A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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El MIC, el MEC y la Unión Europea avanzan en la revisión del currículo educativo para responder a la demanda de capital humano del sector. La propuesta contempla formación desde la educación media, capacitación técnica y continuidad universitaria.

Formación para una industria en expansión. Desarrollar capacidades técnicas que acompañen la expansión productiva y faciliten la inserción laboral de los jóvenes, es el nuevo desafío que plantea el crecimiento de la industria forestal para los trabajadores en el país. Con ese objetivo, el Gobierno y la Unión Europea avanzan en la adecuación de los programas educativos a las necesidades del sector.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, se reunió con el titular de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y la embajadora de la Unión Europea, Katja Afheldt, para avanzar en la articulación entre educación y demanda laboral.

Riquelme señaló que Paraguay cuenta con aproximadamente 400.000 hectáreas de plantaciones forestales y registra una expansión estimada de 80.000 hectáreas por año, lo que requiere capital humano preparado para responder a las necesidades técnicas de la actividad.

La iniciativa se enmarca en la cooperación impulsada tras la visita del presidente Santiago Peña y representantes empresariales a Finlandia, con el propósito de incorporar experiencias internacionales al desarrollo industrial.

Del aula al mercado laboral. La propuesta contempla conocimientos para el trabajo en campo y plantas industriales, además de la operación de maquinarias complejas mediante simulaciones y recursos de capacitación.

Ramírez indicó que el proyecto avanza hacia su implementación. Equipos técnicos trabajan en la revisión del currículo de educación forestal, con participación de instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Concepción.

El proceso incluye el diseño curricular, la puesta en marcha de programas y el desarrollo de infraestructura y materiales educativos. También prevé trayectos de formación técnica y universitaria.

La capacitación incorporará criterios de trazabilidad y certificación, en línea con las exigencias de los mercados internacionales para productos de madera provenientes de bosques reforestados.

Paraguay se prepara para recibir, entre octubre y diciembre de este año, a autoridades sanitarias de Chile, Taiwán, la Unión Europea, Egipto y Perú, en el marco de cinco auditorías internacionales vinculadas al sector pecuario.

Las inspecciones apuntan a renovar habilitaciones, mantener mercados vigentes y avanzar en la apertura de nuevos destinos y productos cárnicos.

El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, explicó que este tipo de controles forma parte de la dinámica habitual del sector, considerando la cantidad de mercados a los que llega la producción nacional.

“Todos los años tenemos algunas auditorías, no todos los mercados vienen todos los años, pero todos los años tenemos de algún lado”, señaló en comunicación con La Nación/Nación Media.

Entre las inspecciones previstas, destacó la de la Unión Europea, que se realizará para mantener el estatus sanitario y verificar los requisitos exigidos para el ingreso de carne paraguaya. En tanto, Taiwán evaluará nuevos establecimientos exportadores y reinspeccionará plantas que ya forman parte de su circuito comercial. En este proceso también se prevé la revisión de nuevas plantas, como el frigorífico Cerrito, ubicado en Presidente Hayes.

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Burt también puso el foco en Perú, mercado que busca avanzar en la habilitación de nuevos productos. La auditoría peruana contempla la habilitación de la línea de harina de carne y hueso, además de la revisión de los exportadores de carne vacuna.

En el caso de Egipto, el representante de la CPC aclaró que no se trata de una apertura inicial, sino de una inspección dentro del proceso de mantenimiento del mercado. Las autoridades egipcias prevén renovar licencias e incorporar más frigoríficos bovinos a su nómina oficial.

El resultado de estas auditorías será clave para sostener el acceso de la carne paraguaya a mercados internacionales y al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para la industria frigorífica y la producción pecuaria nacional.

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El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, instó a los empresarios paraguayos a asumir un rol más activo en la búsqueda de oportunidades comerciales y dejar de depender exclusivamente de las gestiones del Gobierno para concretar negocios en el mercado europeo. Lo señaló durante un encuentro sobre el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.

El ministro sostuvo que los gremios y las cámaras empresariales son los canales naturales para desarrollar esta relación comercial, por lo que deben fortalecer los vínculos con sus contrapartes e importadores europeos, con miras a ampliar las exportaciones paraguayas.

“Empiecen a hacer lobby de ustedes. Es la responsabilidad de ustedes con sus empresas de vincularse con los importadores principales”, expresó Ramírez Lezcano, al señalar que el Gobierno está dispuesto a acompañar al sector privado, facilitar información y abrir puertas, pero que las empresas también deben asumir su parte en las negociaciones comerciales.

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“Nosotros no podemos seguir negociando por ustedes, para ustedes con sus contrapartes”, remarcó el canciller, quien consideró que el acuerdo representa una oportunidad para impulsar nuevos negocios y fortalecer la presencia de los productos nacionales en Europa.

En ese sentido, mencionó sectores con potencial exportador, como la carne vacuna, porcina y avícola, los biocombustibles, la industria farmacéutica, las autopartes, los instrumentos médicos, los cables y el sector forestal. Asimismo, destacó que el acceso a un mercado más amplio puede favorecer la inversión, la incorporación de tecnología y la generación de valor agregado.

Ramírez Lezcano afirmó que la firma del acuerdo constituye un punto de partida y que el desafío consiste en transformar ese potencial en inversión, producción y empleo. Para ello, insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta entre el Gobierno, los gremios, los productores y los industriales para mejorar la competitividad del país.

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