El abogado Óscar Tuma, quien también integra el equipo de profesionales que responden a Stéphane Le Droumaguet, padre de la niña desaparecida Juliette, mencionó que en este momento el único exento de cualquier responsabilidad en este caso sería el padre biológico. Para el abogado, actualmente todos los que integran el seno familiar son sospechosos de lo podría haber ocurrido con la pequeña.
“El papá es la única persona sobre el cual no existe un manto de dudas en lo que ocurrió ese día, él no estaba acá”, indicó el profesional. Asimismo, mencionó que todos sin excepciones son potenciales sospechosos en el caso, atendiendo que la desaparición de la menor se dio en el entorno familiar, en un corto tiempo y sin la concurrencia de personas extrañas.
La menor fue vista la última la vez el 15 de abril en su vivienda ubicada en Emboscada.
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“Por lo menos en lo que concierne el trabajo que nosotros vamos a hacer, hasta que se esclarezca, porque se dio en el seno familiar, en un núcleo cerrado, no vinieron los extraterrestres a llevarle. Desde ese momento que se da en un ámbito familiar donde hay pocas personas, donde no hay mucho margen de horas, ni mucha gente que visitó el lugar para encontrar al culpable, todos son sospechosos.”, sentenció.
Por otra parte, Tuma mencionó que el padre de Juliette tiene todo el derecho de estar al tanto de las investigaciones y del contenido de la carpeta fiscal, a la cual aún no accedieron. “El papá pude aportar mucho, él puede decir quién está mintiendo y quién puede aportar más, además de tener todo el derecho de saber cómo va la investigación de la desaparición de su hija, eso es lo fundamental para nosotros”, ratificó.
El abogado señaló que luego de que accedan a la carpeta fiscal, que hasta ahora ya tendría cuatro tomos, podrán saber cuáles son los elementos probatorios que ya obran en la carpeta. “Tenemos mucha información, pero no sabemos si son ciertas o no”, mencionó.
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Servidores públicos, ¿pueden bloquear o no a ciudadanos en redes sociales?
Las redes sociales fueron espacio de debate sobre si un funcionario público o autoridad puede bloquear a otras cuentas de ciudadanos en las diversas plataformas. El tema ha generado posiciones contrapuestas dado que mientras algunos aseveran que esto no constituye en ninguna trasgresión a las normas, en la experiencia de otros países, la justicia ha fallado a favor de los ciudadanos.
El abogado y exdiputado Óscar Tuma fue uno de los que expresó su postura mediante su cuenta X y manifestó que existe una diferencia entre una oficial y una personal y afirmó que cuando se tratan de esta última, los dueños de la cuenta no cuentan con limitaciones a bloquear y restringir sus publicaciones a quien consideren pertinente.
“¿Cómo diferenciar una cuenta oficial de una cuenta privada? Cuenta institucional es oficial, ¿quién la gestiona? creada y operada por entidades como la Cámara de Senadores ¿Para qué se usa?, comunicar actividades, decisiones y políticas oficiales, ¿cómo se identifica? logos oficiales y elementos visuales propios de la institución”, expuso.
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Tuma ejemplificó lo que representan las cuentas oficiales e institucionales mencionando el perfil de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde se publican legislaciones, debates, opiniones de legisladores, entre otros. Posteriormente, prosiguió a detallar qué características tiene una cuenta personal o privada.
“Es creada y manejada por una persona en su capacidad individual, ¿para qué se usa? compartir opiniones personales y discusiones sobre temas que no representan una postura oficial de la institución. ¿Cómo se identifica? El contenido no representa la posición oficial de la Cámara de Senadores. Un ejemplo es una cuenta personal de una senadora donde expresa sus puntos de vista individuales y tiene control total sobre quién puede interactuar”, explicó.
Amparo constitucional
De acuerdo a la perspectiva de Óscar Tuma, no corresponde ningún acto ilegítimo o ilegal que un funcionario estatal bloquee a otros usuarios de sus redes sociales y afirmó la restricción de acceso a contenido impuesta a otro ciudadano, no amerita la intervención de la justicia mediante un amparo judicial, ya que la red social le ofrece la posibilidad de determinar con quienes quiere interactuar.
“Desde el momento en que la red social ofrece la posibilidad de bloquear, aceptar o rechazar a un seguidor, no estamos ante un acto ilegítimo y menos ilegal ya que esta conducta no contradice preceptos legales”, sostuvo y aseguró que en el caso de que una ciudadana sea bloqueada, puede seguir accediendo a información pública mediante otra vías.
“El bloqueo realizado a una ciudadana por parte de una senadora en su cuenta personal de redes sociales no constituye un acto ilegítimo ni ilegal, ni representa una lesión grave y urgente que justifique la intervención judicial excepcional del amparo”, sentenció.
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Otra perspectiva
El abogado Ezequiel Santagada por su parte, compartió lo sucedido en Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de ciudadanos que fueron bloqueados y agregó que en México la justicia resolvió algo similar ante el mismo hecho.
“Hay una diferencia entre cuentas personales oficiales y cuentas personales privadas; pero si las últimas son usadas para difundir la gestión pública o comunicar una cuestión oficial, no se puede bloquear. El 15 de marzo de 2024, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estableció eso en dos casos”, refirió el abogado a través de X.
El debate se inició a raíz del amparo constitucional promovido por la abogada Alejandra Peralta Merlo, quien fue bloqueada en redes sociales por algunos senadores. De acuerdo a la profesional del derecho, el accionar de los legisladores recae en una “censura previa”, por lo que se debe abogar por la libertad de expresión y acceso a la información pública en redes sociales.
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Betha Borba recurre a abogado tras polémica edición: ¿accionará contra fotógrafo?
La influencer y exreina de belleza Bethania Borba desató polémica por criticar públicamente la edición que realizó el fotógrafo Josué Otazú para su imagen. Se trata de una campaña que realizó la también modelo hace ya dos años para la revista Aleiram Chic, pero que se volvió a viralizar luego de que el profesional compartiera recientemente el detrás de cámara. En medio del revuelo en redes, el joven reveló que fue contactado incluso por el abogado de la famosa.
Invitado al programa Aire de Todos, de Montecarlo FM y el canal GEN, Josué Otazú se mostró sorprendido por la reacción de Bethania Borba a la publicación. Según comentó el profesional, la exreina de belleza prefirió comentar el posteo criticando públicamente su edición, “denigrando” su trabajo, antes de contactarlo personalmente.
“Luego ella me escribió al privado pidiendo que baje la publicación. Si hubiera hecho esto antes de dejar el comentario, sin ningún problema lo hubiera hecho. Todo se soluciona conversando”, expresó. Ya esta tarde, el abogado de la influencer se contactó con el profesional tras la polémica.
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Fue en este contexto que Otazú explicó que, como profesional, tiene contrato con la productora que hizo la campaña de Bethania Borba para Aleiram Chic. De ahí que la decisión de lo que pasará con el posteo de la controversial edición no recae exclusivamente en él. “Es la gente de la revista la que tiene los derechos. Ella firmó con ellos. A quien corresponde decidir eso (lo que pasará) es a la revista”, agregó.
El fotógrafo explicó que su única intención con el posteo era mostrar el despliegue que conlleva esta clase de producción y realizar un estudio acerca de lo que prefieren sus seguidores. ”Sé que el arte es subjetivo. Lo que quería es mostrar cómo hacer un estudio de marcado a la gente que me sigue. Quiero aprender qué le gusta a mi público”, añadió.
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¿Blanquita o Pandora? Insólita disputa legal por una caniche con cámara Gesell
Una insólita disputa legal ocurre en el barrio Ybycu‘i de Concepción entre dos familias por una perrita caniche, que incluso se aplicó una inédita cámara Gesell en un animal para tratar de determinar si la mascota responde al nombre de Blanquita o Pandora. El fiscal Joel Díaz Ferreira fue confirmado para seguir con esta investigación, después que el abogado denunciante presentara una recusación contra el agente, según la última novedad del caso que reportó Concepción al Día TV.
“Realmente es una situación muy simpática, yo no sabía si me estaban tomando del pelo, pero efectivamente el caso era real“, comentó el abogado Óscar Tuma, que representa a la parte denunciante, la doctora Mónica Estigarribia. “Era una disputa de una perrita caniche, ahora soy el abogado de la dueña del perrito que responde al nombre de Pandora, y tengo la seguridad de eso porque nosotros adjuntamos fotografías a la causa que no existe ninguna imputación si no estamos en un proceso de investigación previo”, explicó a través de la 650 AM.
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El caso se originó con el extravío de Pandora, hasta que su dueña vio en casa de una vecina a una perrita muy parecida, pero que se llamaba Blanquita, según su familia propietaria. Con la denuncia por apropiación, las partes presentaron todos los certificados de vacunaciones y baños, incluso declararon los veterinarios de cada bando, y el fiscal solicitó la cámara Gesell, cuyo video se viralizó y muestra a dos funcionarias fiscales encerrados con la perrita y probando llamarla con cada nombre, aunque sin resultados contundentes de si es Blanquita o Pandora. En el informe del Ministerio Público consta que la perra responde a ambos nombres.
“Tenemos pruebas donde se le ve a la perrita desde pequeña con la dueña. La perrita se escapó por varios meses, hasta que la dueña logró localizarle de nuevo al caniche, la recoge y le trae de nuevo a su casa”, explicó Tuma al medio radial. “La persona quien la adoptó momentáneamente al perro, como en muchos casos ocurre, la persona se encariñó con el animal y lógicamente reclama como suyo, documentando que le estuvo cuidando, alimentando, pero eso no le da la titularidad del animal”.
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En contrapartida, Éver Blanco, dueño de un conocido supermercado de Concepción y que es representado por el abogado Jhonny Kreuer, aseguró que tienen a esta mascota a la que nombraron Blanquita desde que la adoptaron de la calle hace casi dos años, que se había perdido en noviembre pasado, sin embargo, reapareció en la casa de la denunciante, a tres cuadras, que se mudó recientemente.
Respecto al uso de la cámara Gesell, que es un procedimiento en que se utiliza una habitación aislada para observar a las víctimas mientras brindan su testimonio, Tuma comentó: “Nosotros no sabemos si estos funcionarios que realizaron la cámara Gesell son especialistas. Se ven que llaman a la perrita y ésta tiene una reacción muy subjetiva. La cámara Gesell no tiene esa finalidad”. Mientras tanto, Blanquita o Pandora quedó en custodia de la doctora Estigarribia.
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Arnaldo Giuzzio se quedó sin defensor privado, pero sería estrategia para dilatar inicio de juicio oral
El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por cohecho pasivo agravado por mantener vínculos con el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, estará representado por el defensor público Francisco Acevedo, debido a que su abogado particular, Guillermo Duarte, renunció a seguir ejerciendo su representación legal.
Se manejan varias hipótesis sobre la renuncia de Duarte a la defensa de Giuzzio debido a que se menciona que dicha situación sería a los efectos de poder dilatar el inicio del juicio oral y público atendiendo a que el día que se llegue a querer realizar el juicio oral, Giuzzio designará a un abogado particular para que le asista y por ende la audiencia oral se tendrá que posponer nuevamente.
Ahora el tribunal de Sentencia que preside la jueza Adriana Planás deberá fijar la fecha para el inicio del juicio oral para Giuzzio.
Acusación
El 16 de agosto del 2023, los agentes del Ministerio Público, Jorge Arce y Diego Arzamendia, presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
El exministro ocupó la titularidad del Ministerio del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el presidente Mario Abdo Benítez, luego de trascender pruebas del trato que mantenía con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, hoy procesado en Brasil.
Se había comprobado cómo Giuzzio viajó en el vehículo prestado del capo-narco brasileño para ir a Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
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