© 2019 Economist Newspaper Ltd, Londres. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso.

Uribe, Colombia

No hay gran cosa que el gobierno pueda hacer al respecto. En su granja ubicada en Uribe, en la zona central de Colombia, Efraín Silva, un campesino de 50 años, señala un arbusto solitario de coca en su terreno. “Este lo debió haber dejado un soldado holgazán”, se ríe. El resto de las seis hectáreas en las que Silva solía cultivar la planta con la que se produce la cocaína fue destruido por el Ejército en el 2017, como parte de un convenio voluntario al que llegó con el gobierno tras el acuerdo de paz de Colombia. Orgullosamente presume los cultivos que lo han remplazado: cacao, algunos aguacates y plátanos también.

Hasta finales del 2016, Uribe era controlado en su mayor parte por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un movimiento marxista guerrillero con un negocio complementario de narcotráfico. Sus campos, eliminados de la selva a lo largo de las últimas décadas, producían mucha cocaína. Ahora la mayoría de los campesinos locales, como Silva, intentan adoptar otros cultivos después de la producción de la droga. Cuando el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con la organización, los militantes locales dejaron las armas. El gobierno, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se dispuso a pagarles a los campesinos hasta un millón de pesos colombianos (312 dólares) al mes para cultivar otra cosa.

No obstante, aunque la producción de coca ha colapsado en Uribe, en otros lugares de Colombia ha aumentado. El cultivo del 2017 fue el más grande de la historia. El 26 de junio, la Casa Blanca publicó estimados estadounidenses que mostraron que la producción de cocaína en Colombia el año pasado disminuyó solo ligeramente en comparación con ese punto álgido. Colombia proporciona el 70% de esta droga en polvo que se consume en todo el mundo.

El “desarrollo alternativo”, como se conoce a los proyectos como el que está beneficiando a Silva, difícilmente está funcionando mejor que la guerra previa más militarizada contra el narcotráfico. Para febrero, de las 99.000 familias involucradas, 41.000 no habían recibido un pago. El auge de la cocaína genera enormes problemas para Iván Duque, el presidente conservador de Colombia. El consumo de cocaína está aumentando en los países adinerados una vez más. El presidente Trump está desesperado por reducir el suministro.

En la granja de Silva, el primer cultivo legal rentable parece estar muy lejos de existir. Su terreno está al final de una larga carretera de terracería por la que pueden pasar pocos vehículos, a casi seis horas en auto de la carretera de asfalto más cercana. Cuando cultivaba coca, ese no era un problema. “Los narcos nos enseñaron a industrializarla”, dice. Procesándola con petróleo y ácido sulfúrico, podía convertir el equivalente a una hectárea de hojas de coca en un kilogramo de pasta de cocaína, que podía llevarse a la ciudad en una mochila. Los aguacates tristemente no son tan fáciles de transportar. De todas sus actividades legales, solo el ganado genera ingresos, dice Silva, porque tienen patas.

Todos los campesinos de Uribe dicen que no quieren volver a cultivar coca. No obstante, pronto los subsidios del gobierno se acabarán, y los nuevos negocios que deberían remplazar el narcotráfico apenas son viables. Silva, que cultivó coca durante 30 años, dice que preferiría que el gobierno cumpla su promesa de darle un mejor sustento. Sin embargo, de no ser así, señala, puede vender un kilo de pasta de coca a tres millones de pesos. “Esta es una prueba. Si el gobierno la reprueba, quizá debamos regresar a la coca”, dice. De manera perversa, el acuerdo de paz quizá haya impulsado el cultivo en años recientes, pues los campesinos cultivaban coca con la esperanza de que más tarde les pagaran para dejar de hacerlo.

El problema en lugares como Uribe, dice Adam Isacson, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa, es que, aunque las FARC se han desarmado, no han cambiado las condiciones que les permitieron sobrevivir durante tanto tiempo. “La coca y los grupos armados son síntomas del mismo problema”, dice. Los servicios estatales –no solo las carreteras, sino también la electricidad, el agua y todo eso– prácticamente están ausentes. Casi nadie tiene un título de propiedad de su terreno. Gran parte de la producción de coca ahora ocurre en lo profundo de los parques nacionales u otros lugares remotos. En algunas aldeas nuevas establecidas en la selva tropical, la gente usa la pasta de coca como moneda en lugar de pesos. Cuando las FARC se desarmaron, nuevos grupos armados se apoderaron rápidamente del comercio.

Para el gobierno de Duque, hay pocas opciones para reducir la producción. A Estados Unidos le gustaría rociar los cultivos desde el aire con glifosato, un herbicida. A principios de junio, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, le dijo al Senado que la aspersión “es una herramienta importante que necesitan”. Y Duque no quiere molestar más a Estados Unidos. Hablando con The Economist el mes pasado, usó la misma frase que Pompeo. Argumenta que recortar la producción de coca es la única manera de evitar que la droga financie grupos armados, los cuales afectan la frágil paz de Colombia.

No obstante, la aspersión aérea fue prohibida después de un fallo por parte del tribunal constitucional en el 2015 debido a preocupaciones de que cause cáncer. El gobierno quizá pueda convencer al tribunal de que puede rociar de manera segura, cumpliendo con su fallo. Pero esa es una estrategia peligrosa, dice Isabel Pereira, de Dejusticia, un grupo de expertos. Aunque el tribunal permita algo de aspersión, el gobierno aún podría ser responsable de daños. Para reducir la producción por el equivalente de una hectárea, deben rociarse 32, con un costo de hasta 25.000 dólares. Pereira cree que lo mejor es enfocarse en reducir la violencia, no los cultivos de coca. Naciones como los Países Bajos producen muchas drogas ilegales sin sufrir insurgencias. Sin embargo, dice, es más fácil que los políticos tengan de su lado la opinión pública si van tras los campesinos de la coca.

Puesto que parece poco probable que haya un cambio de parecer respecto de la prohibición de narcóticos, el gobierno en cambio recurrirá a una erradicación más manual, y enviará a soldados en helicópteros para destruir cultivos mientras otros retienen a los campesinos. El número de equipos que están llevando a cabo esta misión ya ha aumentado; eran 23 cuando se hizo del cargo el año pasado y ahora son más de cien, señala Duque. De acuerdo con Lilian Olarte Aranda, otra ex productora de coca en Uribe, cuando la erradicación manual se usó ahí era “como una guerra entre campesinos y el Ejército”. Parece que la guerra podría regresar pronto.