Se identifican más nombres de operadores del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez, que fueron financiados con jornales u honorarios de dinero proveniente del erario público mediante proyecto de “Reactivación económica poscovid” del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, gracias al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que ejecutó los fondos. Es así que se suman a la lista de privilegiados que revelamos ayer Osvaldo Ocampos Muñoz, Óscar David Gibbons e Isabelina Velázquez, candidatos del abdismo que en tiempos de campaña política cobraron plata dulce a través de ONG.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Más nombres de ope­radores políticos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez con cobro de jornales, hono­rarios, etc., fueron iden­tificados en el proyecto de “Reactivación econó­mica poscovid” del Sis­tema Nacional de For­mación y Capacitación Laboral (Sinafocal) eje­cutado por la ONG Cen­tro de Información y Recursos para el Desa­rrol lo (CIRD) con G. 6.093 millones prove­nientes del dinero de los contribuyentes.

Osvaldo Ocampos Muñoz, Óscar David Gibbons e Isa­belina Velázquez, candi­datos seccionaleros de Mariano Roque Alonso, Lambaré y Areguá, que en sus tiempos de campaña tenían asegurados sueldos en el proyecto poscovid administrado por el CIRD.

Gibbons figura con cobros de G. 4,5 millones en con­cepto de jornales. El mismo se postuló a con­vencional por la Seccio­nal 349/1 de Lambaré por la lista 3 de la chapa que encabezó Abdo Benítez en las últimas elecciones partidarias de la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR).

En fotografías difundi­das en redes sociales se lo ve también como uno de los operadores fanáticos que tuvo Rodolfo Brítez Noblia en su campaña por la concejalía municipal de Lambaré.

Cabe remarcar que Rodolfo Brítez es hijo del cuestionado exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Roberto Brí­tez Ferreira, que fue noti­cia varias veces por tener a su clan familiar en la fun­ción pública.

En el caso de Ocampos Muñoz cobró jornales de G. 3 millones en proyecto poscovid. Se candidató para miembro titular de la seccional número 3 de Mariano Roque Alonso, también como parte del equipo de Abdo Benítez y se lo ve en fotografías de campaña muy de cerca con el exprecandidato a vicepresidente por el abdismo, Juan Manuel Brunetti, y el exvice­presidente y exprecan­didato a presidente de la República Hugo Veláz­quez.

Isabelina Velázquez de González es otra que cobró honorarios de G. 4,5 millo­nes en proyecto posco­vid. Fuerte operadora del grupo Abdo en Areguá, excandidata a miembro de la seccional de su ciudad.

Los mencionados suman la lista de operadores polí­ticos identificados en las rendiciones de cuenta del proyecto. Cabe recordar que antes fueron revela­dos los nombres de Diego Barreto Zelada con cobros de honorarios de G. 6,1 millones, quien fue ope­rador político de Rodolfo Brítez en las elecciones municipales y meses des­pués apareció como con­tratado en proyecto pos­covid.

Como parte del equipo de fanáticos y operadores de la campaña abdista, bene­ficiados en proyecto pos­covid, aparecen también Dora Liz Ortega como técnica contratada con sueldo de G. 6,1 millo­nes; Lida Graciela Mon­zón, con jornales de G. 3 millones; Rossana Men­doza Balmori, con jor­nales de G. 4,5 millones; Moisés Justiniano Picci­nini, con jornales de G. 3,5 millones, y Santiago Salvador Acosta, con jor­nales de G. 3 millones.

Resalta el caso de Dora Liz Ortega, quien regis­tra fotos y posteos en redes sociales rogando votos para la exministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) Carla Baci­galupo, durante su cam­paña por la senaduría. Para enganchar a los votantes incluso ofrecía la posibi­lidad de empleo a la gente que “necesitaba trabajar”, diciéndoles que “pueden traer su currículum” de modo de ir cargando sus datos en la base de la bolsa del MTESS.

De esta forma se puede ver cómo la ONG CIRD, en cierta forma, finan­ció a los operadores del abdismo, así como tam­bién otorgó jugosos hono­rarios y jornales al clan del presidente Agustín Carrizosa, mediante un proyecto sensible como lo fue “Reactivación econó­mica poscovid”.

Es así que María Berta Rojas, pareja del presi­dente del CIRD, en total facturó G. 212 millones solo en el mencionado pro­yecto. Su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, fac­turó por un total de G. 109 millones; su hija Paola Carrizosa llevó jornales de G. 4,5 millones. Mien­tras que Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordi­nador anticorrupción del CIRD, Francisco Alcaraz, tenía honorarios de G. 4,5 millones.

Consultoras satélite a las que se encuentra vinculado el propio coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” convierte la lucha en apetitoso negocio para quien articula.

El proyecto “Más ciuda­danía, menos corrupción”, que nuclea una treintena de organizaciones “antico­rrupción”, tiene alrededor de tres selectas consulto­ras que facturan y a las que están vinculados como pres­tadores de servicios Fran­cisco Darío Alcaraz y su hijo Carlos Francisco Alcaraz.

El hijo del coordinador fue contratado como téc­nico por la ONG Conciencia Viva, que a la vez es la que factura en consultoría en el proyecto anticorrup­ción del CIRD.

Hay que mencionar que la ONG Conciencia Viva es dirigida por Romy Mabel Vaesken, quien, según docu­mentos del Ministerio de Economía, también figura como representante legal de la consultora Tabacman EAS, firma en la que tanto Carlos Alcaraz como su padre figuran como con­sultores.

Asimismo, otra cercana a Francisco Alcaraz que fue contratada en el marco del proyecto es Isabel Bení­tez Espínola, quien a su vez figura como empleadora de Alcaraz en los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), y que factura en proyecto por consulto­rías a las organizaciones sociales.