El titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, dijo que una de las organizaciones no gubernamentales que más recursos del Estado recibieron es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y denunció que no presentó documentos que avalen el uso de esos fondos. La Unidad de Investigación de Nación Media publicó una serie de notas sobre un presunto esquema de repartija de honorarios con dinero público de un proyecto de reactivación económica poscovid por G. 6.093 millones.
La iniciativa fue lanzada en el 2022 por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el titular del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, cuyo clan familiar y allegados se vieron sumamente favorecidos con el festín de los recursos económicos del Estado.
El contralor acudió este lunes al Congreso Nacional, convocado por la Comisión Bicameral que preside el senador Dionisio Amarilla, para participar de la reunión conclusiva del estudio de las irregularidades detectadas en el Informe y Dictamen de la Contraloría, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. También participaron el fiscal general Emiliano Rolón y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
“Una de las oenegés que más fondos recibieron del Estado paraguayo fue esta organización CIRD, en su rendición de cuentas no presentó documentaciones respaldatorias. Como un motivo de la falta de rendición de cuentas debidamente, nosotros estamos haciendo una fiscalización especial de los fondos que fueron transferidos a esta oenegé. Se puede y se debe fiscalizar el dinero del Estado paraguayo”, manifestó Benítez.
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El objetivo marcado del proyecto fue supuestamente la “capacitación y fortalecimiento de mipymes y del Sinafocal, para promover el incremento del empleo formal y la posibilidad de que los beneficiarios puedan convertirse en profesionales”. Sin embargo, los primeros en asegurar el empleo y reactivar su economía fueron los miembros del clan Carrizosa.
Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carrizosa Bradshaw, hija del presidente de la ONG. Así también, se registran reiterados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el proyecto poscovid facturó G. 212 millones.
También se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones. El esquema también beneficia al entorno de Francisco Darío Alcaraz, coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, cuyo hijo Carlos Francisco Alcaraz fue ampliamente favorecido con varios cobros de jornales.
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