El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto n.° 7196, del 4 de noviembre de 2026, por el que se designa a Pedro De Jesús Acosta como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

Acosta es un profesional con trayectoria en el sector bancario y financiero.

Ocupó cargos gerenciales en la banca matriz, desempeñándose como gerente de Operaciones y al frente de Servicios Administrativos. En el año 2004, también estuvo a cargo de la tesorería de la institución.

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Hoy miércoles, la Cámara de Senadores otorgó el acuerdo constitucional, por amplia mayoría, para que Acosta sea designado como integrante del directorio de la entidad monetaria.

De esa manera se podrá recuperar el funcionamiento del directorio con el quórum mínimo exigido para la toma de decisiones en el sistema financiero y monetario, más aún en esta situación que se da con el proceso de disolución de ueno bank.

En la misma sesión extraordinaria, decidieron que la propuesta del Poder Ejecutivo que pide el nombramiento de Raúl Vera Bogado como presidente de la banca matriz, y de Édsel González como integrante del colegiado sea girada a comisión de Asuntos Constitucionales.

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La diputada Cristina Villalba aseguró que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto aconseja la aprobación con algunas modificaciones. Aclaró que se mantuvieron los G. 163,3 billones planteados por el Ejecutivo, aunque incorporó reasignaciones para sectores prioritarios.

Entre las propuestas, mencionó un reajuste de G. 500.000 por vínculo para profesionales de la salud pública. Anunció además, que el estudio en particular del PGN 2027 en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre.

Al término de la sesión de la fecha, la diputada Villalba, quien preside la Bicameral de Presupuesto, explicó que la recomendación es aprobar en general el presupuesto que se mantiene con el monto global que envió el Ejecutivo, incluida la adenda. No obstante, señaló que el dictamen plantea algunas modificaciones en el proyecto de ley ya que se plantean reasignaciones, en las que se han priorizado a los funcionarios de blanco de las diferentes especialidades.

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“Es una es una reasignación de un monto de 500.000 guaraníes. No sé si esto va a satisfacer, pero es a la vez, un gesto de parte de la Bicameral y esto abre una posibilidad de seguir conversando, seguir trabajando todos juntos y por supuesto, es la valoración a todos los profesionales que engloba Salud Pública. Estamos hablando de un número variado de profesionales de diferentes diferentes hospitales”, explicó.

Mencionó que una de las propuesta que se plantea modificar para el presupuesto de Salud Pública es el aumento salarial de G. 500.000 a partir del mes de julio para 28.691 vínculos, en los que están incluidos bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales, sociales; todos aquellos trabajadores que no fueron incluidos dentro de la adenda.

Señaló además, que la lista de las instituciones que también contempla modificaciones en sus presupuestos incluyen al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y la Diben, que recibirá una inyección presupuestaria de G. 10.000 millones por su gran labor misional que viene realizando. La lista incluye también a Senadis y las universidades públicas, así como el Ministerio de Educación con lo que se apunta a reactivar el programa de educación indígena, mediante una inyección presupuestaria de G. 5.000 millones.

“La reasignación presupuestaria para todas las universidades públicas, incluyendo el Hospital de Clínicas, es para cubrir el crecimiento vegetativo e inversiones. En este plan presupuestario a universidades incluye la Universidad Politécnica Paraguay - Taiwán; ya que al inicio los estudiantes viajaban hasta Taiwán para estudiar, pero desde el año que viene ya comenzarán a desarrollar su plan curricular acá en el país en su sede propia en Asunción y el presupuesto es para la designación de docentes”, comentó.

Finalmente, la diputada Villalba confirmó que ya se fijó la sesión de la Cámara de Diputados para el 9 de noviembre, para las 14:00 para el estudio en particular; posterior a eso ya iría a la Cámara de Senadores.

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Las altas autoridades del Poder Ejecutivo, Santiago Peña y Pedro Alliana, convocan para el próximo 6 de noviembre a los intendentes y concejales electos de los 263 municipios a una gran jornada de unidad con el fin de coordinar acciones y proyectos para los próximos años.

“Les curse invitaciones para un gran encuentro el próximo viernes 6 de noviembre a los 263 intendentes y a los más de 2.800 concejales que fueron electos. Será una jornada que buscará unir las acciones del gobierno nacional con los gobiernos departamentales y municipales”, dijo Peña.

Sin embargo, detrás del discurso institucional de articulación de políticas públicas, la ocasión también sería utilizada por el oficialismo para blindar su capital político interno y captar nuevos adherentes colorados rumbo a los comicios internos partidarios previstos para diciembre del 2027.

“Si los intendentes entienden la visión que tenemos con Pedro Alliana y se unen a esta causa de trabajar todos juntos, el pueblo paraguayo nos va a agradecer y les vamos a demostrar por qué queremos ser autoridades electas, por qué queremos trabajar en favor del pueblo más necesitado”, refirió Peña.

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Las afirmaciones de Peña surgieron durante su jornada de gobierno en el departamento de Presidente Hayes, donde dio inicio a las obras de la nueva planta potabilizadora de Villa Hayes, que producirá 12 millones de litros de agua potable por día y beneficiará a más de 30.000 pobladores.

El oficialismo colorado apunta a retener el poder mediante la candidatura presidencial de Alliana, quien anunciará a su compañero de fórmula antes del 24 de noviembre. El segundo del Ejecutivo alegó días atrás que prefiere a un candidato con perfil técnico para su dupla, descartando totalmente al gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

De esta manera, en la puja por la candidatura para la vicepresidencia quedan el titular de Diputados, Raúl Latorre, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, quien cuenta con la bendición del presidente de la República, Santiago Peña.

“Sí es posible alguien que no sea del interior de la República, porque yo también ya represento a la gente del interior. Esto sin querer desmerecer a nadie; Cesarito es un amigo, un hermano, compañero de lucha, sabemos de su trabajo como dirigente político de Guairá, pero a mí me gustaría y también a la ciudadanía alguien con un perfil más técnico”, había sostenido Alliana.

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Estados Unidos anunció este jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.

Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esfuerzos esos conjuntos, recordó.

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Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente de derecha Abelardo de la Espriella, que venció a Petro en las últimas elecciones.

Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.

También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a poseerse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.

En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, coordinador fiscal de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.

• Fuente: AFP

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