La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.

La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.

“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.

Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.

Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.

“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.

Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.

Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.

“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.

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La Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción convocó a los concejales municipales para aportar más información en el marco de los trabajos de investigación. El presidente de la comisión especial, el diputado Rodrigo Gamarra, indicó para La Nación/Nación Media que la convocatoria es para el martes 10 de junio.

“Ya le escuchamos al contralor, después vino el intendente con todo su equipo de trabajo, y ahora están citados con concejales municipales para el martes a las 7:30”, refirió el legislador. La comisión ya recibió las argumentaciones del contralor general de la República, Camilo Benítez, como solicitante de la intervención y al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, quien expuso sus argumentos en defensa a su gestión.

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Gamarra sostuvo que una vez que se finalice con las convocatorias, en este caso, con los concejales, la Comisión de Intervención evaluará todos los argumentos e informaciones para emitir un dictamen, a favor o en contra del pedido de intervención.

“Posterior a eso, si es que los colegas ya no solicitan otras reuniones u otras diligencias, probablemente la siguiente sesión podría ser para evaluar ya el dictamen, tendría que ser para el miércoles a más tardar, a no ser que se plantee otra cosa ahí, que los colegas planteen otra cosa y entre todos se decida adelantar, pero veo muy apretado”, refirió para LN.

El dictamen será elevado al pleno de la Cámara de Diputados, que deberá votar a favor o en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo.

De aprobarse, el proceso de intervención se dará en un plazo de 90 días, de constatarse las irregularidades apuntadas por la Contraloría General de la República (CGR), el pleno de la Cámara de Diputados deberá evaluar la destitución o no del intendente.

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“Me preocupa mucho cuando peligrosamente se quiere desconocer a las instituciones legalmente constituidas”, sostuvo el diputado colorado Hugo Meza, apuntando contra los concejales que fungen como aliados del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

“Los concejales se atribuyeron funciones que no les compete que es la interpretación de la Constitución Nacional. El único órgano que puede expedirse sobre una constitucionalidad o no es la Corte y no una Junta Municipal. Lo que sucedió en esa junta fue peligroso, disparatero e irresponsable“, sostuvo en una entrevista con la 1140 AM.

Como intento de salvataje a Prieto, la junta municipal de Ciudad del Este, encabezada por Sebastián Martínez, declaró “ilegal e inconstitucional” el accionar de la Contraloría General de la República en relación con la solicitud de intervención del municipio al detectarse irregularidades.

“Es una medida completamente legal y constitucional la solicitud de la Contraloría ya que es la institución encargada de velar por el control de la gestión de los recursos públicos. La Constitución Nacional es bastante clara en su artículo 165″, refirió Meza.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

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Este viernes, tortoleros intentaron robar lo que había en el interior de una lujosa camioneta que estaba estacionada en un conocido shopping de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Los mismos fueron sorprendidos por la Policía Nacional e iniciaron una persecución que terminó con la detención del conductor del rodado, pero dos lograron huir.

Según el fiscal Itálico Rienzi, el hecho se reportó en el estacionamiento de un shopping donde este rodado de la marca Kia, modelo Picanto, comenzó a moverse de un lugar a otro y llamó la atención del guardia que decidió dar aviso a la Policía Nacional.

Mientras llegaba la patrullera, se estacionó cerca de una lujosa camioneta y descendió uno de los hombres, pero ya se percataron de la presencia policial e inició la persecución. Por el camino, dos de los maleantes se lanzaron del rodado y lograron huir del sitio. Finamente, fue detenido el conductor del vehículo que aseguró ser conductor de plataformas.

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“Fue una persecución que realizó la comisaría décima ante la denuncia que realizó un guardia del centro comercial. Chocaron a siete u ocho vehículos en esta persecución y logramos incautar una chapa apócrifa y el automóvil en cuestión, cuyo conductor fue detenido”, detalló Rienzi, en entrevista con C9N.

Pidió a las personas que fueron afectadas durante la persecución que realicen la denuncia correspondientes ante cualquier comisaría. De esta forma abrieron una investigación por tentativa de hurto agravado y uso de documentos no auténticos.

Entre los fugados se presume que se encontraba el conocido tortolero Dax Dimitri Fridrikson y un efectivo policial. Estos criminales aparentemente tenían planeado usar un inhibidor de señal para hurtar objetos de la camioneta de la marca Toyota modelo Fortuner. La persecución inició en el Shopping Mariano hasta cercanías de la avenida Santa Teresa.

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