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SAO PAULO.

El presidente de Brasil está rodeado por el Congreso, sus asesores y sus propios errores.

Los presidentes de las dos cámaras del Congreso de Brasil viven en modernas mansiones contiguas en Brasilia, la capital. En mayo, construyeron una puerta en la pared que divide sus jardines, para poder reunirse sin llamar la atención.

El ambiente político era febril. Un escándalo que involucraba al hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro dominaba las noticias. La preocupación sobre si el gobierno reformaría el sistema de pensiones, imposible de mantener, había ocasionado que el real, la moneda de Brasil, se depreciara a menos de 25 centavos de dólar por primera vez desde octubre.

Al parecer, la maniobra de la puerta de los jardines funcionó. El 22 de octubre, el Congreso promulgó una reforma constitucional del sistema de pensiones que le ahorrará al gobierno 800.000 millones de reales brasileños (unos 196.000 millones de dólares) durante 10 años, aproximadamente el 10 por ciento del producto interno bruto de este año. Esa medida es un gran paso para resolver dos de los principales problemas del país: una deuda pública masiva y gastos estatales que son demasiado altos y se destinan a transferencias y salarios (el real sigue siendo débil por otras razones).

Bolsonaro, un populista de derecha que ha estado en el cargo desde enero, tuvo poco que ver con la reforma. La batalla por la aprobación fue liderada por Rodrigo Maia, presidente de la Cámara Baja del Congreso, y su homólogo en el Senado, Davi Alcolumbre. Su principal aliado en el gobierno fue Paulo Guedes, el ministro de economía que apoya las políticas a favor de los mercados. El presidente, quien suele ser el principal defensor de cualquier reforma, mantuvo un perfil bajo.

Su papel de espectador es una de las muchas rarezas de su gobierno. Los brasileños eligieron al capitán retirado del Ejército, que hasta el 2017 fue un congresista poco conocido con cierta afición por los dictadores, para expresar su enojo en cuanto a la delincuencia, la corrupción y el declive económico. Aunque llegó a la presidencia proyectando la imagen de un hombre fuerte, el Congreso, sus asesores y las críticas a su comportamiento, y el de su familia, lo han acorralado. Este equilibrio de fuerzas ha contenido algunos de sus impulsos más peligrosos, al tiempo que ha permitido que mejores políticas, como la reforma a las pensiones, se aprueben. También ha frustrado el progreso en las áreas donde la mayoría de los votantes esperan verlo.

Los planes de Bolsonaro para combatir la delincuencia y la corrupción están en crisis. El desempleo es alto y el crecimiento económico sigue siendo lento. El índice de aprobación del presidente se ubica en un 35 por ciento, un nivel poco impresionante. Su agenda socialmente conservadora, que incluye flexibilizar las leyes sobre armas y frenar el “socialismo” en las escuelas, ha progresado poco, a pesar de que parece importarle más.

La manera más clara en la que Bolsonaro ha dejado su sello en Brasil es negativa. El 18 de noviembre, una agencia gubernamental informó que el ritmo de deforestación de la Amazonia había aumentado en casi un 30 por ciento de agosto del 2018 a julio del 2019, en comparación con el mismo período del año anterior. Eso significa que alcanzó su nivel más alto desde el 2008. El mandatario ha impulsado el desarrollo económico en la Amazonia y ha debilitado la aplicación de las leyes ambientales.

La división del poder en Brasilia dificulta predecir cómo se desarrollarán los próximos tres años de la presidencia de Bolsonaro. El 8 de noviembre, las autoridades excarcelaron a Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil del 2003 al 2010, dándole a la oposición de izquierda el líder que le había faltado hasta ahora. Algunos observadores se preguntan si los escándalos que rodean a los hijos de Bolsonaro, que son proclives a despotricar en contra de la democracia, ocasionarán que su presidencia llegue a un final prematuro.

Los optimistas piensan que la lucha y el caos de Brasilia no obstaculizarán las reformas, e incluso creen que podrían ayudar en ese proceso. Un miembro del equipo económico del gobierno sostiene que la preocupación de Bolsonaro por luchar en guerras culturales sirve como una “pantalla de humo” que les permite a Guedes y Maia tomar la delantera en la legislación económica. En el Congreso, hay “un consenso sin precedentes de que debemos avanzar en la agenda económica, independientemente del gobierno”, dice Maia, el líder de la Cámara Baja.

Sin embargo, es posible que ese consenso no pueda mantenerse. Este mes, Guedes propuso un trío de cambios constitucionales, incluido uno para permitir congelar el pago de los servidores públicos en medio de una emergencia fiscal. Pero no le dijo al Congreso cuál es prioritario. Una revisión del sistema de impuestos que afecta a las empresas es “necesaria”, dice Aguinaldo Ribeiro, quien está coordinando ese proceso en la Cámara Baja, “pero nadie puede ponerse de acuerdo sobre los detalles”.

Es posible que esté cambiando el estado de ánimo sobre las reformas de reducción del Estado, impulsadas por Guedes. “Nadie habla de las políticas de salud o educación”, dice Tabata Amaral, quien pertenece a un “frente parlamentario” de nuevos legisladores que se manifestaron en contra de sus partidos para votar a favor de la reforma a las pensiones. Quieren acciones para mejorar los servicios sociales.

Las medidas para combatir la corrupción se han suspendido de golpe. Bolsonaro había generado esperanzas cuando nombró como su ministro de justicia a Sergio Moro, el juez federal que lideró las investigaciones de Lava Jato, o la operación “lavado de autos”. Ese proceso ocasionó la condena de decenas de políticos y empresarios. Moro condenó a Lula, el más prominente de los acusados en el caso Lava Jato.

Pero ahora las tres ramas del gobierno están trabajando en contra de la agenda anticorrupción. Bolsonaro ha perdido el entusiasmo, tal vez porque su hijo Flávio, un senador de Río de Janeiro, es el objetivo de una investigación de lavado de dinero.

Moro ha sido afectado por las revelaciones de que, como juez, colaboró indebidamente con los fiscales. Su proyecto de ley general para combatir la delincuencia y la corrupción está atascado en un comité de la Cámara Baja. “La agenda de Moro está muerta”, dice Eduardo Cury, un legislador de San Pablo. Tampoco ayuda que, además de Flávio Bolsonaro, docenas de legisladores también estén siendo investigados.

El propio poder judicial le asestó un golpe al Lava Jato. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que los condenados debían permanecer en libertad hasta agotar sus apelaciones, una decisión que provocó la liberación de Lula. Eso amenaza las investigaciones, cuyo éxito se basa en negociaciones de condena con sospechosos que evitan la cárcel al implicar a otros malhechores. Ahora los testigos pueden postergar ir a prisión apelando sus veredictos.

“Hay poco apetito” por la agenda socialmente conservadora de Bolsonaro, dice Fernando Bezerra, el líder del gobierno en el Senado. Ante la oposición del Congreso, el presidente retiró un decreto para permitir que millones de brasileños porten armas. La legislatura también ha rechazado la destrucción de la Amazonia.

El papel más firme del Congreso se ha convertido en una de las mayores sorpresas de la sorprendente presidencia de Bolsonaro. “Por primera vez, la legislatura no es un mero apéndice del Ejecutivo”, dice Michel Temer, quien fue presidente de Brasil del 2016 al 2018. Eso ha ayudado a impulsar las reformas económicas. Pero no se puede confiar en el Congreso para detener la corrupción. Tampoco es probable que detenga las motosierras.