La Cámara de Apelación revocó la resolución de la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, quien había desestimado la denuncia por cobro indebido de honorarios que estaban siendo investigados a los médicos José María Meza Insfrán y Gustavo Alberto Pereira Bello, quienes son concejales de las ciudades de Luque y Limpio y, a su vez, ejercen la medicina.

Con la presente determinación judicial, los médicos seguirán siendo investigados por el mencionado hecho punible; si se encuentran indicios de hecho punible, se presentará la imputación correspondiente.

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Los camaristas mencionaron que la jueza penal de garantías debe dar trámite a la oposición prevista en el artículo 314 del Código Procesal Penal, para que la Fiscalía analice si corresponde seguir investigando o ratificarse en la desestimación.

“Es razonable la postura asumida por la Dirección Jurídica del IPS, debido a que estas personas podrían desempeñarse como docentes universitarios, pero la investigación no ha descartado aún, si existen o no otras erogaciones de emolumentos por parte del IPS, en relación con los denunciados, si desempeñan otras funciones en su calidad de médicos, y si sus horarios no colisionan con otros cargos” señala la resolución de segunda instancia.

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Un estudiante de 14 años llevó un revólver a la institución educativa donde asiste, en la ciudad de Mariano Roque Alonso y asustó a sus compañeros quienes alertaron sobre la situación a los directivos. Hoy martes, desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió intervenir el colegio y activó el protocolo para evitar que este tipo de hechos se repitan entre los estudiantes.

Según el reporte dado por la Policía Nacional, una vez que recibieron la denuncia fueron hasta el colegio y conversaron con la directora, quien manifestó que un alumno del noveno grado estaba exhibiendo un arma de fuego que tenía en su mochila. Este fue convocado por la docente quien le pidió que muestre el contenido a los agentes y se encontró el arma calibre 22.

“Se dispuso la incautación del arma y se puso a disposición del Ministerio Público. Se trata de un revólver calibre 22 milímetros cuya procedencia es Argentina. Se convocó a la madre del adolescente para ponerla al tanto del procedimiento”, confirmó el comisario Rubén Bazán, en entrevista con canal Trece.

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Desde la Dirección Departamental de Educación indicaron que se activó el protocolo de prevención ante lo ocurrido dentro de esta institución. “El comité de gestión de riesgo ya se reunió dentro del colegio y activaron los protocolos correspondientes para el control de las personas que ingresan. En este caso la directora hizo el llamado a la familia y se instaló una mesa de trabajo”, apuntó Francisco Canatta, director departamental.

Apuntó que este alumno puede ser apartado de la institución por un periodo de 10 días. “Durante ese tiempo se va a trabajar con los compañeros del aula y también con las familias. Se hace un trabajo de contención con profesionales. El caso ya está en una Unidad Fiscal y el MEC está expectante del resultado que den las autoridades del Ministerio Público para obrar en consecuencia”, puntualizó.

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El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, acompañado por una delegación del mencionado departamento, se trasladó hasta la Junta de Gobierno con el objetivo de reunirse con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, ante quien manifestaron sobre algunas adversidades que están atravesando en la comuna de Vaquería.

“Nosotros tenemos mayoría en la Junta Municipal con otro partido y elegimos al presidente de la Junta pero al intendente no se le gusta entonces cerró todo de nosotros la puerta de la Junta Municipal y los concejales liberales trajeron a dos suplentes para hacer un supuesto quórum y se reúnen en otro lado, cosa que es ilegal porque ningún concejal renunció ni salió de la Junta”, expresó el concejal Vidal Castellano.

Según manifestaron en esta reunión, el jefe comunal quien pertenece al Partido Liberal, Lorenzo Duarte, bloqueó el acceso a la sala de sesiones de la Junta, por lo que los concejales ya no pueden reunirse en dicho recinto y desempeñar su trabajo con normalidad. Por su parte, el gobernador Marcelo Soto lamentó esta situación y refirieron que esperan que con el respaldo de la Junta de Gobierno pronto se pueda restablecer la democracia en Vaquería.

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Además del jefe departamental, esta delegación estuvo compuesta por el diputado, Miguel Del Puerto, los concejales municipales del distrito de Vaquería que son el ingeniero Vidal Castellano quien también es presidente de seccional y los concejales, Cristhian Candia y César Torales.

Cabe mencionar que el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), también recibió en la fecha a un grupo de gobernadores. “Entendiendo que la doctrina del Partido Colorado es ayudar a la gente, estuvimos planificando algunos trabajos que estaremos llevando adelante con el presidente del partido. Como segundo punto, abordamos el tema de las municipales del 2026, de cómo arrancaríamos y cómo trabajaríamos”, detalló a La Nación/Nación Media, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa.

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La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) apeló la resolución judicial en la que se desestimó la denuncia penal por cobro indebido de honorarios que había sido presentada contra los médicos y concejales, Gustavo Pereira, de Limpio, y José María Meza, de la ciudad de Luque.

El abogado José González Maldonado, en representación del IPS, fue quien firmó el escrito pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la jueza Cynthia Lovera.

Ahora será un tribunal de Apelación el que estudie los argumentos del IPS y resolver si corresponde que la presente investigación siga su curso o se archive en forma definitiva.

El IPS, en calidad de víctima, se agravia por lo resuelto por el Juzgado Penal de Garantías, el cual decidió desestimar la denuncia presentada por la previsional, basándose únicamente en el informe presentado por la Universidad Católica de Asunción y en informes de la Municipalidad de Limpio y Luque, resumiendo la actuación de los funcionarios en que los mismos cuentan con cargo docente, sin embargo, argumenta que la fiscala del caso no ha agotado la investigación penal.

Igualmente, el escrito de apelación refiere que la Fiscalía no ha requerido informe al Instituto de Previsión Social respecto a los rubros en los que se hallan ejerciendo funciones los denunciados, los cuales son rubros administrativos, y no docentes.