Las modificaciones a la ley del servicio diplo­mático, impulsada por la senadora Lilian Samaniego, significará un “agujero” mul­timillonario a las arcas fis­cales.

Lo confirmó el canciller Euclides Acevedo, quien indicó que el marco crítico de la post pandemia, no per­mite hacer ese tipo de gastos a costa de la alicaída econo­mía estatal.

“Por qué tanto apuro? Así como está, esto puede oca­sionar un agujero de 35 mil millones de guaraníes. Pedi­mos continuar con una mesa de diálogo y ese diálogo se interrumpió con una pre­sentación vertiginosa del proyecto”, respondió Ace­vedo, cuando le abordaron sobre el tema.

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Con números, cuadros y otros detalles, la cancille­ría entregó al Senado los argumentos que muestran la inviabilidad legal y finan­ciera del proyecto de Lilian Samaniego.

“Inviabilidad presupues­taria en un contexto de reconstrucción post covid-19 y ante la imperiosa nece­sidad de privilegiar el gasto público en sectores como salud y educación o infraes­tructuras, para superar la actual crisis global, es impe­rativo el involucramiento del Ministerio de Hacienda así como de la Comisión Bicameral de Presupuesto, además de otras institucio­nes a los efectos de cuantifi­car el impacto de un ingreso masivo de funcionarios, de una sola vez a categorías presupuestarias superiores sin ninguna planificación en ese sentido y sin el cum­plimiento de las exigencias constitucionales y legales”, señala una parte del docu­mento de Cancillería a la cámara alta.

De acuerdo a las estimacio­nes sobre el número de bene­ficiados del proyecto Lilian, se menciona que 300 serán, ini­cialmente, los “paracaidistas” que, de la noche a la mañana, pasarán de ser hurreros de la política a flamantes “diplomá­ticos sin carrera”.

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