"Ni corrupto ni ladrón" fue el lema con el que Jimmy Morales, un comediante que apenas había incursionado en la política, ganó las elecciones presidenciales de Guatemala en octubre del 2015. Es evidente el atractivo de esta frase, y de esa biografía, para los electores. Las elecciones se celebraron justo después del encarcelamiento del presidente y el vicepresidente del país, acusados de haber planeado un esquema de defraudación aduanera. Se divulgó que no fue el único caso de fraude en el que presuntamente estuvieron envueltos. La investigación que los llevó a la ruina se realizó tras meses de protestas de decenas de miles de guatemaltecos y estuvo a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano respaldado por las Naciones Unidas, y la fiscala general de Guatemala.
Morales les falló. La CICIG investiga denuncias que afirman que el partido de Morales aceptó donativos ilícitos, incluso de traficantes de drogas. Ya solicitó al congreso que le retire la inmunidad. En respuesta, Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, quien preside la comisión, e intentó expulsarlo del país. La Corte de Constitucionalidad canceló esa orden, pero el daño ya está hecho. Morales se convirtió en enemigo de la institución en la que más confían los guatemaltecos, lo cual ha dañado su presidencia.
También es motivo de preocupación en el exterior. Guatemala es uno de los dos países latinoamericanos en los que la lucha contra la corrupción ha tenido gran éxito. El otro es Brasil, donde los fiscales han presentado cargos en contra de muchos políticos, incluido el presidente Michel Temer, como parte las amplias investigaciones sobre la operación Lava Jato. Por toda la región, los sistemas judiciales están en entredicho pues se reveló que la constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra al centro de la operación Lava Jato, sobornó a funcionarios de varios países. Los ciudadanos de todos ellos quieren que se establezca un sistema de rendición de cuentas como el que la CICIG llevó a Guatemala. Si Morales logra acabar con ella, sentará un precedente para los presidentes que están tentados a bloquear el trabajo de quienes luchan contra la corrupción. Temer afirma que quienes lo acusan han "sembrado el desorden". En México, algunos partidarios del gobierno han impedido la designación de un nuevo fiscal anticorrupción.
Los defensores de Morales argumentan que la comisión ha actuado por encima de las facultades de su mandato y ha afectado las inversiones porque investiga a algunos empresarios. Según dicen, un órgano extranjero no tiene por qué aplicar las leyes en Guatemala. Ninguna de estas objeciones tiene fundamento. Conforme al convenio de las Naciones Unidas con el gobierno, la CICIG tiene facultades para apoyar en persecuciones penales por delitos cometidos por "cuerpos ilegales de seguridad", término que en Guatemala se refiere a hermandades de políticos, empresas y grupos del crimen organizado. Una economía libre de corrupción obtendrá más inversiones, no menos. Morales renovó el mandato de la CICIG y había respaldado la labor del organismo, hasta que se sintió amenazado.
De acuerdo con los críticos, sería mejor que los propios tribunales y la policía de Guatemala hicieran valer las leyes. Tienen razón, pero parte del mandato de la CICIG incluye fortalecer a esas instituciones. Ha colaborado en la capacitación de la policía y la creación de tribunales especializados en el crimen organizado. En tanto maduran esas instituciones, todavía se necesitará la segunda solución más adecuada para Guatemala. El país vecino, Honduras, ha adoptado una versión de esta comisión que cuenta con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos.
Por ahora la CICIG requiere gran apoyo, tanto dentro de Guatemala como del exterior. Morales debería cancelar la orden de expulsión y cooperar por completo con la comisión. El sector privado debería defender a Velásquez, en vez de limitarse a emitir mensajes tímidos de apoyo a la lucha en contra de la corrupción. El gobierno estadounidense ha sido firme, pero podría hacer más. Aporta cada año casi 150 millones de dólares de ayuda a Guatemala, una parte a condición de que haya avances en la lucha contra la corrupción. Debería dejar muy claro que la guerra que declaró Morales en contra de la CICIG pone en riesgo ese dinero. Los demás presidentes latinoamericanos estarán atentos.