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En San Juan, Teófilo Torres estaba sentado sobre un ataúd, apoyado contra una bandera puertorriqueña. Iba vestido como Pateco, el sepulturero. De acuerdo con la leyenda popular, Pateco enterró a los muertos del huracán San Ciriaco, el cual devastó la isla en 1899. “Ya enterré a Ricky Rosselló”, comentó. “Este es el ataúd para Wanda”.

Ricardo Rosselló, el gobernador de la isla, había anunciado su renuncia el 24 de julio. En teoría, la siguiente en la fila para ocupar el cargo sería la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, aunque ella asegura que no quiere el trabajo. Luego, el 31 de julio, Rosselló nominó para su remplazo a Pedro Pierluisi, a quien le ganó en las primarias del 2016.

La renuncia de Rosselló, la cual llegó después de semanas de protestas a raíz de una filtración de mensajes de texto en los cuales el gobernador se burlaba de sus electores, ha arrinconado al territorio más grande de Estados Unidos en una crisis de sucesión. Sin embargo, en agosto el Tribunal Supremo de Justicia determinó que el juramento de Pierluisi había sido inconstitucional.

Quitar a Rosselló fue catártico, pero Puerto Rico tiene problemas más profundos. Hace años que padece de una mala gestión económica, un sector público abotargado y altos niveles de pobreza. Desde hace tiempo, la isla no ha logrado capitalizar sus múltiples activos, desde su belleza natural hasta la creatividad artística de su gente, la cual quedó en evidencia en las pancartas, los disfraces y la música de las protestas. El huracán María, el cual azotó en el 2017, empeoró la situación, pues provocó una migración masiva a Estados Unidos continental. Ahora se acerca Dorian. La deuda del gobierno, superior a 120.000 millones de dólares, incluidas las obligaciones de jubilación, es sofocante. La Junta de Supervisión que nombró Washington ha aprobado dos acuerdos para reestructurar parte de la deuda este año.

La partida de Rosselló ha centrado la atención en uno de los principales problemas de Puerto Rico. Alimentada por una maquinaria política bipartidista, la corrupción ha sido endémica durante generaciones. Los políticos de ambos lados ofrecen acuerdos convenientes a los amigos con los que hacen negocios, los cuales a su vez producen el dinero que necesitan para ser elegidos.

“En esencia, el sistema político creó una infraestructura institucional que promueve comportamientos que tarde o temprano producen corrupción”, explicó el economista José Villamil.

El 10 de julio, el FBI arrestó a seis individuos, entre ellos dos miembros del gobierno, por haber dispuesto de 15,5 millones de dólares para favorecer a empresarios. Douglas Leff, el director de la división de San Juan del FBI, le comentó a Radio Isla: “Será un verano muy atareado para nosotros”.

Una semana después, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el cual publicó en un inicio los mensajes filtrados que produjeron la caída del gobernador, informó que tres de los asociados del gobernador, Elías Sánchez, Carlos Bermúdez y Edwin Miranda, se habían beneficiado de varias maneras de su amistad con Rosselló. Los tres negaron el delito.

Pocos políticos prominentes están libres de acusaciones de corrupción. Vázquez no es la única persona que no quiere el puesto de gobernador. Varias otras se han descartado hasta que Puerto Rico tenga elecciones en el 2020. Aceptar el trabajo es un “suicidio político”, comentó Carla Minet, editora en jefe del CPI.

El nuevo gobernador tendrá que trabajar para desmantelar el sistema de clientelismo que ha crecido durante muchos años. Además de la práctica de favorecer a aliados con contratos gubernamentales, siempre que hay una transferencia de poder los políticos tienen el hábito de remplazar funcionarios de toda la maquinaria del gobierno con sus propios compinches. Esto quiere decir que hay una pérdida de experiencia cada vez.

El panorama no es sencillo. Las reformas no siempre son populares, en especial en el sector público, una cuestión espinosa para muchos puertorriqueños. Las protestas que sirvieron para sacar a Rosselló podrían volver a empezar con facilidad. Por tradición, Puerto Rico se ha dividido entre aquellos que apoyan al Estado y los que están felices de ver que la isla siga siendo un Estado libre asociado, bajo la jurisdicción estadounidense, pero sin voto en el Congreso. Sin embargo, en la actualidad, la ira hacia el gobierno ha unificado a ambas partes.

Por ahora, el humor en la isla es de entusiasmo. “La gente ya no duerme”, mencionó Gerardo Alvarado León, un reportero del periódico El Nuevo Día, quien estaba fresco después de su primera noche de sueño profundo en semanas.

No obstante, cuando se desvanezca el alboroto, los puertorriqueños tendrán que encontrar otras maneras de mantener la presión. Terminar con los tejemanejes requerirá un profundo compromiso cívico. La creatividad demostrada en las protestas servirá de mucho. Después de años de tolerar la corrupción, los puertorriqueños han decidido que ya no la aguantarán.

Necesitan líderes que piensen lo mismo.