La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, dijo que para finales del presente mes de marzo se prevé la reglamentación de la reforma del transporte público en el área metropolitana, cuya finalidad es la modernización del servicio con tecnologías innovadoras y modelos de gestión sostenibles, priorizando el bienestar de los usuarios.

La ley impulsada por el gobierno de Santiago Peña fue promulgada el pasado 7 de enero y para su aplicación es necesaria la reglamentación. “Durante este mes estamos sacando el decreto reglamentario de la ley y consecuentemente ya realizaremos los llamados para la compra de la nueva flota y la licitación de la primera unidad funcional”, dijo, tras descartar la suba del precio del pasaje a pesar de la presión de los gremios de transportistas.

La reforma del transporte público apunta, mediante el fortalecimiento del sistema, a brindar a los ciudadanos un servicio más seguro, accesible y confiable, con mejores tiempos de viaje y mayor previsibilidad.

“Esto no solo se trata de una renovación de la flota, acá estamos muy comprometidos con la renovación de la infraesctrutura del departamento Central, Asunción y gran Asunción. De qué sirve tener un hermoso bus si no se tiene condiciones de rodamiento acorde, por ello es que el gobierno de Peña realiza una inversión histórica en la infraestructura urbana”, dijo Centurión a los medios de comunicación.

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La ley estipula que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte. Por otra parte, declara como imprescindible el servicio del transporte público metropolitano de pasajeros, y como tal, las empresas deben garantizar su prestación continua y regular.

Además, la normativa establece que las concesiones del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros se deberán otorgar por medio de un contrato y previa licitación pública.

Igualmente, detalla que los buses no podrán contar con más de 15 años de antigüedad, y que el contrato de prestación de servicios tendrá una duración máxima de 15 años y una mínima de 7 años, con el fin de buscar dar seguridad a los operadores para planificar inversiones y mantenimiento.

La ley impulsa la creación de un fideicomiso a ser administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para el financiamiento del servicio de transporte público y que tendrá a su cargo la administración de los siguientes recursos: billetaje electrónico, los recursos del fondo de promoción de transporte eléctrico, las multas aplicadas, la rentabilidad de las inversiones y operaciones del fiduciario, los créditos programados dentro del presupuesto del MOPC, entre otras fuentes de financiamiento.

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