• San José, Costa Rica. AFP.

Violeta Barrios de Chamorro, fallecida a los 95 años, el sábado 14 de junio, fue la primera mujer elegida presidenta en América, en cuyo gobierno (1990-1997) pacificó y reconcilió a una Nicaragua devastada por décadas de guerras. “Doña Violeta”, como la llamaban los nicaragüenses, murió en Costa Rica tras una larga enfermedad, por complicaciones derivadas del Alzheimer y una embolia cerebral que sufrió en diciembre de 2018.

Alejada de la vida pública desde hace dos décadas, había sido trasladada de Managua a San José en octubre de 2023 para estar cerca de sus cuatro hijos, desterrados de Nicaragua por oponerse al presidente Daniel Ortega. “Su legado es incuestionable. Lideró la transición de la guerra a la paz, sanando un país destrozado por el conflicto armado. El contraste con Ortega es claro y profundo”, dijo a la AFP Félix Maradiaga, académico y activista político exiliado en Estados Unidos.

Ortega, a quien ella venció en las urnas, gobierna desde hace 17 años, y es acusado por sus críticos, gobiernos y organismos internacionales de ser un autócrata que aniquiló la tolerancia, libertades e independencia de poderes que “Doña Violeta” había conseguido. Era la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, miembro de una de las familias más prominentes de Nicaragua que siendo dueño y director del diario La Prensa fue asesinado en enero de 1978 por su oposición al dictador Anastasio Somoza. La muerte de su esposo, por cuyo apellido también se la conoce, la empujó a la dirección de La Prensa y luego a la política.

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La exmandataria fue despedida ayer lunes en una misa fúnebre en Costa Rica, en la que su familia prometió llevar sus restos a Nicaragua cuando vuelva a ser una “república”. La urna con los restos de la mujer que pacificó Nicaragua, tras derrotar en las urnas en 1990 al exguerrillero sandinista Daniel Ortega, estaba cubierta con una bandera nicaragüense, en la ceremonia realizada en el templo del Sagrado Corazón de Jesús en San José.

Dos de sus hijos, Cristiana y Carlos Fernando Chamorro, y varios de sus nietos estaban presentes. También el exmandatario costarricense y premio nobel de la paz Oscar Arias, y el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, entre otras personalidades. Ella “abrió su corazón de par en par a la esperanza de una patria libre, en paz y reconciliación, para convertirse en presidenta de todos los nicaragüenses”, dijo Cristiana, quien agradeció a Costa Rica por darle a su madre “una sepultura digna y segura”.

“Gracias mamá [...] por tu inmenso ejemplo de amor y generosidad. Y te prometo que cuando Nicaragua vuelva a ser república, regresarás a descansar en paz en tu patria”, señaló Carlos Fernando en la misa, a la que asistieron nicaragüenses que viven exiliados en Costa Rica. Decenas de expresidentes de América Latina y España expresaron sus condolencias y resaltaron su contribución a la paz en horas críticas.

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Cuando triunfó la insurrección liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en julio de 1979, integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, entre cuyos cinco miembros estaba Ortega. Ella, la única mujer. Pero en 1980 renunció a la Junta, disconforme con la deriva socialista de la revolución y la influencia de Cuba, volvió a dirigir el diario y ganó protagonismo como opositora a los sandinistas, que en esa década enfrentaban a la guerrilla “contra” financiada por Washington.

Contra todo pronóstico, ganó las elecciones de febrero de 1990 postulada por la UNO, una coalición de 14 partidos que con apoyo de Washington derrotó a Ortega, quien gobernaba solo desde hacía cinco años y buscaba la reelección. Vestida de blanco y en silla de ruedas por una lesión de rodilla, en la campaña electoral ganó la confianza de los nicaragüenses cansados de las guerras con palabras sencillas “propias de un ama de casa y de una madre”, según relató en sus memorias “Sueños del corazón”.

“En la cultura machista de mi país eran pocos los que creían que yo, en mi condición de mujer y además inválida, tuviera la fortaleza, energía y voluntad para derrotar” a Ortega, pero “si el muro de Berlín había caído, ¿por qué no los sandinistas?”, escribió. A sus 60 años, recibió un país dividido y en bancarrota. “Cuando asumí la Presidencia sentí una gran angustia en mi corazón”, agregó.

Abolió el servicio militar obligatorio, concluyó el desarme de 20.000 guerrilleros contras, y redujo al entonces Ejército Popular Sandinista de 85.000 a 15.000 soldados. Fortaleció la institucionalidad y la libertad de prensa. Pero su gobierno abrió el país al libre mercado y adoptó un plan de austeridad fiscal y privatización de empresas públicas, que provocaron huelgas masivas. Los sandinistas la acusaban de haber anulado los avances sociales de la revolución.

Violeta Barrios nació en la sureña provincia de Rivas el 18 de octubre de 1929. De niña tocaba el piano, montaba a caballo y ayudaba a su madre a cuidar los animales en la finca familiar. Era hija del terrateniente Carlos Barrios y de Amalia Torres. En su adolescencia estudio un par de años en Estados Unidos y en 1950 se casó con Chamorro.

En la década de 1980 la polarización del país también estaba en su familia: dos de sus hijos apoyaban a los sandinistas y dos a la oposición. Tras las protestas contra Ortega de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, tres de los hijos de Chamorro adoptaron, desde el periodismo o la política, un fuerte activismo opositor y lo pagaron caro.

Cristiana, quien aspiraba a enfrentar a Ortega en las elecciones de 2021, y su hermano Pedro Joaquín estuvieron detenidos desde ese año y hasta febrero de 2023, cuando fueron expatriados entre 222 opositores excarcelados. Ella vive en Costa Rica y él Estados Unidos.

Carlos Fernando se exilió en 2021 en Costa Rica y dirige el diario digital Confidencial. Claudia, embajadora a inicios de la revolución, también partió, pero no está claro dónde vive. El centenario diario La Prensa fue confiscado por el gobierno, al igual que propiedades de la familia. Queda una solitaria estatua de Pedro Joaquín Chamorro en Managua, “héroe nacional” que se opuso a una dictadura.

El gobierno de Nicaragua juramentó ayer miércoles a 30.000 civiles encapuchados como “policías voluntarios”, quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política.

Vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, los encapuchados formaron filas al anochecer en la Plaza de la Fe en Managua, la capital del país, para jurar con la mano en alto ante el presidente Daniel Ortega y su esposa, la “copresidenta” Rosario Murillo. “Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz”, dijo Murillo.

La “policía voluntaria” fue creada como parte de una amplia reforma a la Constitución, sellada el 30 de enero por un Congreso controlado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda). Desde hace algunas semanas, unos 50.000 hombres y mujeres de varias provincias se han integrado a este “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad.

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En un informe publicado en Ginebra ayer miércoles sobre derechos humanos en Nicaragua, un grupo de expertos de la ONU indicó que “el Gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran a la ‘policía voluntaria’”.

“Los llamados ‘policías voluntarios’ [...] evocan el papel nefasto de los grupos enmascarados que protagonizaron la represión letal de las protestas antigubernamentales de 2018″, dijo a la AFP Reed Brody, uno de los expertos.

Durante esas protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, hombres encapuchados fuertemente armados, que el gobierno llamó el “pueblo”, intervinieron para retirar las barricadas que habían colocado en las calles los manifestantes, buena parte de ellos universitarios.

El gobierno de Ortega considera las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. En el mismo acto, Ortega y Murillo tomaron juramento al jefe de la policía, comisionado Francisco Díaz, para continuar por otros seis años en su cargo, que asumió en 2018 en medio de las protestas.

“Recibo el bastón de mando [...] para garantizar y defender la paz y seguridad”, dijo Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial y está sancionado por Estados Unidos. Brody expresó que “estos grupos ahora se suman a la Policía Nacional y al Ejército, que, según la nueva Constitución, puede ser desplegado en tareas policiales, consolidando así el poder represivo del gobierno”.

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Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años.

Ortega repasó en un discurso pasajes de la lucha revolucionaria y al finalizar dijo algunas consignas, coreadas por los “policías voluntarios”. “Sabemos que tenemos la fuerza para trascender todos los desafíos”, declaró Murillo tras la ceremonia.

Fuente: AFP

La reforma constitucional que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arrogarse más competencias ha entrado en vigor ayer miércoles tras ser aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y pese a las críticas de Naciones Unidas, así como de organizaciones de Derechos Humanos.

La medida, que ha sido publicada en el diario ‘La Gaceta’, declara al presidente Ortega como el “coordinador” último de los poderes legislativo y judicial, mientras que también formaliza a su mujer, Rosario Murillo, como “copresidenta”.

Asimismo, permite ampliar un año más el mandato presidencial -de cinco a seis-, incluye la retirada de la nacionalidad a todas aquellas personas declaradas como “traidores a la patria” y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna.

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El texto, que tiene un lenguaje “vago”, también elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución y rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de “seguridad”, según denunciaron un grupo de expertos de Naciones Unidas en noviembre.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró en noviembre que la reforma permite a Ortega incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. Por su parte, el Parlamento Europeo también condenó la medida en febrero a través de una resolución.

El Gobierno de Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, ha impulsado una violenta campaña de persecución de la oposición, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.

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Fuente: Europa Press

Nicaragua anunció ayer martes su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y exigió el cierre de sus oficinas en Managua, en rechazo a un informe que asegura que el hambre creció en ese país centroamericano.

“La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato”, según un comunicado firmado por el canciller Valdrack Jaentschke.

Según el informe, la prevalencia de subalimentación en Nicaragua pasó de 17,8 % en 2018 a 19,6 % en 2023. En América Latina y el Caribe solo están peor Haití (50,4 %) y Honduras (20,4 %). El gobierno dijo rechazar el informe “por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos”.

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Además, acusa a la FAO de publicar en el informe datos “que no fueron autorizados ni consultados” con las instituciones nicaragüenses “ni validados” por el gobierno. Medios oficialistas aseguraron que la carta de protesta fue entregada a la sede de la FAO en Roma, que hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto.

El economista nicaragüense en el exilio, Enrique Sáenz, consideró que los resultados del documento de la FAO “son resultado del modelo económico impuesto por la dictadura bicéfala”, en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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“Casi el 30 % de los nicaragüenses no gana ni para la comida (...) es lógico entonces que el hambre, la desnutrición, la anemia sean crecientes”, dijo en la red social X. Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.

Desde el pasado 30 de enero, Ortega y Murillo, como presidente y “copresidenta”, consolidaron su poder a través de una reforma constitucional que les permite controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil. Unas 5.600 oenegés han debido cesar sus operaciones en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según un informe de Naciones Unidas dejaron más de 300 muertos.

El exguerrillero consideró esas protestas contra su gobierno como un golpe de Estado de Washington apoyado por organizaciones internacionales humanitarias. A inicios de enero, el gobierno izquierdista anunció la clausura de la ONG Save the Children International.

Fuente: AFP.