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Después del eje del mal está “el club exclusivo de naciones hostiles”. Al menos esa fue la manera en que John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, describió el lugar de Venezuela en el mundo cuando habló al margen de una conferencia en Lima, la capital de Perú, el 6 de agosto. La cumbre, a la cual asistieron representantes de 59 países, fue convocada por el gobierno peruano con el fin de hablar sobre qué se va a hacer el “día después” de la caída del poder del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, Estados Unidos acaparó toda la atención.

El 5 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para realmente poner a Venezuela en cuarentena en términos económicos. La orden congela los bienes del gobierno venezolano. Es la medida más severa que se ha impuesto hasta la fecha, pues, a diferencia de las anteriores, está dirigida a todos los bienes y no solo a empresas específicas, como la empresa petrolera del Estado, PDVSA. Así mismo, incluye medidas secundarias contra cualquiera que haga negocios con Venezuela, y estas son las sanciones que más amenazan el gobierno de Maduro.

De acuerdo con Bolton, las empresas en todo el mundo tienen que decidir si quieren recibir “ingresos míseros” de parte de Venezuela o comerciar con Estados Unidos. La medida le permitiría a Estados Unidos arremeter en contra de cualquier empresa, país, o individuo que haga negocios con Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones similares contra terceros en Cuba desde principios de la década de 1960, pero no han contado con el apoyo de la comunidad internacional. Las medidas que están actualmente en vigor contra Venezuela son más parecidas a las impuestas contra Irán y Corea del Norte.

Las autoridades estadounidenses han perdido la paciencia con las empresas chinas y rusas que operan en Venezuela.

Les han advertido que la deuda generada por un gobierno ilegítimo venezolano (como lo consideran los estadounidenses) no será reconocida por los sucesores de Maduro, en el caso y en el momento en que dimita. En su discurso durante la conferencia, Bolton dijo que China y Rusia no deberían “redoblar una mala apuesta”.

Estados Unidos ha tenido el cuidado de aclarar que la nueva medida no aplica para la ayuda humanitaria ni las telecomunicaciones, lo cual afectaría a los venezolanos comunes. El gobierno de Maduro tildó la medida de “terrorismo económico” y prometió resistirse a los esfuerzos para sacarlo del poder y remplazarlo con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien ya es considerado presidente legítimo de Venezuela por varios países.

El régimen de Maduro y la facción de Guaidó han sostenido pláticas en Barbados, en negociaciones gestionadas por Noruega, en particular en torno a la organización de elecciones anticipadas. Maduro empezó un segundo período como presidente en enero. Estados Unidos y muchos gobiernos latinoamericanos se oponen a convocar otra elección mientras él siga en el poder, pues alegan que podría amañarla, tal como se le acusa de haberlo hecho el año pasado.

Los presentes en la conferencia de Lima, entre quienes estuvieron representantes de Guaidó, reconocen la gigantesca tarea que implica la reconstrucción del país, empezando por la empresa petrolera del Estado. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, las cuales lo convirtieron en uno de los países más ricos en América del Sur. A pesar de ello, la producción se ha desplomado a menos de un millón de barriles al día, casi dos tercios menos que en el 2000.

En junio, las Naciones Unidas estimaron que más de cuatro millones de venezolanos habían huido del país. Unos 850.000 se han mudado a Perú, la nación anfitriona de la cumbre. La crisis, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, “ha transformado a un país rico en recursos en un desastre”.