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BOGOTÁ, CARACAS, CIUDAD DE MÉXICO, QUITO Y SAO PABLO.

Estas empresas no están preparadas para la transición energética que se avecina.

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el petróleo no solo puede traerle a un país riqueza, sino también aflicciones. A Venezuela, país que según algunos parámetros cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, por ahora solo parece traerle aflicciones. Petróleos de Venezuela alcanzó el punto más alto de su producción en 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente. En los años que siguieron, el líder izquierdista y su sucesor autoritario, Nicolás Maduro, tomaron la decisión de deshacerse del personal profesional de PDVSA, utilizar tácticas de intimidación con sus socios internacionales y saquear sus arcas. Como resultado de una amplia investigación estadounidense sobre prácticas de soborno en la empresa, hasta ahora se han presentado cargos en contra de más de veinte personas. Al frente de la petrolera se encuentra en este momento un general de brigada que no tiene ninguna experiencia en la industria petrolera. Desde enero, cuando Estados Unidos anunció que aplicaría sanciones estrictas a PDVSA, la producción se ha desplomado a su nivel más bajo per cápita desde los años veinte. Entre tanto, millones de venezolanos sufren por la escasez de alimentos y medicamentos básicos.

PDVSA es una caricatura debido a su mala administración. Sin embargo, un estudio sobre las gigantes energéticas administradas por gobiernos latinoamericanos, las cuales son responsables de alrededor del 10% de la producción global de petróleo y el 20% de las reservas comprobadas, reveló que este problema no solo aqueja a Venezuela. A cinco años de la caída de los precios del petróleo, la producción permanece a un nivel bajo en gran parte de la región, justo cuando la industria en general enfrenta cambios sin precedentes.

El auge del esquisto propició que Estados Unidos produjera 15,3 millones de barriles de petróleo al día el año pasado, casi una sexta parte de la producción global. En vista de las inquietudes que generan las emisiones de carbono y el surgimiento de los automóviles eléctricos, el temor por el punto más alto de la demanda ha remplazado la preocupación por la máxima oferta.

Esta incertidumbre le ha dado un nuevo sentido de urgencia a la vieja interrogante de cómo maximizar el valor de las reservas de crudo. En vez de abordar de frente este problema, las grandes empresas energéticas de América Latina (o, mejor dicho, los políticos encargados de ellas) se han dejado enredar de nuevo en los debates de antaño. ¿Sujetar a las empresas a presiones políticas o preservar su independencia? ¿Acoger o impedir la inversión extranjera? ¿Maximizar la eficiencia o crear empleos? ¿Subsidiar la gasolina o permitir que sus precios se desplacen según lo dicte el mercado? En general, las respuestas a estas preguntas han sido desalentadoras.

El sector público controla casi el 90% de las reservas mundiales de petróleo y gas. Para cumplir esa tarea, los gobiernos aplican estrategias muy diferentes, como ilustra el caso de América Latina. En Guyana, el petroestado más joven de la región, la producción está a punto de estallar gracias a un descubrimiento que realizó ExxonMobil en el 2015, pero el país todavía no ha creado su propia petrolera. En contraste, el monopolio del Estado llamado Pemex se fundó en México en 1938. Otros países cuentan con una combinación de empresas públicas y empresas extranjeras, que por lo regular coexisten en un ambiente de tensión. La gigante petrolera de Brasil, Petrobras, comenzó a cotizar acciones en el mercado estadounidense en el año 2000. Sus homólogas argentina y colombiana también tienen una minoría de accionistas privados. En Ecuador, el Estado controla más del 80% de la producción de petróleo. Perupetro, la empresa-reguladora peruana, supervisa las operaciones de exploración y producción de las empresas privadas. Venezuela abrió el sector petrolero en los años noventa, y en el 2006 declaró que PDVSA tendría participación mayoritaria en los campos petroleros administrados por empresas extranjeras. BP y Chevron fueron algunas de las empresas que aceptaron el esquema, mientras que ExxonMobil y ConocoPhillips decidieron hacer sus maletas.

A pesar de sus variadas estructuras corporativas, la mayoría de las gigantes petroleras latinoamericanas tienen tres problemas en común. El primero es la mala administración del efectivo durante las épocas de bonanza. En esos periodos, su error fue canalizar demasiado dinero a las arcas del gobierno e invertir muy poco en el crecimiento a futuro. En el 2013, cuando el precio del petróleo alcanzó su punto más alto en cien dólares por barril, Pemex transfirió casi la mitad de sus utilidades al gobierno mexicano. Con todo y que los precios del crudo iban en ascenso, Petrobras vio caer el precio de sus acciones, pues acumuló muchas deudas e invirtió en demasiados proyectos marginales. Cuando los precios del petróleo se fueron a pique, las petroleras de América Latina acumularon pasivos a largo plazo por más de 400.000 millones de dólares, equivalentes al 8,5% del producto interno bruto (PIB) combinado de sus países, según datos del grupo de expertos Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales. Tan solo Petrobras representó casi la mitad del total.

El segundo problema es que algunos políticos y ejecutivos han utilizado estas empresas como alcancías personales.

El tercer problema común identificado, y el más complejo de todos, es que las empresas también son susceptibles a los cambios políticos.

El mayor productor de la región ha logrado cierto avance. El año pasado, convino en pagarle a sus accionistas minoritarios 2950 millones de dólares para resolver una demanda colectiva promovida en Estados Unidos. Pedro Parente, quien asumió el cargo de director ejecutivo en el 2016, aplicó recortes a los costos, comenzó a vender activos menos redituables, reformó la política de establecimiento de precios y se propuso impulsar la producción de amplios recursos ocultos bajo miles de metros de sal debajo del lecho marino.

Pero Petrobras no deja de ser vulnerable a los cambios políticos. El año pasado, el gobierno volvió a aplicar subsidios a la gasolina para calmar a los camioneros, que estaban furiosos. Parente renunció y las acciones de Petrobras sufrieron un descalabro. Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, designó a Roberto Castello Branco, reconocido economista que había formado parte del consejo de la empresa y parecía decidido a continuar con las políticas favorables para el mercado de Parente.

La situación en México, que ocupa el segundo lugar detrás de Brasil en términos de producción regional de petróleo, parece peor. Pemex ha sido símbolo de soberanía y orgullo nacional desde que Lázaro Cárdenas expropió los campos petroleros en 1938. Puesto que el petróleo está estrechamente relacionado con la política, la estrategia cambia de un sexenio a otro. Cuando México descubrió el potencial del campo gigante Cantarell en los años setenta, el presidente José López Portillo declaró que lo único que México necesitaba hacer era “administrar la abundancia”. El auge de Cantarell tuvo el efecto contrario, pues causó una actitud complaciente, lo que redujo la inversión. El año pasado, ese campo, que producía dos millones de barriles al día en el 2014, produjo solo 80.000.

Para complicar la situación, desde hace años Pemex ha obtenido préstamos para pagar sus impuestos, por lo que ha acumulado créditos garantizados por el Estado. Por tal motivo, se ha convertido en un vehículo de deuda pública, lo que pone a México en una situación particularmente vulnerable a su precaria suerte. Pemex ya superó a Petrobras como la petrolera más endeudada del mundo; sus pasivos a largo plazo equivalen al 15% del PIB de México. El 6 de junio, Fitch Ratings cambió su calificación y perdió el grado de inversión.

Al frente de Pemex ahora se encuentra un aliado político de Andrés Manuel López Obrador, el presidente populista de México, que no tiene ninguna experiencia en la industria del petróleo o del gas. El plan era conseguir socios extranjeros para arrancar su producción, pero López Obrador congeló las subastas futuras de sitios de exploración. Con la intención de reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses de combustible, planea construir una refinería en su estado natal, Tabasco, proyecto al que asignará 8.000 millones de dólares (o más), lo que podría agravar las dificultades de Pemex en vez de aliviarlas. El secretario de Hacienda y Crédito Público de López Obrador renunció hace poco, y al parecer uno de sus motivos fue que no estaba de acuerdo con la estrategia que el presidente ha definido para Pemex. Este mes se espera el anuncio de nuevos planes para la petrolera.

En cierto sentido, el país mejor librado de América Latina ha sido Colombia. Álvaro Uribe, presidente entre el 2002 y el 2010, tomó medidas para reestructurar Ecopetrol. Algunos de los cambios que hizo fue crear un regulador independiente y cotizar el 11% de las acciones de Ecopetrol, gracias a lo cual obtuvo una infusión de capital que ayudó a la empresa a contratar mejores administradores. En el 2015, contrató los servicios de Felipe Bayón Pardo, un antiguo alto ejecutivo de la gigante petrolera británica BP, quien se convirtió en su director en el 2017. Después de la caída de los precios del petróleo a finales del 2014, Ecopetrol recortó sus gastos. Cuando los precios volvieron a aumentar, también aumentó su gasto, aunque más lentamente que en México. El problema es que las reservas de Ecopetrol van desapareciendo. Para obtener impulso, ha establecido alianzas con expertos internacionales e invertirá 500 millones de dólares en fracturación hidráulica.

Por supuesto, el éxito no está garantizado, ni en Colombia ni en ninguna otra parte.