OAXACA
El candidato presidencial puntero ha prometido revocar la ley.
En 1918, México se convirtió en uno de los primeros países del mundo en establecer una jornada festiva para celebrar el Día del Maestro. El centenario de esta declaración, el 15 de mayo, tuvo un carácter político. Enrique Peña Nieto, el presidente sin opción de reelegirse, pronunció un discurso en una celebración oficial. Mientras tanto, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un estridente sindicato de maestros, tomaron las calles. Protestaban contra la reforma educativa que Peña Nieto firmó en el 2013, cuyos efectos ahora sienten tanto los estudiantes a los que esperaba ayudar como los sindicatos que trató de debilitar.
Las campañas para las elecciones presidenciales de México, que se realizarán el 1 de julio, se han concentrado en el crimen y la corrupción. Pero el mayor problema en la boleta es posiblemente el destino de las reformas estructurales que Peña Nieto y sus aliados legislativos aprobaron en once áreas de la política. Los asesores del presidente promocionan su ley de educación como la más popular de todas.
Sin embargo, bien podría ser la primera en caer. Aunque el sindicato nacional de docentes, el SNTE, respalda formalmente la reforma, la CNTE, la rama militante fuerte en cuatro estados pobres del sur, tiene la intención de revertirla. Sus miembros planean una huelga “indefinida” que comenzó el 4 de junio y afectaría a 13.000 escuelas. El último debate presidencial, programado para el 12 de junio, se centrará en la educación. Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda que es el gran favorito para ganar, seguramente reiterará su deseo de eliminar la ley.
México puede venerar a sus maestros, pero eso parece no haberse traducido en aprendizaje. Según los estándares mundiales, el sistema educativo del país tiene un desempeño deficiente. Los puntajes de los estudiantes mexicanos de 15 años en el examen PISA, que mide la competencia en ciencias, lectura y matemáticas, van muy por detrás de países europeos como Bulgaria y Rumania, que gastan en educación cantidades similares por estudiante. Incluso dentro de América Latina, sus puntajes son solo ligeramente mejores que los de Colombia, cuyo presupuesto por estudiante es un 45 por ciento más bajo.
APRENDIENDO A LA MALA
Dado el histórico dominio total del SNTE en las escuelas mexicanas, es sorprendente que al país no le esté yendo aún peor. Antes del 2013, el sindicato tenía una mayoría de asientos en las “comisiones de contratación”, lo que le permitía controlar quién ingresaba a la profesión. Los maestros no enfrentaban revisiones de desempeño y no podían ser despedidos. Podían transferir su puesto a quien quisieran: anuncios clasificados en periódicos a menudo ofrecían a la venta trabajos de enseñanza. El gobierno ni siquiera tenía datos sobre a cuántos instructores pagaba. En el 2014, un censo de docentes encontró que 300.000 beneficiarios (cuyos salarios estimados representaban el diez por ciento del presupuesto federal de educación) se habían marchado, estaban muertos o nunca habían existido.
Durante décadas, el SNTE utilizó su influencia para preservar este sistema. Sus 1,5 millones de miembros tendían a votar al unísono, y persuadían a los padres a que hicieran lo mismo. Un estudio encontró que los candidatos que el SNTE respaldaba recibían un aumento del dos por ciento de votación en las casillas situadas en escuelas. El apoyo del SNTE al vencedor rival de López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006 pudo haber sido decisivo.
Peña Nieto, sin embargo, ha cambiado las cosas. En el 2013, los fiscales arrestaron a Elba Esther Gordillo, la jefa del SNTE, por cargos de malversación de fondos. Aunque niega haber cometido algún delito y espera juicio bajo arresto domiciliario, la demostración de fuerza puede haber alentado al SNTE a respaldar la reforma.
La ley instruyó al gobierno federal a pagar directamente a los maestros, lo que impidió que los sindicatos manejaran sus cheques de nómina. También requirió que los candidatos a puestos y ascensos fueran sometidos a un examen escrito sobre las materias académicas y los métodos de enseñanza. Algunos estados, como Puebla, ahora organizan eventos públicos para anunciar qué candidatos obtuvieron los mayores puntajes. Sobre esta base, ya se ha ascendido a dos mil personas al puesto de director. Peña Nieto quiere lanzar una plataforma similar en todo el país.
Es demasiado pronto para evaluar la efectividad de la reforma. Los próximos resultados de PISA no se verán hasta el 2019. Incluso si las políticas funcionan, es posible que los resultados de los exámenes no mejoren. Pasará una década antes de que los estudiantes que hagan ese examen hayan sido alumnos principalmente de docentes contratados por mérito.
En esta etapa, el único punto de referencia creíble es el ritmo al que se han implementado las reformas. Ha sido relativamente lento. En parte, eso se debe a los compromisos a los que Peña Nieto llegó para ganarse el apoyo del SNTE. Por ejemplo, los docentes contratados antes del 2013 todavía disfrutan de un empleo de por vida, aunque pueden ser trasladados a puestos administrativos. Nadie ha sido despedido por reprobar una evaluación o por faltar al trabajo tres días seguidos. Los maestros fantasma permanecen en la nómina, aunque en una cantidad menor. Solo un tercio de los nuevos profesores participa en un esquema de tutoría.
La reforma también se ha visto obstaculizada por una oposición feroz. Los miembros de la CNTE están boicoteando las evaluaciones y se niegan a aplicar las pruebas a sus estudiantes, a veces bajo amenazas de atemorizantes golpeadores sindicales. En Oaxaca, las huelgas han interrumpido todos los años escolares al menos una vez desde 1994. El grupo de alumnos que ingresó en el 2012 perdió casi un año de clases de los seis que dura la educación primaria. A pesar de las sentencias de la Suprema Corte de que el derecho de huelga de un maestro no prevalece sobre el derecho del niño a aprender, los funcionarios no se han atrevido a despedirlos. Tienen motivos para temer las consecuencias: en el 2016 ocho manifestantes de la CNTE murieron cuando la policía intentó despejar una carretera que estaban bloqueando.
La mayor amenaza para la reforma, sin embargo, proviene de López Obrador. Liderando las encuestas con hasta 25 puntos porcentuales, el 13 de mayo prometió que “la llamada reforma educativa será cancelada”. También exigió justicia para los “presos políticos”, como los dirigentes sindicales encarcelados por corrupción se autodenominan. Argumenta que la ley es una puerta de entrada a la privatización escolar y que los estados pobres como Oaxaca no deberían estar sujetos a estándares nacionales.
El mejor motivo de esperanza para los reformistas es la división entre los sindicatos. El SNTE, el más grande de los dos, ha puesto su suerte en las nuevas políticas, y puede estar poco dispuesto a cambiar el rumbo. La mejor situación posible para los partidarios de la ley es que López Obrador esté prometiendo la revocación solo para ganar votos, y se limite a maquillar la reforma una vez en el cargo. Eso desataría una nueva ola de furia de la CNTE. Pero también podría dar a la ley tiempo suficiente para asentarse y volverse políticamente sacrosanta para las elecciones presidenciales del 2024.