Desde el Poder Ejecutivo anunciaron que perseguirán penalmente a todos los funcionarios que sean descubiertos robando a las arcas del Estado en medio del conflicto generado por el COVID-19.
Al respecto, el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, sostuvo que “los funcionarios que creen que esta es una oportunidad de negocio, a ellos sí le decimos que renuncien o los vamos a renunciar y no solo eso, los vamos a perseguir penalmente”.
Sin embargo, todos los supuestos hechos de corrupción que se generaron en el Gobierno fueron denunciados por la ciudadanía, incluso por legisladores, teniendo una respuesta burocrática desde la Unidad Especial Anticorrupción del Ejecutivo, que se encuentra encabezada por el ex fiscal René Fernández y que fue creada por el mandatario Mario Abdo Benítez en el 2018 con el fin de que este realice una investigación interna sobre denuncias en contra de los funcionarios de Estado.
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Salpicados por corrupción
Actualmente, los funcionarios que presentaron renuncias tras ser salpicados por hechos de corrupción son el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo y la ex presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio.
Mientras que en el Ministerio de Salud, los funcionarios que ya presentaron sus renuncias son Alcides Velázquez, ex director general de Administración y Finanzas; Pablo Lezcano, quien se desempeñaba en el cargo de director de la Unidad Operativa de Contrataciones, y Lourdes Rivaldi, quien ocupaba la Dirección General de Vigilancia Sanitaria.
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Cristina Kirchner anuncia que se presentará ante la justicia y pide prisión domiciliaria
La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentará el miércoles ante la justicia para empezar a cumplir la pena de seis años de prisión a la que fue condenada por corrupción, informó este viernes la dirigente izquierdista.
Kirchner, presidenta del Partido Justicialista y principal opositora al gobierno de Javier Milei, ha pedido cumplir la pena en prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema del país confirmó el pasado martes una condena de 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su presidencia.
Kirchner, que había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, fue además inhabilitada políticamente de por vida. La exmandataria expresó este viernes que no eludirá órdenes judiciales. “Por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py (sede de los tribunales en Buenos Aires) para estar a derecho como siempre lo he hecho”, afirmó este viernes en sus redes sociales.
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Se trata del último día del plazo fijado por la justicia. La dos veces presidenta (2007-2015) solicitó al tribunal cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, a escasos minutos del Congreso Nacional, en la capital argentina. El tribunal aún debe decidir si lo autoriza, solicita otro domicilio de detención o la envía a prisión.
La ley argentina establece que los mayores de 70 años, excepto los condenados por delitos de lesa humanidad, pueden solicitar prisión domiciliaria, pero el beneficio queda a discreción del juez de la causa.
Seguridad personal
“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó Kirchner este viernes. La exmandataria recordó que cuenta con custodia personal “de por vida” por su condición de expresidenta. “Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, dijo.
En 2022, cuando Kirchner era vicepresidenta, un sujeto se coló entre un grupo de simpatizantes que la saludaban frente a su casa y le disparó a la cabeza a corta distancia, pero las balas no salieron. “El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios”, dijo este viernes.
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El atacante y otros involucrados están siendo juzgados, pero Kircher denuncia que la justicia “no ha querido avanzar respecto a los autores intelectuales y los apoyos económicos”. La expresidenta acusa de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces de la causa, y la oposición considera su condena una proscripción.
Los tres jueces de la Corte Suprema “son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos”, denunció Kirchner frente a una multitud en Buenos Aires tras la condena.
Fuente: AFP
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Cristina Kirchner llama a seguidores a organizarse ante posible arresto
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner llamó ayer lunes a sus seguidores a organizarse ante la posibilidad de un arresto inminente, que atribuyó a una persecución judicial para proscribirla. La exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción, pero no ha sido encarcelada porque la Corte Suprema tiene pendiente resolver si acepta analizar un recurso de queja presentado por su defensa.
En medio de especulaciones de que la Corte fallará en cualquier momento en su contra, cientos de militantes peronistas se congregaron frente a la sede del Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno, cuyos dirigentes se declararon “en alerta” ante un eventual fallo adverso. “Desde el militante más raso hasta el más encumbrado tiene una inmensa responsabilidad: organizar”, dijo allí Kirchner, presidenta del partido, ante varios de los principales referentes del peronismo y con cientos de manifestantes apoyándola en la calle.
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“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes y endeudaron al país, estar presa es un certificado de dignidad”, agregó, al criticar al gobierno de Javier Milei. Kirchner, de 72 años, competirá por una banca en el populoso tercer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, donde el peronismo es fuerte. De obtener una banca tendrá inmunidad mientras dure su mandato de cuatro años.
Sin embargo, si la Corte rechaza el recurso de Kirchner, no podrá presentarse. Por ser mayor de 70 años puede pedir arresto domiciliario. Kircher calificó a la Corte como una “guardia pretoriana del poder económico” y llamó a la unidad de su espacio político. “No importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria”, dijo.
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“Hay un robo asqueroso”, dice exdiputado liberal sobre gestión de Pereira en Itapúa
El exdiputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Ortiz, lanzó duras críticas en contra del gobernador de Itapúa, Javier Pereira, a quien señala por hechos de corrupción en su administración y quien además tendría causas abiertas en el Ministerio Público por hechos punibles graves que lo vincularían con el narcotráfico y tráfico de armas.
“Nos estamos quemando los liberales con esta clase de administración, le ofrecimos a la ciudadanía algo diferente y somos peor que cualquier administración. Acá hay un robo asqueroso y no lo digo solo yo, está todo en las redes sociales, no sé qué pasa con la Fiscalía y la Contraloría”, cuestionó el exlegislador ante la 650 AM.
De acuerdo a lo que mencionó Ortiz, la empresa de la familia de Pereira es una de las proveedoras de la Gobernación. La firma se dedica al rubro de venta de plásticos y envases, no obstante presta servicios de flete a la administración departamental y esto, cuando Itapúa cuenta con camiones, por lo que en teoría, esos servicios contratados no serían necesarios.
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“Yo le pido disculpas a la ciudadanía, nosotros pedimos votos para el gobernador Pereira, y hoy puedo decir que nosotros no sabíamos que él estaba con una causa abierta por enriquecimiento ilícito, por narcotráfico, tráfico de armas y compañía, creo que nos anestesiaron en ese aspecto, de lo contrario no le íbamos a permitir llegar ni siquiera a mi casa”, aseveró.
Al mismo tiempo, cuestionó la poca difusión que se le da en la prensa de Itapúa a las irregularidades que se cometen tanto en la Gobernación como en la intendencia de Encarnación, en manos del también liberal Luis Yd. “Yo no sé si la prensa acá está anestesiada o lubricada”, refirió e indicó que existe persecuciones a quienes se animan a criticar.
“Te dicen que sos cartista, que tenés que callarte y yo no quiero ser cómplice de algo alevoso porque se está robando en la Gobernación de Itapúa, nosotros ofrecimos una administración diferente, nosotros le mentimos a la ciudadanía”, lamentó.
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Caso Prieto revela incongruencia de la oposición y medios aliados
El caso de Miguel Prieto con una administración denunciada por corrupción desde hace varios años y actualmente sacudida con escandalosas revelaciones de mala utilización del dinero público sacó la careta a muchos políticos opositores que históricamente plantean eufóricos discursos contra el despilfarro, los privilegios en la función pública y el manejo discrecional de la cosa pública, pero ante la serie de evidencias contra el intendente esteño no tuvieron empacho en querer reorientar el foco de la cuestión para protegerlo.
Miguel Prieto le arrastró, le arrastra y seguirá arrastrando a muchos políticos afines a su línea. En el discurso, los opositores odian la corrupción, pero cuando se trata del equipo, no dudan en esquivar la mirada y buscar culpables donde sea. Después de todo, la mejor defensa es el ataque.
Si tomáramos los cuestionamientos de los charlatanes de siempre de la oposición y un sector de la prensa que funge de libre, mientras no se da por enterada de decenas de denuncias contra sus sponsors, Miguel Prieto hizo todo lo que sus aliados rechazaron siempre, al menos en los micrófonos.
Estos politiqueros y sus voceros desde medios aliados tenían un amor extraordinario a la Contraloría General de la República (CGR) cuyos informes usaban sistemáticamente para respaldar denuncias de corrupción contra sus adversarios.
Frecuentemente, recorren los medios para generar temas de seguimiento de publicaciones para mantener la agenda de su prensa amiga persiguiendo exclusivamente a un sector del partido colorado.
Sin embargo, en estas semanas, cuando la lupa del ente de control dejó ver las atrocidades administrativas de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este, la Contraloría se convirtió de héroe a villano y comenzaron a orquestar una campaña de desprestigio a la institución, principalmente contra la cabeza del organismo fiscalizador.
Aquellos que frecuentemente visitaban al contralor y no desaprovechaban cámaras para posar en publicaciones de su institución como muestra de apoyo a su gestión, hoy se revelan tirando todo tipo de improperios contra su persona, menos desmentir el detallado informe de irregularidades que argumenta el pedido de intervención de los municipios del Este y de Asunción.
No estaban ni están contra la corrupción, usan el discurso anticorrupción como estrategia de persecución para dejar en desventaja a sus adversarios políticos a quienes no pueden derrotar en las urnas.
La defensa a Prieto en algunos casos de forma alevosa, otras con evasivas y otras con el silencio cómplice embarra más a la oposición y a sus medios.
En olvido quedó la narrativa de indignación contra el nepotismo, el planillerismo, las licitaciones armadas a favor de los amigos, los sobreprecios, la coima, la falta de transparencia, el curso del dinero y el uso discrecional de los fondos públicos planteados en los informes de Contraloría, investigaciones fiscales de sonados casos como el de Tía Chela y el del humilde constructor de pozo artesiano fallecido hace un mes.
Excepto unos pocos, gran parte de la oposición quedó expuesta en su incoherencia y en su hipocresía. Capaz el caso Prieto era una de las últimas chances que tenían para reivindicarse, pero con la misma infructuosidad de siempre, demostraron que solo están para el ejercicio de la charlatanería.
La ciudadanía es testigo del ridículo espectáculo que vienen haciendo. Tirotean contra algunos políticos con parientes en el Estado pese a que muchos no son ordenadores de gastos en las instituciones donde prestan servicios sus familiares.
Prieto, sin embargo, contrató a la parentela en un ente donde el paga sueldos y firma los cheques como las incorporaciones, pero los suyos no se inmutan.
No se trata de justificar la práctica de ubicar parientes en el Estado. Se trata de coherencia, objetividad e igualdad al momento de cuestionar el uso de los recursos públicos. Difícilmente los impresentables de la oposición entiendan y manifiesten posturas más justas. De hecho, privan a la ciudadanía de llegar a la verdad de todo con lo intentos de frenar una intervención que dará la luz que se requiere en ambas administraciones municipales.
Mientras los oportunistas opositores se dediquen a sus intereses meramente políticos partidarios, seguirán siendo furgón de cola de sus adversarios de siempre y sin redituarle mayores provechos a este país