• CIUDAD DE MÉXICO

Cuando la campaña electoral para las elecciones generales de México comience oficialmente el 30 de marzo, Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda, será el claro favorito para la presidencia. Sus dos rivales más importantes son políticos moderados, pero no por eso su rivalidad es menos amarga. Uno está respaldado por el gobierno. El otro está sintiendo la presión del procurador federal. Para muchos mexicanos, esto huele a sesgo político. También aumenta las posibilidades de que López Obrador gane la presidencia, una perspectiva que aterroriza a los mercados y pone en riesgo las reformas económicas.

El 21 de febrero, la oficina de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que estaba investigando un negocio inmobiliario que involucraba a Ricardo Anaya, el cerebral candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), de centroderecha. Esto ha sacudido a una campaña en la que los principales problemas son el crimen y la corrupción.

Pocos votantes piensan que José Antonio Meade, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido gobernante, sea el mejor candidato para enfrentar estos males. Nadie ha acusado a Meade, un tecnócrata que ha sido secretario de Economía y de Relaciones Exteriores, de actuar mal. Pero los votantes consideran que el PRI y el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, son cómplices del desorden. El crimen ha aumentado. El gobierno de Peña ha sido acusado de corrupción. En febrero, el auditor público dijo que 1300 millones de pesos (71 millones de dólares) de dinero del erario habían desaparecido de dos secretarías administradas por Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La reputación personal de Peña se dañó en 2014 cuando se informó que su esposa había adquirido una casa con la ayuda de un hombre de negocios que tenía contratos con el gobierno.

López Obrador (a menudo llamado AMLO) y Anaya tienen argumentos contrastantes con los cuales se presentan como los candidatos de un gobierno limpio. El ex alcalde izquierdista de la Ciudad de México tiene una carrera de décadas de reclamos contra las élites corruptas y promesas de reencauzar a México a través de la fuerza de su rectitud. Aunque los presidentes ocupan el cargo por un solo periodo de seis años, López Obrador dice que cada dos años los mexicanos tendrán la oportunidad de expulsarlo de su cargo, mediante un referéndum. Anaya tiene una sugerencia más modesta para establecer el imperio de la ley. Dice que haría que las instituciones, tales como la PGR, sean más independientes. Es el único de los tres candidatos principales que enfatiza esto.

El escándalo patrimonial que rodea a Anaya tiene el doble efecto de enfatizar dramáticamente la necesidad de la reforma institucional que defiende, al tiempo que hace menos probable que él llegue a estar en posición de liderarla.

Este escándalo gira en torno a la compra de un terreno en el 2014 por una empresa propiedad de Anaya y su familia, en su estado natal, Querétaro. La empresa pagó 815.000 dólares por el terreno, construyó una nave industrial en él y la vendió dos años después por 2,5 millones de dólares. La investigación y la cobertura de la misma por parte de la prensa han planteado interrogantes sobre la probidad de las personas con las que trató la empresa de Anaya, sobre el monto de la ganancia que obtuvo y sobre los impuestos que pagó. Anaya insiste en que está libre de culpa en todos los aspectos.

Independientemente de si la defensa de Anaya se sostiene o no, la conducción del caso genera dudas sobre la independencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y su relación con el PRI. La oficina de Elías Beltrán publicó en su cuenta de Twitter imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía a Anaya y a su séquito visitando sus instalaciones. Eso no tiene precedentes y fue ilegal, dice Armando Santacruz, de la organización no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia. La PGR emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba falsamente que Anaya se había negado a ofrecer una "declaración ministerial", una declaración de un inculpado en respuesta a una investigación preliminar. La comisión electoral ordenó al procurador que retirara el video y el comunicado de prensa.

A los mexicanos menos partidistas les preocupa que Elías Beltrán, quien recibió su título de abogado en 2011, actúe como un agente político. Contrastan sus investigaciones contra Anaya con su aparente indulgencia hacia los miembros del PRI bajo sospecha de corrupción. El 14 de marzo, Elías Beltrán decidió no presentar cargos por lavado de dinero y fraude fiscal contra César Duarte, ex gobernador del PRI en Chihuahua. Los fiscales del estado (ahora gobernado por el partido de Anaya) siguen persiguiendo a Duarte, quien se encuentra fugitivo, por supuestamente desviar miles de millones de pesos de dinero público.

En diciembre de 2016, ejecutivos de Odebrecht, la firma constructora brasileña que está en el centro de muchos escándalos en América Latina, afirmaron haber pagado sobornos por un valor de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, amigo íntimo de Peña y asesor de su campaña presidencial en el 2012, que acabaría convirtiéndose en director general de Pemex, la empresa petrolera estatal. Elías Beltrán despidió al investigador el año pasado, supuestamente por divulgar de manera ilegal información sobre las pesquisas. Este mes, un juez federal suspendió indefinidamente la investigación.

Todo esto sugiere que la PGR aún no ha alcanzado la independencia y la talla que se supone que debe tener como parte de un nuevo "sistema anticorrupción" creado por Peña. Este mes, 56 intelectuales y activistas publicaron una carta acusando al gobierno de politizar las instituciones para ayudar a la candidatura de Meade. Algunos activistas anticorrupción dicen que el PRI está tratando de ayudar a López Obrador, supuestamente porque teme que, como presidente, Anaya reprima más duramente la corrupción.

Los partidarios de Anaya temen presenciar una repetición de las elecciones del Estado de México en junio pasado. Dos meses antes de los comicios, el predecesor de Elías Beltrán acusó a miembros de la familia de la candidata del PAN de lavado de dinero. Al final, el procurador no presentó cargos. Pero las acusaciones ayudaron al PRI a ganarse a los votantes que se oponían a la candidata del partido de López Obrador, Morena. El PRI ganó por tres puntos porcentuales.

Esta vez, es probable que el beneficiario sea López Obrador. Su ventaja se ha ampliado desde que Elías Beltrán lanzó su investigación sobre el contrato inmobiliario, en febrero. Supera tanto a Anaya como a Meade por más de 15 puntos porcentuales, según el seguimiento de encuestas de Bloomberg. Hay otras razones para su ascendencia. Los mexicanos no recuerdan con mayor afecto a los anteriores gobiernos del PAN que a los del PRI. Solo López Obrador representa una ruptura con el pasado. Una elección con una sola ronda le da una ventaja sobre los rivales que se disputan el voto anti-AMLO.

Sin el escándalo inmobiliario, habría sido más probable que ese voto se consolidara en torno a Anaya. La intervención del procurador general se ha traducido en que él y Meade se hayan igualado, sin ser una amenaza para López Obrador. Anaya y Meade deberían tener un debate de dos hombres, sugirió con descaro el populista. Obviamente está disfrutando del espectáculo.