De The Economist

Tres ataques yihadistas en Gran Bretaña en igual número de meses ha llevado a un torrente de sugerencias sobre cómo combatir el terrorismo, desde más policías hasta sentencias carcelarias más severas y nuevos poderes legales.

Sin embargo, una idea ha cobrado impulso tanto en Europa como en Estados Unidos: que las compañías de internet están haciéndoles el trabajo a los yihadistas. Gigantes de la tecnología como Google y Facebook son acusados de hacerse de la vista gorda ante la propaganda violenta en línea y otras plataformas son acusadas de permitir que los terroristas se comuniquen entre sí fuera del alcance de los servicios de espionaje.

Es solo la más reciente de ese tipo de denuncias. Las compañías de tecnología también han sido condenadas por permitir la propagación de noticias falsas y albergar a los pendencieros, racistas y provocadores en la búsqueda de ganancias económicas. En el pasado, se les acusó de permitir que las personas evadieran los derechos de autor y de albergar pornografía infantil.

En todas estas áreas, los políticos están demandando que los gigantes de la tecnología asuman la responsabilidad por lo que aparece en sus redes. Dentro de ciertos límites, tienen razón.

En el tiempo en que han existido las redes de datos, la gente las ha aprovechado para causar daño. En 1834, el sistema telegráfico francés fue subvertido en una estafa de transacción de bonos que tuvo lugar sin ser detectada durante dos años. Personas desconocidas por el interlocutor realizaban estafas por teléfono. El internet, con miles de millones de usuarios y un poder de procesamiento ilimitado, es la red más poderosa de todas. Estaba destinada a convertirse en el centro de atención de los delincuentes.

Eso no significa que debiera ser abrumada por la burocracia. La apertura en línea es especialmente valiosa porque permite la innovación "sin pedir permiso". Cualquiera puede publicar un artículo, subir un video o distribuir software a una audiencia mundial. La libertad de las responsabilidades que abruman a otras compañías de medios ha servido como un estímulo para una industria naciente.

Sin embargo, los días en que las compañías de tecnología necesitaban apoyo terminaron hace tiempo. En la última década, se han vuelto las compañías más valiosas del mundo. A medida que sus servicios han penetrado profundamente en todos los aspectos de la vida cotidiana, la actividad en línea ha acumulado más potencial para causar daño fuera de internet. Por cada Spotify hay un Wannacry.

Las compañías de tecnologías se quejan de que esta combinación de novedad y éxito comercial les hace un blanco conveniente para los políticos, algunos de los cuales parecen considerar la regulación del internet como un atajo para solucionar problemas sociales complejos como el discurso de odio. Ansiosas por proteger su estatus especial, las compañías de tecnología han enfatizado que el reclutamiento en línea es solo parte de la amenaza terrorista. Además, dicen, son plataformas, no casas editoriales, y posiblemente no son capaces de monitorear todo.

No obstante, las compañías pueden actuar cuando quieran. Antes de que Edward Snowden las expusiera en una enorme filtración en 2013, discretamente ayudaban al espionaje estadounidense y británico a monitorear a los yihadistas. Cuando los anunciantes se retiraron después de que sus marcas terminaron junto a material pornográfico, violento o extremista, respondieron con notable rapidez.

Como con los accidentes automovilísticos o los ciberataques, la seguridad perfecta es inalcanzable. No obstante, un enfoque basado en la "defensa a profundidad", que combine tecnología, vigilancia, educación y supervisión humana, puede minimizar el riesgo y el daño.

A menudo, el autointerés comercial da un incentivo para que las compañías de tecnología actúen. Aunque las noticias falsas son populares y cautivadoras, y ofrecen oportunidades de llenar espacios publicitarios, son malas para las reputaciones de los gigantes de la tecnología. En consecuencia, Facebook y Google están haciendo más para eliminar los sitios de noticias falsas de sus redes publicitarias, crear nuevas herramientas para detectar notas dudosas y advertir a los lectores sobre ellas, y establecer enlaces con las organizaciones de verificación de hechos.

Cuando el autointerés no sea suficiente, los gobiernos pueden incitar a las empresas a ser más severas; como han hecho los legisladores alemanes, amenazando con enormes multas. Según un acuerdo voluntario con reguladores europeos, las grandes empresas han establecido una meta de revisar y, cuando sea adecuado, eliminar en un plazo de un día al menos 50 por ciento del contenido identificado por los usuarios como de odio o xenofóbico. Las cifras más recientes muestran que Facebook revisó 58 por ciento de los artículos identificados en un día, respecto de 50 por ciento en diciembre. Para Twitter, la cifra fue de 39 por ciento, respecto de 24 por ciento. Sin embargo, el marcador de YouTube cayó de 61 por ciento a 43 por ciento.

La medida más fuerte es nuevas leyes. En 2002, por ejemplo, Gran Bretaña hizo a los proveedores de servicio de internet responsables de la pornografía infantil si no la retiraban "sin demora". Los PSI usaron una organización sin fines de lucro para recopilar una lista de URLs bloqueados que actualizaba dos veces al día. La organización trabaja de cerca con agencias policiales en Gran Bretaña y el extranjero. De manera similar, los legisladores estadounidenses han tomado medidas drásticas contra la violación de derechos de autor.

Como en el mundo fuera de internet, los legisladores deben alcanzar un balance entre seguridad y libertad. Especialmente después de ataques, cuando los gobiernos quieren que se les vea actuando, pudieran verse tentados a imponer prohibiciones generalizadas a la expresión. En vez de ello, deberían proponerse ser claros y definidos sobre lo que es ilegal; lo cual también ayudará a las plataformas a manejar las publicaciones rápida y consistentemente. Incluso entonces, el umbral entre la libre expresión y la provocación será difícil de definir. El objetivo sería traducir las normas legales del mundo físico al terreno cibernético.

Antes de que los legisladores se apresuren, también necesitarían pensar en las consecuencias no deseadas. Si las compañías de internet son amenazadas con multas, podrían simplemente retirar todo el contenido marcado como malicioso, para estar a salvo. Una regulación que requiera muchos empleados para eliminar las publicaciones ofensivas perjudicará más a las pequeñas empresas emergentes, las cuales menos pueden costearlo. Leyes que ordenaran "puertas traseras" criptográficas en aplicaciones de mensajería populares debilitarían la seguridad para los usuarios inocentes. Los malos actores cambiarían a alternativas no reguladas en países que es poco probable que ayuden a los gobiernos occidentales. Por tanto se volverían más difíciles de vigilar para los servicios de inteligencia.

En el pasado, las compañías de internet han tendido a "crear reglas primero, averiguar después". Sin embargo, los argumentos sobre el terrorismo y el contenido extremista son un duro recordatorio de que la era de la anarquía y la independencia de principios del internet ha terminado. Las compañías de tecnología quizá encuentren difícil aceptarlo, pero deben hacerlo, como parte de la responsabilidad que conlleva su recién descubierto poder y como parte del precio de su éxito.