El Ministerio Público de Colombia congeló el patrimonio de algunos de los implicados en el asesinato del agente fiscal paraguayo Marcelo Pecci, registrado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú en Cartagena. La medida afecta a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, presunta financista del crimen, a la madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados como articuladores del sicariato, así como a las dos personas que marcaron los movimientos del fiscal.

Liliana Donado Sierra, titular de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), manifestó a través de un video emitido por la fiscalía colombiana que las propiedades están valoradas en más de 800 millones de pesos y se encuentran localizadas en las zonas de Rionegro Antioquia y en Bogotá.

“Fueron impuestas las medidas cautelares sobre 3 inmuebles y 2 vehículos. Estos activos estarían a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, al igual que Virgelina Hoyos Durango (madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos), quien habría prestado su nombre para ocultar algunos de los activos”, puntualizó la funcionaria colombiana.

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Asimismo, Donado Sierra detalló que los bienes serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales. “Vale recordar que en el curso del proceso penal se estableció que la señora Chacón Zúñiga al parecer habría participado junto con su pareja y cuñado (los hermanos Pérez Hoyos) en la planeación del asesinato”, indicó.

A través de un material audiovisual compartido en el transcurso de la mañana de este lunes en las cuentas oficiales del Ministerio Público colombiano, indicó que “Londoño Bedoya y Monsalve Londoño aceptaron haber vigilado y seguido a la víctima, por lo que fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión. La Fiscalía habla con resultados”.

La incriminación de Chacón Zúñiga al asesinato de Pecci se produjo mediante las declaraciones del sicario Francisco Luis Correa Galeano, quien es considerado por la Fiscalía colombiana como el articulador del asesinato, por coordinar la contratación y pagos de señaladores y sicarios. Actualmente la mujer, quien se declara inocente, conocerá el fallo del juicio sobre su participación en el crimen el próximo 7 de diciembre.

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