Contraseñas compartidas: Netflix está ensayando un sistema para cobrar a sus usuarios
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Netflix está ensayando un nuevo sistema para cobrar a sus usuarios una tarifa extra en el caso de que estén compartiendo su contraseña con personas que no se encuentren en su mismo domicilio. Se trata de un proyecto piloto de la popular plataforma de streaming de contenidos online que está levantando bastante polémica. Además, esta medida viene seguida de otros aumentos de precio en los servicios ofrecidos por Netflix.
Como Netflix acostumbra a ensayar sus políticas en Estados Unidos para luego exportarlas al resto del mundo, es posible que dentro de poco se vea un aumento considerable de las tarifas en España. Queda abierto entonces el debate de si esta nueva tarifa de Netflix (de 3 dólares, en el caso de Estados Unidos) cumple con un propósito relacionado con la ciberseguridad, o si simplemente es un recurso de Netflix para tratar de ganar más dinero a cambio de ofrecer el mismo servicio.
Un punto a favor de la propuesta de Netflix es el hecho innegable de que las contraseñas compartidas suponen un riesgo de ciberseguridad. Incluso si las personas con quienes compartimos nuestra contraseña son de confianza, el hecho de que una misma clave de Netflix esté utilizando en diferentes dispositivos conectados a distintos routers multiplica los riesgos de que esta contraseña sea interceptada por ciberatacantes. Y, definitivamente, esa información es muy jugosas debido a que las cuentas disponen de información bancaria de los usuarios.
En este sentido, el movimiento de Netflix podría estar justificado en aras de la protección de los usuarios. Pero el mero hecho de cobrar una tasa no impide a los usuarios seguir compartiendo su contraseña, con lo que no parece que esta sea la intención de Netflix.
Se debe recordar, no obstante, que las contraseñas son una de las principales barreras con las que contamos para proteger las cuentas online frente al aumento de los ciberataques que está teniendo lugar en todos los rincones del mundo. Este incremento de los hackeos a nivel global ha sido especialmente notable a partir de 2020, cuando la pandemia del coronavirus impulsó todavía más un proceso de digitalización en todos los sectores que ya había comenzado hacía varios años, y que últimamente no ha hecho más que acelerarse.
Utilizar un gestor de contraseñas es actualmente una de las mejores soluciones con las que los usuarios cuentan para mantener seguras sus claves. Este software permite almacenar cientos de contraseñas diferentes para todas las cuentas online, incluyendo la cuenta de Netflix, las claves bancarias o la contraseña del correo. Al almacenar todas estas claves bajo una encriptación de última generación, un gestor de contraseñas permite utilizar contraseñas robustas y únicas para cada una de los cuentas y, de esta forma, y reducir al mínimo el riesgo de vulneración en cada una de ellas.
Netflix no está ofreciendo actualmente a sus usuarios ninguna alternativa al pago de esta tasa extra a cambio de compartir su contraseña. Los usuarios pueden proteger sus claves para compartirlas de forma segura mediante los servicios de algunos de los mejores gestores de contraseñas del mercado, pero eso no cambia que Netflix siga queriendo cobrar esa tasa.
Si lo que el usuario quiere es no pagar esta tarifa extra de Netflix, entonces solo tiene dos alternativas: o bien dejar de compartir las contraseñas con amigos que no viven en casa, u optar por otras plataformas alternativas más económicas, como son en estos momentos Disney Plus, Prime Video o HBO.
Es importante tener en cuenta que Netflix está en su derecho de proponer una tarifa extra para quienes están compartiendo sus contraseñas con personas que no viven en su domicilio, ya que los términos de Netflix explicitan que cada cuenta está autorizada para su utilización dentro de un único hogar.
Sin embargo, es evidente que esta tarifa está pensada para un modelo de familia que no encaja con la realidad actual, en la que resulta normal que tres o cuatro personas de la misma familia puedan pagar por una misma cuenta de Netflix aunque no vivan bajo el mismo techo.
IPS: jubilados y pensionados ya pueden consultar bancos a los que les asignaron para cobro
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El Instituto de Previsión Social (IPS) comunicó que tienen habilitados varios canales y plataformas para que los jubilados y pensionados puedan conocer el banco que se le asignó para los cobros de sus haberes. Más de 32.000 jubilados y pensionados fueron afectados tras la salida operativa de Ueno Bank.
Desde la previsional indicaron que está activa su plataforma web, una línea de WhatsApp y un centro de atención telefónica para que los jubilados y pensionados verifiquen de forma automática la entidad financiera en la que percibirán sus haberes y el aguinaldo a partir del 17 de noviembre.
“Se dispuso la asignación automática de nuevas entidades bancarias a aproximadamente 32.000 jubilados y pensionados que anteriormente percibían sus beneficios a través de Ueno Bank”, expresaron en el comunicado del IPS.
Mi IPS Web / Aplicación: se debe ingresar al portal Mi IPS en la sección Jubilados -> Banco para el desembolso. La plataforma permite la verificación introduciendo el número de cédula de identidad.
WhatsApp: está activa la línea exclusiva 0962 152 152 para recibir asistencia automatizada o responder dudas las 24 horas.
Call Center: se puede llamar de manera gratuita al 0800 11 5000 o desde el celular al *180 (opción 5), en el horario de 08:00 a 21:00.
Mensajes de texto (SMS) y WhatsApp: el IPS enviará comunicaciones a los jubilados y pensionados afectados, informándoles la entidad bancaria asignada para el cobro de sus beneficios.
Desde la previsional resaltaron que la asignación automática se gestionó respetando criterios de cercanía y accesibilidad según la residencia registrada por el jubilado. “Los lugares, fechas y procedimientos para la entrega de tarjetas y kits bancarios serán informados oportunamente, en coordinación con cada entidad bancaria”, puntualizaron.
Essap suspende los cortes de agua en noviembre para clientes que operan con ueno bank
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Los usuarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap), que utilizan ueno bank para abonar sus facturas tendrán una prórroga excepcional durante noviembre. La aguatera estatal confirmó que no aplicará cortes del suministro de agua potable por falta de pago a los clientes que tengan asociado el débito automático a dicha entidad o que habitualmente realicen sus transacciones a través de sus plataformas.
La disposición fue comunicada luego de los inconvenientes generados por la situación de ueno bank y las medidas adoptadas por el Banco Central del Paraguay (BCP). Según informó la Essap, la decisión busca evitar que las dificultades para acceder a las cuentas bancarias o concretar operaciones financieras terminen perjudicando a los usuarios con la interrupción de un servicio esencial.
La excepción tendrá vigencia únicamente durante el mes de noviembre y alcanzará a los clientes que utilicen los canales de pago de la entidad bancaria. De esta manera, quienes no puedan procesar sus facturas mediante el débito automático o realizar los pagos habituales dispondrán de un margen adicional para resolver los inconvenientes y ponerse al día con sus obligaciones.
La medida también permitirá que los afectados puedan actualizar sus medios de pago o regularizar su situación financiera sin el riesgo de quedarse sin suministro de agua potable por atrasos vinculados a esta contingencia.
La situación se originó tras la decisión del BCP de iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, que implicó restricciones para operar con las cuentas y productos financieros de la entidad. Como consecuencia, numerosos clientes reportaron dificultades para retirar dinero, efectuar transferencias y acceder a sus servicios de banca digital.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex. Foto: Ralphie Zotti
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.
Tras el éxito de la primera actividad, esperan una mayor participación de funcionarios para aprender a identificar amenazas digitales y proteger la información institucional. Foto: Archivo
La Corte refuerza la prevención de riesgos digitales e invita a una nueva capacitación
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invita a sus funcionarios a participar de la segunda jornada de capacitación en ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la prevención de ataques informáticos y promover el uso seguro de las herramientas digitales dentro de la institución.
La actividad tendrá lugar el jueves 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, en el marco del Mes de la Ciberseguridad, que se conmemora internacionalmente durante octubre.
Luego de la buena respuesta registrada en la primera jornada, se espera una mayor afluencia de participantes en este nuevo encuentro, que abordará cuestiones clave para la protección de los datos y los sistemas informáticos del Poder Judicial.
La segunda jornada de capacitación se realizará el jueves 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Gentileza
Herramientas
Durante la capacitación, los asistentes podrán adquirir herramientas para reconocer amenazas cibernéticas, identificar riesgos, manejar adecuadamente información sensible y prevenir incidentes de seguridad. También se hará hincapié en la importancia de resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos institucionales.
La propuesta forma parte de la campaña integral de concienciación en ciberseguridad dirigida a los funcionarios judiciales y está a cargo de la Dirección de Ciberseguridad y Protección de la Información (DCPI), responsable de impulsar acciones de formación para reducir los riesgos digitales dentro de la institución.
La participación está abierta a los funcionarios interesados. La inscripción se realizará en línea mediante el escaneo de un código QR al inicio del taller.
Las jornadas cuentan con la aprobación del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad informática institucional.