Costa Rica sumará al final del 2020 su sexto año consecutivo de generación eléctrica con fuentes renovables en casi todo su sistema, principalmente a través de agua y geotermia, informó el viernes el gobierno.
“El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sumará al concluir 2020 el sexto año consecutivo con más del 98% de generación renovable”, detalló el estatal Centro de Control de Energía (Cence).
Según datos preliminares al 15 de diciembre, la producción en el 2020 con estas fuentes llegó al 99,78%. “La energía proveniente de combustibles (fósiles) ha sido la más baja desde 1986”, agregó la institución.
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En el 2020, el agua, empleada en hidroeléctricas, continuó siendo la principal fuente dentro de la matriz eléctrica costarricense, con una participación de 71,95%.
En este país con 5 millones de habitantes, la segunda fuente fue la geotermia, con 14,90% de participación; seguida por el viento, con 12,39%. Por su parte, la biomasa y el sol aportaron 0,54%, explicó el Cence.
Costa Rica tiene casi la totalidad de su territorio en la red de suministro eléctrico (99,4%, según cifras oficiales). Este año, a raíz de la pandemia de COVID-19, el consumo eléctrico en el país centroamericano cayó un 3%.
“Ante la emergencia por la pandemia y la caída de la demanda, el sistema ha sido capaz de entregar casi la totalidad de la energía con recursos limpios (...) Avanzamos con firmeza en las metas de descarbonización y electrificación del transporte”, dijo Irene Cañas, presidenta del Instituto Costarricense de Electricidad.
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Costa Rica inició la diversificación de su parque de generación en 1994, con una geotérmica. Incluyó la fuente eólica en 1996 y en el 2012 inauguró la primera planta solar fotovoltaica de Centroamérica, según datos del gobierno.
Fuente: AFP.
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Debaten sobre transición energética en Paraguay
La Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) llevó a cabo el Simposio Internacional de Energías Renovables ENERPY 2026. El evento fue desarrollado en el marco del Programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Durante dos jornadas, el evento reunió a especialistas nacionales e internacionales, así como a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales del sector energético, promoviendo el intercambio de conocimientos, la formación avanzada y la generación de redes de cooperación.
La actividad fue un espacio estratégico para el fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico en torno a la transición energética en Paraguay.
La primera jornada estuvo enfocada en los desafíos de los sistemas eléctricos modernos, abordando temas como el control predictivo aplicado a inversores, convertidores de potencia, movilidad eléctrica, calidad de red eléctrica, análisis de sistemas trifásicos y convertidores formadores de red. Las discusiones destacaron que la transición energética implica la incorporación de fuentes renovables y el fortalecimiento de la estabilidad, inteligencia y resiliencia de las redes eléctricas, mediante herramientas técnicas que optimicen su funcionamiento.
HIDRÓGENO VERDE
En la segunda jornada, el enfoque se orientó a soluciones aplicables al contexto nacional y regional. Se presentaron avances en tecnologías hidrocinéticas para microgeneración, convertidores multinivel para mejorar la eficiencia energética y sistemas para la producción de hidrógeno verde a partir de energía solar. Asimismo, se analizaron las oportunidades y desafíos del Paraguay en el aprovechamiento de recursos como el sol, el viento y el agua, junto con innovaciones en sistemas de conversión electrónica de potencia y control predictivo.
Los debates y presentaciones permitieron identificar oportunidades para fortalecer la investigación aplicada, así como la formación de capital humano altamente calificado, evidenciando que Paraguay cuenta con capacidades relevantes para integrarse activamente en la agenda regional de transición energética.
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Paraguay se consolida en minería de bitcoin y concentra el 4,3 % del hashrate mundial
Paraguay se posicionó como el cuarto país con mayor participación en el hashrate global de Bitcoin (minería de criptomonedas), con aproximadamente un 4,3 % del total mundial, ubicándose por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, según reportes recientes de Hashrate Index, un portal internacional dedicado al análisis de la industria minera de bitcoin.
Además, cuenta con más de 40 EH/s (exahashes por segundo) de aporte a la red, liderando actualmente en Latinoamérica. Dicho crecimiento estuvo impulsado por la energía eléctrica abundante, barata y renovable proveniente principalmente de las represas de Itaipú y Yacyretá, factores que han convertido al país en un punto estratégico para la instalación de operaciones vinculadas a la minería de criptomonedas.
Se detalló además que las mineradoras operan con instalaciones que cuentan con medidores especiales y pagan una tarifa superior a la del consumo residencial o industrial. En torno a ello, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) espera recaudar este año 350 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la que hubiera recibido mediante la venta de esa energía a países vecinos.
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Resolución de la DNIT
Al respecto, Cecilia Maio, analista y fundadora de Ransen Group, se refirió acerca de la resolución 40/2026 emitida en marzo por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que establece nuevas obligaciones informativas para el sector de criptoactivos, agregando que incluso abarca operaciones como uso, transferencias, y un universo importante de ítems.
“Lo que lanza la DNIT en esta regulación, que es la 47/2026, es que es una obligación informativa sobre este tipo de operaciones. No hay un marco regulatorio general ni integral, sino lo que dicen es que se tiene que empezar a informar sobre el uso de criptoactivos”, comentó a la 1020 AM.
Dicha normativa llegó en el contexto en el que nuestro país quedó como el cuarto país con mayor participación en hashrate de bitcoin a nivel global, impulsado por su energía y capacidad operativa. En ese sentido, Maio indicó que la regulación es retroactiva, empezando a funcionar desde el mes de enero de este año y aclaró que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es un régimen de información que debe ser tomado como tal.
“Tiene ciertas novedades porque alcanza a todos los que lo usan, ya sean personas físicas, jurídicas, a todas las plataformas, siempre que superen los USD 5 mil anuales en operaciones. Es una de las cosas importantes”, explicó sobre las novedades, detallando que los integrantes del sector deberán solicitar la inclusión en el Registro Único del Contribuyente (RUC) a efectos de presentar la declaración jurada informativa a través del Sistema Marangatú.
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Asumió la presidenta costarricense con promesa de “mano dura” contra el crimen organizado
La derechista Laura Fernández asumió ayer viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América. En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico. “Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, dijo, al señalar como inaceptable que “el narcotráfico encuentre grietas” en el sistema democrático costarricense.
Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador. “Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad. Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. “Ya no más alcahueterías”, subrayó.
El “primer ministro”
Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado “gobierno de la continuidad”. Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.
“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar”, dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.
Opositores y analistas consideran que su proyecto apunta a una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, criticada por grupos de derechos humanos.
“Vamos a revisar nuestra institucionalidad (...) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría”, aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá “una diarquía (gobierno compartido)” y riesgo de una “concentración de poder” en un expresidente “con tentaciones autoritarias”.
Constantino Urcuyo, doctor en sociología política de La Sorbona, cree que el “modelo Bukele no tiene cabida en Costa Rica”, pese al giro a la derecha y rasgos de “autoritarismo” en el gobierno saliente.
Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.
Al ser nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda, mantendrá inmunidad frente a investigaciones que lo señalan de corrupción y de hacer campaña a favor de Fernández, lo cual tenía prohibido por ley.
Al amparo de Trump
Aliada, como Chaves, de Donald Trump, la segunda mujer en gobernar Costa Rica afianza a la derecha en Latinoamérica, tras recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras. En su giro a la derecha, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos, acepta 100 deportados mensuales desde Estados Unidos y se adhirió al Escudo de las Américas, una alianza antidrogas continental liderada por Kristi Noem.
A la investidura asistieron el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, Noem, el rey Felipe VI y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Dominicana. Bukele se ausentó.
Washington ha retirado visas a críticos al gobierno y hace poco a los directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Chaves llama “prensa canalla”.
Costa Rica retrocedió en libertad de prensa y derechos sexuales, según oenegés humanitarias.
Hija de agricultores, católica y madre de una niña pequeña, Fernández se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Eligió llamarse presidente, sin “a”. Aunque la pobreza bajó del 23% al 15% en cuatro años, Costa Rica es el sexto país latinoamericano más desigual y el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaja más -tras México-, pero cuyos empleados ganan menos.
Fuente: AFP.
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Proyectos en marcha darán alivio al sector energético, sostiene viceministro
El sector energético del país está atravesando constantes momentos de estrés, a causa de la creciente demanda, por la importante expansión económica de los últimos años y la incorporación de nuevas industrias que requieren grandes volúmenes de tensión. En ese sentido, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, afirmó que hay varios proyectos en marcha que darán un cierto alivio en el corto y mediano plazo.
En muy poco tiempo, decretos darán reglamento a dos leyes importantes para la generación y comercialización de energía, explicó en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Lo que nosotros estamos haciendo es modificar todo el sistema normativo como para que puedan introducirse esas nuevas fuentes, lo más certero y cercano que tenemos está en proceso último de aprobación la reglamentación, son las leyes energías renovables y la de pequeñas centrales hidroeléctricas, ambos decretos, el presidente (Santiago Peña) en muy breve tiempo estaría sacando”, explicó.
Indicó que paralelamente se está trabajando en los pliegos licitatorios para que la Ande pueda comprar energía, una vez completado el marco legal para tal cuestión; es decir la estatal podrá adquirir electricidad de una empresa privada, básicamente.
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De igual manera, se tiene prevista la creación de un ente regulador del sector energético, de manera a dar seguridad al sector privado en las inversiones realizadas en el sector y, además, fungir de árbitro en eventuales conflictos que se generen en las concesiones.
Aña Cuá
En el caso de la maquinización del brazo Aña Cuá, Bejarano manifestó que se espera que esté operando para finales de 2027. “Nos sumaría los 270 megavatios de firmeza”, destacó en este sentido y amplió señalando que se debe trabajar en el ámbito diplomático para efectuar obras complementarias como Corpus e Itatí.
Otras fuentes
Además de lo ya mencionado, el viceministro de Minas y Energía citó que se están manteniendo reuniones con Argentina, de manera a montar el gasoducto bioceánico, para disponer de gas natural del país vecino y, eventualmente, de una extracción local.
“Aparte del gas natural, de Aña Cuá que viene en construcción, de las pequeñas centrales hidroeléctricas y de la solar, entendiendo y sabiendo que ciertas horas van a estar comprometidas en no mucho tiempo más, además de eso estamos trabajando en conjunto con la Ande y ahora con el apoyo del gobierno japonés en breve tiempo, es buscar también medidas de eficiencia energética para que en esos horarios de punta que se va a ver comprometido el suministro de energía eléctrica no tengamos esos problemas y podamos llegar a tiempo con estas obras”, destacó.
Apuntó también que las empresas de criptominería finalizan sus contratos con la Ande en 2027 y que liberarán una importante cantidad de energía. Esas compañías, con el nuevo marco legal, podrán adquirir de otras fuentes.
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