El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó este martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Alta de restituir los fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Rolón había argumentado días atrás que paralizar procesos en marcha es inconstitucional, debido a que no es una figura prevista en la legislación paraguaya. Los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial que deberá expedirse sobre esta acción.
En su argumentación contra la Resolución n.° 502 de la citada cámara adoptada el pasado 4 de abril sostiene que “la resolución del Senado tiene el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en un plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada afectado, aspecto fundamental, inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional vigente”.
En su descargo ante la máxima instancia judicial hace referencia al artículo 137 de la Supremacía de la Constitución, donde se establece que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
El documento menciona al artículo 248 de la carta magna referente a la independencia del Poder Judicial. “Al hacerlo de tal manera se ha incurrido en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias, al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica”, sostiene parte de la acción de inconstitucionalidad.
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También detalla que el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El parlamentario se encuentra imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
Asimismo, sostiene que el proceso de Hernán Rivas se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. El legislador está imputado por producción y uso de documentos públicos con contenido falso por el caso de título falso presentado para acceder a cargos públicos.
Mientras que el caso de Rafael Filizzola, imputado por hechos de lesión de confianza a raíz de supuestas irregularidades en la compra de helicópteros, está en proceso de casación. Respecto al caso de Celeste Amarilla, el escrito indica que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la parlamentaria y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.
Por otra parte, requirió una medida cautelar de urgencia para suspender la reposición de fueros, ordenando la continuidad de los procesos que enfrentan los parlamentarios. “Lo que no está permitido o autorizado, le está prohibido. Si la autoridad pública ejerce un poder o una atribución no establecido legalmente, se otorga así misma una facultad extraordinaria, excede su competencia y viola, por ende, el principio de legalidad que la funda”, sostiene el documento.