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San Pablo.

El Presidente ha roto su principal promesa de campaña. Si había algo que los electores querían que Jair Bolsonaro hiciera cuando lo eligieron como presidente de Brasil el pasado octubre era que terminara con la corrupción. Cuando era un diputado de derecha sin cargos adicionales, sus condenas en contra de “os corruptos” le ayudaron a cobrar fama. En su primer discurso tras convertirse en presidente el 1° de enero, prometió “liberar al país del yugo de la corrupción”.

Ahora, sus planes para mantener su promesa de campaña más importante están fracasando. Eso se debe a que su gobierno parece casi tan propenso a los escándalos como el que remplazó. Uno de sus hijos, Flávio, senador de Río de Janeiro, está siendo investigado por lavado de dinero. Mensajes filtrados a Intercept, una página web de periodismo de investigación, han dañado la reputación de Sérgio Moro, el ministro de Justicia, quien está a cargo de combatir la corrupción y la delincuencia.

Los mensajes muestran que Moro colaboró de manera indebida con fiscales cuando era juez a cargo de la enorme investigación anticorrupción conocida como “Lava Jato”, la operación que condujo al encarcelamiento de más de cien empresarios y varios políticos, incluido Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente.

El ministro de Turismo está siendo investigado por designar candidatas solo de nombre en las elecciones del Congreso y los estados, esto con el fin de obtener fondos de campaña destinados a las mujeres. Bolsonaro nombró a otro de sus hijos, Eduardo, para que fuera el embajador de Brasil en Estados Unidos, agregando el nepotismo a la lista de pecados de su gobierno.

El Presidente puede atribuirse algunos éxitos, incluidos los avances en la reforma económica. Acabó con la práctica de los presidentes anteriores de dar trabajos en el Gabinete a cambio de apoyo en el Congreso. Hasta ahora, esa ha sido su única contribución a una política más limpia.

El peor momento llegó el 16 de julio, cuando Dias Toffoli, un magistrado de la Suprema Corte, suspendió la investigación de Flávio Bolsonaro. La Policía había identificado un “aumento excepcional” en su valor neto vinculado a acuerdos inmobiliarios entre el 2014 y el 2017, cuando era congresista estatal. Siete millones de reales (dos millones de dólares) pasaron sin explicación por la cuenta bancaria de su chofer, un amigo del Presidente.

Toffoli dictaminó que los fiscales necesitan el permiso de un juez para usar datos financieros recabados por la COAF, la unidad de inteligencia financiera del gobierno, y otras agencias. La Suprema Corte ha estado considerando desde el 2017 si debe o no emitir tal decisión. Tiene hasta noviembre de este año para emitirla. Toffoli actuó por su cuenta después de que los abogados de Flávio se unieron a la demanda. El dictamen arroja las investigaciones anticorrupción a un “estado de inestabilidad y confusión”, explica Silvana Batini, una fiscal de la operación Lava Jato de Río de Janeiro. También podría obstaculizar investigaciones de lavado de dinero por parte de carteles del narcotráfico.

El Presidente vio con buenos ojos la decisión de suspender el caso en contra de su hijo. A excepción de eso, no ha dicho nada sobre la corrupción. En el segundo semestre del 2018, tuiteó 68 veces sobre ese tema, según el Electronic Government Laboratory de la Universidad de Brasilia. El número de tuits disminuyó a 20 en la primera mitad de este año.

Moro, debilitado por las filtraciones, no ha dicho nada sobre la decisión de Toffoli. Una medida contra la delincuencia y la corrupción que propuso ha avanzado poco. El comité responsable de dicha medida en la cámara baja del Congreso rechazó mediante el voto de la mayoría una idea para castigar los delitos, según la cual se promulgaría una ley que estableciera como requisito que los condenados por corrupción comiencen sus sentencias si pierden sus primeras apelaciones, lo cual no siempre ocurre ahora.

Hasta el momento, los brasileños no se han dado cuenta de que el equipo de ensueño contra la corrupción les está fallando. Es cierto, el índice de aprobación del 33% de Bolsonaro a principios de julio fue el más bajo desde 1990 que cualquier presidente haya tenido seis meses después de haber llegado al cargo, según Datafolha, una encuestadora. Sin embargo, no se debe a los escándalos. Es más frecuente que los participantes señalen el impacto de una economía débil, recortes a los presupuestos universitarios y un comportamiento poco presidencial (recientemente Bolsonaro llamó a los gobernadores de los estados pobres del noreste “paraíbas” o “pueblerinos”).

Los encabezados vergonzosos no han evitado que partes de su programa sigan adelante, lo cual no fue así en la presidencia de su predecesor, Michel Temer. Mercosur, un grupo al cual pertenece Brasil, ha llegado a un acuerdo comercial en principio con la Unión Europea. Y está avanzando una reforma al sistema de pensiones.

Si va a reanudarse la lucha contra la corrupción, dicen los fiscales, tanto la Suprema Corte como el presidente tendrán que cambiar de rumbo. Los fiscales esperan que la Corte revierta la decisión de Toffoli, y que desbloquee las investigaciones sobre Flávio y otros presuntos delincuentes. El progreso dependerá en parte de a quién elija Bolsonaro para que ocupe el cargo de Raquel Dodge como fiscal general de Brasil en septiembre.

Bolsonaro se ha ido por las ramas en cuanto a si elegirá a uno de los tres candidatos propuestos por la Asociación Nacional de Fiscales. Esa práctica comenzó en el 2003 como una forma de garantizar la independencia de la política del fiscal general. La elección de Bolsonaro será “una gran prueba del compromiso del gobierno” de combatir la corrupción, explica Bruno Brandão de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental.

A pesar de sus fallas, la investigación conocida como Lava Jato dio la esperanza de que Brasil podría terminar con la cultura de impunidad que permitió que la corrupción floreciera. El interrogante ahora es si esa lucha puede superar el daño que le han infligido sus más grandes defensores.