El segundo del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, garantizó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2027, padecerá el mayor recorte de gastos superfluos para atender a los reclamos de los sectores médico y docente, los cuales anuncian para este setiembre movilizaciones con el fin de lograr reajustes salariales.

“Yo estoy seguro que llegaremos a un buen puerto, estoy trabajando e insistiendo al presidente de la República, Santiago Peña, y a los que manejan el Presupuesto General de la Nación, especialmente al Congreso Nacional para seguir haciendo recortes a los gastos superfluos y estoy seguro que se llevará uno de los recortes más importantes”, refirió el vicepresidente al término del acto de este viernes por los 139 años del Partido Colorado, en el Panteón de los Héroes.

Añadió también que “no se puede negar que somos el gobierno que más invirtió en salud en la historia de la república del Paraguay, hay todavía falencias, claro que sí. Le estamos dando seguimiento a los justos reclamos de los médicos y docentes y lo atenderemos de acuerdo a nuestras posibilidades”.

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El PGN 2027 fue entregado al Congreso Nacional el pasado 1 de setiembre y asciende a la suma de USD 25.751 millones (G. 166,3 billones) donde se incluyen incrementos en los sectores de salud y social en relación con el presupuesto del 2026.

Para salud se prevé un total de G. 18,2 billones para fortalecer la atención y garantizar el acceso a servicios esenciales, y se incorporan G. 6,3 billones adicionales a fin de dar respuesta a los compromisos financieros asumidos por el sistema sanitario y G. 1,7 billones más para sostener el flujo continuo de medicamentos e insumos médicos esenciales en los servicios públicos de salud.

En lo que refiere a Educación se contempla un total de G. 10,4 billones para sostener programas y acciones estratégicas del sector. Se incorporan G. 194.000 millones adicionales para docentes y horas cátedra, junto con G. 58.000 millones destinados al escalafón docente.

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“Debemos hacer recortes de la grasa que hay en el Presupuesto General de la Nación para dar respuestas a los reclamos, veremos hasta donde podemos llegar”, refirió Alliana, agregando que “el Partido Colorado y el movimiento Honor Colorado siempre escuchó los reclamos del sector docente, siempre le estamos escuchando, ya incluimos parte de sus reclamos en el presupuesto”.

No obstante, puntualizó que esos recortes “no deben realizarse atropellando y afectando el funcionamiento de otros entes como, por ejemplo, no se le puede sacar recursos a la Justicia Electoral para alquilar máquinas de votación. En uno de los proyectos de ley que presentó un parlamentario figura el recorte presupuestario para la Justicia Electoral, entonces ¿no quedamos sin elecciones? ¿Ayudará al fortalecimiento de la democracia quedarnos sin máquinas para las elecciones?”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, indicó que con la instalación de la Comisión Bicameral, que estudiará el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, se debe analizar el recorte de los gastos superfluos para destinarlos a sectores más vulnerables, como salud, y con ello dar una respuesta a la exigencia del gremio médico, que es el reajuste salarial.

“Se inicia de forma oficial el estudio de la ley más importante, cómo utilizamos los recursos del Estado para mejorar las condiciones de vida de los paraguayos. El gran desafío es disminuir el gasto superfluo, cortar la grasa, optimizar, obtener más recursos para atender la salud de todos los paraguayos, la educación, la seguridad y la infraestructura”, indicó en su rueda de prensa habitual antes del inicio de la sesión ordinaria.

El legislador mencionó que “cortar la grasa” implica cortar el gasto superfluo y que éste sea redireccionado a los servicios esenciales que tiene que prestar el Estado. “En este caso es imposible mencionar la situación de la salud, las conversaciones que están existiendo con el gremio médico y el gran desafío que tiene el Estado paraguayo de llegar a un acuerdo con ellos”, apuntó.

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Con el recorte planteado, el titular legislativo mencionó que se puede llegar a un acuerdo con el sector médico que exige un reajuste del salario piso, pasar de G. 5.000.000 a G. 8.000.000, y que hasta el momento no se pudo llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública.

“Tengo una convicción en este proceso de negociaciones, y es que tenemos que hablar el mismo idioma, es el salario médico básico. Tiene que existir un acuerdo sobre el entorno del salario médico básico y a partir de ahí, por supuesto, generar los complementos en base al mérito que tiene que ver con la formación y antigüedad de los médicos”, afirmó Latorre.

El titular de la Cámara Baja sostuvo que está de acuerdo con la necesidad de la carrera sanitaria o de una ley de la carrera médica, pero que primero se debe llegar a un acuerdo con el reajuste salarial de los médicos del sistema de salud pública.

“Esta es una conversación que en este momento ya se traslada al Parlamento, y el desafío es disminuir el gasto superfluo y utilizarlos en servicios esenciales. Por supuesto habrá intensas conversaciones con los diferentes actores gremiales. Francamente veo la predisposición de muchos parlamentarios”, sentenció.

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El proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas la reingeniería en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025 para redireccionar unos G. 304.000 millones para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) para la compra de medicamentos oncológicos finalmente no fue tratado en la Cámara de Senadores en la sesión de ayer miércoles.

El senador y líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, explicó que no existe todavía un consenso, pero ratificó su postura de que esta iniciativa debe ser tratada. “No hay todavía un consenso pleno, pero yo creo que es una ley muy buena, yo creo que tiene que tratarse en un corto periodo”, dijo en conversación con los medios de comunicación.

Sin embargo, explicó que en este momento el Incan cuenta con presupuesto suficiente para la compra de medicamentos y cumplir con sus funciones, por lo que este proyecto tiene el objetivo de paliar una falta presupuestaria para algunos meses en adelante.

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“En este momento hay 30 % de ejecución presupuestaria, el Incan tiene suficiente presupuesto para la compra de todos los medicamentos y la ejecución de su trabajo en estos momentos, y por los próximos seis meses. Este proyecto de ley es para cubrir lo que resta de ese periodo, cuando se acaben los recursos presupuestarios”, apuntó.

Por otra parte, sostuvo que para llevar adelante esta iniciativa se debe contar con el acuerdo pleno del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que se debe analizar la distribución del Presupuesto General de la Nación (PGN) ya en ejecución para el ejercicio fiscal del 2025.

“Yo creo que tienen que agotarse las instancias de estudio para que esto no genere un problema de ejecución presupuestaria en ninguna institución”, sentenció.

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Expertos del Banco Mundial señalaron que se sigue dando en nuestro país un nivel de gastos rígidos elevados que afectan a la estructura global del Presupuesto General de la Nación (PGN) recomendando a nuestras autoridades económicas que arbitren todas las medidas necesarias orientadas a su racionalización, que coadyuven a una gestión del Gobierno Nacional más eficiente cualitativa y cuantitativamente.

Todos los países de la región estuvieron expuestos a los golpes económicos y sociales ocasionados por la pandemia sanitaria, traduciéndose en la necesidad de un análisis en mayor profundidad de los indicadores incluido Paraguay, que puedan conducirnos a una reestructuración y fortalecimiento de nuestra macro y microeconomía.

La mayoría de los países vinieron realizando esfuerzos en términos de estímulo fiscal orientados a disminuir el impacto de la pandemia sobre la economía.

El proceso de racionalización debe alcanzar también al gasto público, de forma a dar un “respiro financiero” a la coyuntura desfavorable actual, realizando ajustes fiscales de forma racional y socialmente amigable.

Según analistas económicos, Paraguay estaría perdiendo alrededor del 4% de su producto interno bruto (PIB) a causa de los gastos superfluos, lo que en términos monetarios ronda los 1.600 millones de dólares, equivalente en moneda local a más de 11 billones de guaraníes, por lo que nos vendría bien hacer una reingeniería y redireccionamiento de los recursos monetarios al fortalecimiento de salud pública, calidad educativa, en investigación y desarrollo y todo lo que atañe a tecnología de la información y comunicación.

En base a la visión de dicho organismo financiero, el hecho de que estemos gastando más de lo que nuestros ingresos fiscales nos permiten, podrían atribuirse básicamente a las deficiencias estructurales en las contrataciones públicas, las transferencias que precisan de un mejor direccionamiento y las políticas de recursos humanos inadecuadas que siguen sin solución.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había publicado que el 25% de los presupuestos en salud pública se pierde muchas veces debido a una gestión inadecuada en el manejo de los recursos.

Evitemos que los empréstitos sean destinados a la cobertura de gastos rígidos o corrientes, dado que deben ser orientados a gastos de inversiones en infraestructura, evitando que el nivel actual de endeudamiento y déficit fiscal se acreciente.

Está en manos del Gobierno corregir estas deficiencias, por lo que a través de nuestros técnicos deben arbitrar las medidas primarias, realizando los cambios que sean pertinentes en la estructura del Estado y en el sistema de asignación de los recursos públicos.

Se hace necesario la puesta en vigencia de una nueva ley de compras públicas, que encierre una mayor rigurosidad en los procesos de evaluación de los proveedores y que sean lo más transparentes posible.

La revisión y actualización de la Ley de la Función Pública que permita corregir los errores de la norma actual concentrando esfuerzos en la contratación de servidores públicos en los tres poderes del Estado, en función a concursos públicos, que reúnan requisitos de meritocracia, capacidad, idoneidad y trayectoria profesional no deben tener vuelta atrás.

La reestructuración del Estado, a través de una disminución del número actual de servidores públicos, se hace harto necesaria, pues en plena era de la tecnología, a través de procesos digitales, una reingeniería global canalizado a través de la División de Organización y Métodos (O&M), de cada institución podremos llegar a los objetivos.

Cuanto antes encaremos mucho mejor, pues de esa forma el próximo gobierno podrá tener allanado el camino para encarar acciones y objetivos más sólidos orientados a una gestión eficiente y eficaz, que permitan a la ciudadanía hacerse acreedores de una mejor calidad de servicios a través de la disminución de la burocracia administrativa imperante y de la depuración de la inmensa cantidad de inútiles e ineptos que los tenemos en la función pública.