La incorporación de cultivos genéticamente modificados posicionó a Paraguay entre los principales países del mundo en adopción de biotecnología agrícola. Santiago Bertoni, asesor de la UGP, analiza su evolución, los beneficios para la producción y las oportunidades para fortalecer la investigación nacional.

La agricultura paraguaya encontró en la biotecnología una herramienta clave para mejorar sus sistemas productivos y responder a los desafíos del sector. Desde la incorporación de semillas genéticamente modificadas hasta los avances en investigación local.

“Estas tecnologías ampliaron las posibilidades de manejo de malezas, plagas y aprovechamiento de los recursos”, señaló Santiago Bertoni, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Asimismo, sostuvo que la biotecnología representa una evolución de los conocimientos que los agricultores aplican desde hace generaciones mediante la observación y selección de plantas y animales. Su desarrollo permitió comprender y utilizar los procesos biológicos con mayor precisión.

Una adopción que transformó la producción. La incorporación formal de la biotecnología moderna a la agricultura paraguaya comenzó en 2004, con la autorización comercial de la soja genéticamente modificada tolerante al glifosato. Posteriormente se sumaron tecnologías para maíz y algodón, mientras que en 2013 se incorporaron nuevas características de resistencia a determinados insectos en soja.

Actualmente, Paraguay cuenta con 49 eventos transgénicos autorizados en soja, maíz y algodón. “Prácticamente el 100 % de la superficie cultivada con estos rubros corresponde a variedades genéticamente modificadas”, explicó Bertoni.

Esta adopción también posiciona al país en el escenario internacional. De acuerdo con AgbioInvestor GM Monitor, en 2025 Paraguay ocupó el séptimo lugar mundial y el tercero en América Latina por superficie sembrada con cultivos genéticamente modificados, con aproximadamente 4,5 millones de hectáreas.

Productividad y sostenibilidad. Entre los principales beneficios se encuentran la reducción de pérdidas ocasionadas por determinadas plagas y malezas, así como la disminución de aplicaciones de insecticidas y herbicidas, con resultados económicos favorables para los productores.

Sin embargo, Bertoni destaca la importancia de integrar estas herramientas con buenas prácticas agronómicas. “La biotecnología alcanza su mayor potencial cuando se combina con variedades adaptadas, manejo adecuado de los suelos, nutrición equilibrada y decisiones basadas en información”, resaltó Bertoni.

Investigación y oportunidades locales

Paraguay también avanzó en el desarrollo de capacidades propias. Un ejemplo fue el trabajo conjunto entre el IPTA y el Inbio, que dio origen a las variedades Sojapar. Además, existen líneas de investigación orientadas a mejorar la respuesta de la soja a las sequías y desarrollar materiales con resistencia a enfermedades.

En este proceso, la próxima inauguración del Parque Tecnológico Inbiotec representa una nueva oportunidad para impulsar la investigación y el desarrollo nacional.

Para Bertoni, el desafío es aprovechar el conocimiento disponible y fortalecer la cooperación entre instituciones públicas, universidades y empresas. “La apuesta, debe ir más allá de incorporar tecnologías extranjeras y avanzar hacia soluciones adaptadas a las condiciones productivas del país, con cosechas más estables y un uso eficiente de los recursos”, concluye Bertoni.

Con aproximadamente cinco millones de gallinas ponedoras en producción y un consumo anual de hasta 230 huevos por habitante, el sector avícola enfrenta una fuerte competencia. Néstor Zarza, presidente de Avipar, revela la apuesta del gremio por la tecnología, la formalización y la apertura para impulsar el crecimiento del sector.

Paraguay produce al menos cuatro millones de huevos por día, una cifra que refleja el crecimiento del sector y su importancia en la alimentación. Sin embargo, la precisión en las estadísticas es difícil debido a la informalidad del sector que corresponde a pequeños productores, según explicó Néstor Zarza, presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar).

El país cuenta con un hato aproximado de cinco millones de gallinas ponedoras en producción. A este volumen se suma la producción casera, arraigada principalmente en las familias rurales, que también contribuye a la oferta nacional.

El consumo per cápita se ubica entre 220 y 230 huevos al año y mantiene una tendencia creciente. Sin embargo, en los últimos años, la mayor disponibilidad de este insumo primario intensificó la competencia y deprimió los precios.

“Hoy en día es una de las proteínas más baratas y está a disposición en todas partes”, destacó Néstor. Si bien los consumidores se benefician con más ofertas y precios bajos, el escenario resulta más complejo para los pequeños productores, que deben sostener sus negocios con márgenes presionados.

Exportar, el próximo gran desafío. La posibilidad de llegar a mercados internacionales todavía enfrenta obstáculos. El huevo fresco es altamente perecedero y Paraguay no tiene experiencia en su exportación industrial. Además, se requiere cumplir con normas sanitarias y de inocuidad alimentaria compatibles con las exigencias de otros países.

La informalidad también limita las oportunidades de acceso a mercados externos. Por eso, el sector trabaja en mejorar la normativa y la regulación, con la expectativa de avanzar hacia futuras exportaciones.

Tecnología para enfrentar el calor. En infraestructura y tecnología, las empresas formales muestran avances importantes, con inversiones constantes en innovación. Los galpones incorporan materiales isotérmicos para reducir el impacto del calor, un factor crítico en Paraguay.

Las gallinas ponedoras necesitan temperaturas de entre 14 y 28 grados, mientras que en el país suelen registrarse entre 40 y 45 grados.

“Hoy sabemos cómo enfrentar los riesgos sanitarios”, señaló el presidente de Avipar, al destacar los avances en bioseguridad y el intercambio de experiencias con Brasil. Finalmente, dijo que el tratamiento de los desechos, siempre es un desafío, sobre todo, desde el punto de vista ambiental, aunque cada vez se tiene más oferta de equipos y manejos que ayudan a paliar los problemas que normalmente genera la producción en materia ambiental.

Por: Adelaida Alcaraz

Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.

El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.

Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.

Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.

Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.

Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.

“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.

El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.

La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.

Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.

Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.

Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.

La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.

El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.

Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.

La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.

La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.

El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.

La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.

Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.

Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.

En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.

El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.

La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.

La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.

El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.

Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.

Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.

Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.

“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.

Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.

De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.

En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.

La incorporación de herramientas digitales comienza a transformar la manera en que los establecimientos agropecuarios administran sus actividades, con mayor disponibilidad de información para controlar procesos, anticipar escenarios y mejorar la productividad. El uso de tecnología aplicada al campo se presenta como un factor cada vez más relevante para fortalecer la competitividad del sector.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Alfred Fast, señaló que actualmente los productores cuentan con recursos como GPS, imágenes satelitales y estaciones meteorológicas, que permiten tomar decisiones con mayor precisión. En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que también se impulsan sistemas de información destinados a rubros como la producción lechera y cárnica.

Uno de los avances en esta materia es el desarrollo de plataformas que permiten registrar y analizar información de los establecimientos. En el ámbito lechero, Fecoprod cuenta con el Sistema de Control Lechero y Gestión de Tambo (Siscole), que reúne datos sobre alimentación, reproducción y producción, facilitando el seguimiento técnico de cada unidad productiva.

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La digitalización también alcanza a la actividad ganadera y agrícola mediante herramientas de gestión como BIGCAMPO, un software desarrollado por la federación para administrar establecimientos y organizar información productiva. Estas soluciones apuntan a que los productores puedan contar con registros más precisos para evaluar el funcionamiento de sus actividades.

Fast también mencionó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para el sector, aunque remarcó que su incorporación debe realizarse con criterio. La disponibilidad de herramientas tecnológicas, sostuvo, no reemplaza la experiencia ni el conocimiento de quienes trabajan en el campo, sino que permite complementarlos para mejorar el análisis de la información.

En este escenario, el desafío pasa por ampliar el aprovechamiento de estas herramientas y fortalecer las capacidades técnicas de los productores, de manera que la información se convierta en un recurso para elevar la eficiencia y sostener el desarrollo de las cadenas agropecuarias.

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