El ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, presentó en la mañana de este viernes, denuncias ante la Oficina de Quejas y Denuncias del Poder Judicial, contra dos funcionarios públicos que estarían ejerciendo funciones como abogados particulares, ya que en el Artículo 97 del Código de Organización Judicial, se prohíbe el ejercicio de la profesión para abogados que se desempeñen como empleados del estado, en casos concretos.

Los denunciados son la abogada Sandra Elizabeth Barrios Sánchez de Mereles, con matrícula Nº 22456 y el abogado Víctor Raúl Estigarribia Caballero, con matrícula Nº 8776.

La primera mencionada, estaba vinculada al Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN), donde se desempeñaba como directora jurídica, pero a la vez, patrocinando asuntos particulares. Estigarribia Caballero, por su parte, sigue vinculado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.

"Este segundo caso es aún más complicado, porque tiene ejercicio de la profesión como asesor de la autoridad que está al frente a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, a la par de cuestiones absolutamente particulares", mencionó Peralta.

"Nos han llegado casos concretos de denuncias sobre dos personas, donde pedimos la casación de la matricula profesional de los mismos", afirmó el ministro, en declaraciones a la prensa.

Esto significa que podría haber un conflicto de intereses. "Representando a firmas privadas o a intereses que no tienen nada que ver con la función que hoy está cumpliendo. Al ejercer el cargo público, un funcionario no puede patrocinar ningún trámite judicial, ya que puede tener influencia como ciertas amistades o lealtad a autoridades de turno a nivel institucional.", explicó el secretario ejecutivo de la Función Pública.

Manifestó además que hay documentos respaldatorios y con eso, solicitaron hoy a la Superintendencia General de Justicia que tomaran cartas en el asunto y si ellos estiman pertinente, se haga una suspensión temporal de matrícula.

"Nosotros venimos a pedir casación definitiva y desvinculación de la institución. En algunos casos entendemos que ya han sido desvinculados o han presentado renuncia, justamente ante la presunción de que este tipo de situación pudiera darse", agregó Peralta.

El hecho de que estos funcionarios hayan renunciado o se los haya apartado del cargo, no limpia el hecho de haberse desempañado paralelamente en la función pública y en cuestiones privadas ejerciendo su profesión.

"Renunciar no significa estar desvinculado de denuncias, han ejercido la profesión y quienes somos servidores públicos tenemos solamente la excepción a la doble remuneración para el ejercicio de la docencia, en un horario diferente al habitual". Asimismo, esta excepción se puede aplicar en personales de blanco (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros), mientras no haya un conflicto entre sus horarios.

El ministro Peralta, recalcó que harán un seguimiento semanal de estos y otros casos similares. "Vamos a hacer seguimiento del caso semanalmente y estamos seguros que estamos luchando contra la corrupción".

También alegó que no van a ser los únicos casos, porque siguen recibiendo denuncias, que todavía no pueden presentar sin antes cerciorarse correctamente.

"No van a ser los únicos casos, ya tenemos otras denuncias", explicó finalmente el ministro.

Actualmente, de los más de 40.000 abogados profesionales en el país, hay un registro aproximado de 15.000 desempeñándose dentro de la función pública.