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Ciudad de Guatemala.

El concepto no pudo contra la corrupción que pretendía arrancar de raíz. El poder investido en los jueces es mayor que el de cualquier otra persona en Guatemala. Este año, la Corte Suprema rechazó la candidatura de una de las principales contendientes a la presidencia. Por el contrario, aprobó la candidatura de Sandra Torres, después de que algunos procuradores se negaron a iniciar una investigación por corrupción en su contra hasta un día después de que comenzó a gozar de inmunidad en su calidad de candidata.

El presidente actual, Jimmy Morales, no está en buenos términos con la Corte de Constitucionalidad, la cual le impidió suscribir un acuerdo propuesto para que los migrantes que busquen asilo en Estados Unidos estén obligados a solicitar asilo primero en Guatemala. Este verano se seleccionarán nuevos integrantes para la Corte Suprema y varios magistrados para la Corte de Apelaciones.

El proceso de selección es inusual. Los decanos de las facultades de Derecho de algunas universidades tienen derecho a designar a un tercio de los integrantes de las “comisiones de postulación”, encargadas de nominar candidatos a magistrados. También forman parte de tales comisiones magistrados titulares, representantes del Colegio de Abogados y Notarios y el rector de una universidad. El Congreso toma la decisión definitiva. El proceso de selección para la Corte de Constitucionalidad es distinto. El presidente, el Congreso, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, eligen a un magistrado cada uno.

El sistema se hizo constar en la Constitución en 1985 y se amplió en 1993. Se concibió con el propósito de combatir la corrupción reduciendo la influencia de los políticos y sus amigos en el Organismo Judicial. Por desgracia, no ha funcionado como se esperaba.

En el 2001, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos convenció a la universidad de que lo nominara a la Corte de Constitucionalidad. Uno de sus sucesores se percató de que podía tener una influencia todavía mayor si otorgaba muchos grados. Los agradecidos egresados controlarían el Colegio de Abogados, gracias a lo cual podrían tener injerencia en la designación de los miembros de las comisiones.

Estos incentivos han favorecido a la proliferación de facultades de Derecho. En los últimos veinticinco años, su número se ha multiplicado de cuatro a doce. Algunos astutos se dedican a financiar las campañas de los profesores que contienden para convertirse en decanos; por ejemplo, organizan fiestas para los estudiantes que, en algunos casos, participan en la selección. Algunas de estas facultades son prácticamente fantasmas. La Universidad Da Vinci, cuyo antiguo decano, Fredy Cabrera, fue candidato presidencial, tiene solo unos cuantos empleados, pero cuenta con cientos de egresados. La expectativa es que los magistrados electos conforme a este complicado proceso emitan resoluciones favorables para quienes lo manipulan, por ejemplo, en casos de derecho fiscal.

Hasta hace solo unos años, Roberto López Villatoro, un importador de zapatos deportivos conocido como el “rey del tenis”, era la persona más influyente en la selección de magistrados. En el 2009 corrieron rumores de que había comprado los votos de los representantes del Colegio de Abogados con viajes a España para cursar estudios de maestría. En el 2014 le compró un apartamento a un magistrado. López se encuentra en prisión en espera de juicio, pero eso no impide que continúe el mecenazgo catedrático.