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La moqueca en Espírito Santo, un estado de cuatro millones de habitantes ubicado en la costa sureste de Brasil, es más ligera que el guisado de pescado de Bahía, estado con el que colinda al norte, explica un mesero enfundado en un esmoquin en la capital, Vitória. A los capixabas, nombre dado a los residentes de Espírito Santo, les gusta así. Sus playas son más pequeñas que las de Río de Janeiro, que se encuentra al sur, y sus pueblos coloniales son más parcos que los de Minas Gerais, su vecino al oeste.

Aunque antes se consideraban una señal de inferioridad, ahora más bien parecen símbolos de frugalidad. Otros estados están tan endeudados que ni siquiera pueden pagar salarios, pero las cuentas de Espírito Santo están en orden.

En gran medida, las cuentas están sanas gracias al gobernador Paulo Hartung, quien presidió el estado durante los períodos del 2003 al 2010 y del 2015 hasta el año pasado. Cuando Hartung participó en la contienda del 2014, propuso una plataforma de austeridad, pues, según decía, “el gasto va subiendo en elevador, mientras que los ingresos van por las escaleras”. Desde que asumió el cargo, se fijó como objetivo reducir el gasto un 14 por ciento. Gracias a su trabajo, en este momento Espírito Santo es un ejemplo a seguir para otros estados brasileños.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, UNA CARGA

Es legendaria la insensatez con que Brasil maneja las finanzas públicas. El número de servidores públicos del país aumentó un 60 por ciento entre 1995 y el 2016, a doce millones de trabajadores. Puesto que no es posible despedir a los empleados del sector público, ni bajarles el sueldo, se convierten en un gasto permanente a partir del momento de su contratación. Ciertas prestaciones, como los aumentos por antigüedad, pueden beneficiar incluso las pensiones de los viudos, lo que produce uno de los elementos únicos del sistema: la “promoción posmortem”. Casi el 80 por ciento del gasto del gobierno de Brasil se destina al pago de salarios y pensiones, mientras que el promedio global varía entre el 50 y el 60 por ciento.

“En vez de un Estado que presta servicios al público, tenemos un Estado que sirve al Estado”, comentó Samuel Pessôa, investigador del Instituto Brasileño de Economía en la universidad Fundação Getúlio Vargas.

En este momento, la crisis es peor en los gobiernos estatales. El déficit combinado de los veintisiete estados en el rubro de pensiones aumenta 35.000 millones de dólares cada año, más que el del gobierno federal. Este déficit se ha duplicado en un período de cinco años. Siete estados ya no tienen suficiente efectivo para pagar salarios, y doce más están a punto de llegar a esa misma situación.

REDUCCIÓN DEL ESTADO

Durante la presidencia de Dilma Rousseff, del 2011 al 2015, estados como Río de Janeiro dependieron de créditos otorgados por bancos estatales y garantizados con fondos públicos para mantener su gasto. Pero ahora, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha prometido reducir la talla del Estado. El responsable de la hacienda pública, Mansueto Almeida, estableció como condición para la reestructuración de deuda que se tomen las medidas necesarias para cumplir una ley de responsabilidad presupuestaria aprobada en el año 2000, pero de la que se hizo caso omiso durante mucho tiempo, que fija restricciones para el gasto destinado a personal.

Seguramente se preguntarán qué hizo Espírito Santo para mantener sus cuentas en números negros. Un aspecto que distingue a este estado es que comprendió la gravedad de la recesión del 2014, que se convirtió en la peor registrada en la historia de Brasil. Otros gobernadores creyeron en las promesas de Rousseff sobre una recuperación pronta.

“Subestimamos las dimensiones de la crisis”, admitió Julio Bueno, quien fungía como secretario de Hacienda de Río de Janeiro en esa época.

El producto interno bruto (PIB) de Brasil cayó un 3,8 por ciento en el 2015 y un 3,6 por ciento en el 2016. Río de Janeiro llegó a tener un déficit presupuestario de 2.770 millones de dólares. Espírito Santo concluyó ambos ejercicios con un superávit.

ESPÍRITO SANTO Y SU AUDACIA

“Los ajustes a las finanzas públicas son más parecidos a una receta para hacer un pastel”, señaló Hartung, “que a una bala de plata”.

En otras palabras, es muy fácil que todo salga mal. Además de reducir el presupuesto, incluso para los poderes legislativo y judicial, tuvo que enfrentar a los sindicatos y anunciarles desde el primer día que planeaba congelar los salarios. Con todo y que los oficiales de la policía fueron a huelga dos años más tarde y se registraron doscientos asesinatos, Hartung no dio marcha atrás.

Por último, cabe señalar que la estructura de Espírito Santo ofrecía mejores opciones para reducir los gastos. Su sistema burocrático incluye una gran proporción de empleados temporales, entre ellos, alrededor del 60 por ciento de los maestros. A diferencia de los servidores públicos, a estos empleados sí es posible despedirlos. Hartung eliminó más de 7.000 puestos, que representaban alrededor del 12 por ciento de los burócratas. En Río de Janeiro, menos del tres por ciento de los empleados públicos son temporales.

LA AUSTERIDAD HA SIDO DOLOROSA

Sergio Majeski, legislador estatal que se oponía al ajuste en las finanzas públicas, opina que los recortes al gasto dificultaron más la salida de la recesión. Sin embargo, a pesar del despido de maestros y el cierre de escuelas, Espírito Santo saltó, entre el 2013 y el 2017, del noveno al primer lugar en un examen nacional aplicado a nivel secundaria. Majeski dijo que se debió a que los estudiantes de peor aprovechamiento comenzaron a faltar a clases. Por su parte, Marco Aurélio Villela, director de una escuela pública en Vitória, indicó que eso sucedió porque los maestros con contratos a corto plazo por lo regular tienen un mejor desempeño, ya que saben que pueden ser despedidos.

El recorte de personal le permitió al estado mantener un nivel de inversión relativamente alto. Según un estudio del Departamento del Tesoro de Brasil, tres estados que establecieron límites para el gasto en salarios –Espírito Santo, Alagoas y Ceará– pudieron invertir, en promedio, 76 dólares por persona en 2018. Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul, los estados más endeudados, solo invirtieron 23 dólares por cabeza.

¿Podrían otros estados seguir el ejemplo de Espírito Santo? Es difícil si no se hacen modificaciones a las leyes federales. La reforma a las pensiones propuesta por Bolsonaro y que ahora estudia el Congreso quizá se aplique únicamente a los trabajadores federales. El Supremo Tribunal pronto decidirá si permite que los estados adeudados reduzcan los salarios y las horas de trabajo de los servidores públicos. Esa medida ayudaría, al igual que una ley que permita despedir a quienes tengan un mal desempeño durante mucho tiempo.

OPOSICIÓN A CUALQUIER RECORTE IMPOPULAR

Por desgracia, la mayoría de los políticos se opondrán a cualquier recorte impopular. Un proyecto piloto encabezado por la economista Ana Carla Abrão, de la consultora Oliver Wyman, reveló que la ciudad de São Paulo podría reducir su nómina un 30 por ciento sin despedir a nadie, solo con reducir prestaciones generales y reservarlas para los empleados con el mejor desempeño. Lamentablemente, un nuevo alcalde suspendió el proyecto en el 2018.

El año pasado, Hartung decidió no postularse para ser reelecto. Cristiane Schmidt, secretaria de Hacienda en Goiás, un estado que tiene graves problemas con su presupuesto, opinó que podría haber enviado un mensaje más positivo si hubiera participado en la contienda y la hubiera ganado. Los brasileños tienden a culpar a la corrupción por sus problemas económicos, con todo y que se pierde más dinero en su hinchada burocracia. El juez Sérgio Moro ganó reconocimiento internacional por haber dirigido la investigación Lava Jato y combatir la corrupción; en cambio, pocas personas fuera de Espírito Santo han escuchado el nombre de Paulo Hartung.

Eso podría cambiar a medida que más estados vean sus arcas vacías.