunicado el gobierno, que anunció un recurso ante el Tribunal Supremo.

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En una entrevista publicada este domingo en el diario El País, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistió en que las regiones cuentan con “las herramientas” necesarias bajo el estado de alarma vigente para hacer frente a los contagios.

Esas restricciones incluyen los toques de queda, reducción de horarios de bares y restaurantes y cierres perimetrales de ciudades o zonas. España ha registrado más de 2,2 millones de contagios y 53.000 decesos por COVID-19.

Fuente: AFP.