Ecuador aprobó el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech contra el coronavirus y espera administrar 50.000 dosis en enero próximo, dijo este miércoles el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) “ha aprobado en la noche de ayer (martes) para que la vacuna de Pfizer/BioNTech pueda ser distribuida y administrada en Ecuador”, comentó Zevallos en una rueda de prensa.
Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, reporta 203.461 casos de covid-19 y 13.915 muertos entre confirmados y probables. La nación sudamericana prevé que unas 50.000 dosis lleguen en enero para empezar con el plan de inmunización.
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“La distribución se tiene que hacer en primer lugar a hospitales centinela (…), hospitales que están este momento sirviendo para tratar pacientes con covid-19”, expresó Zevallos. Agregó que las primeras dosis que lleguen al país también estarán destinadas a los pacientes de centros geriátricos y al personal que trabaja en ellos.
La siguiente fase del plan de vacunación, prevista para marzo, implica la inmunización masiva de trabajadores de la salud, fuerza pública, bomberos, recolectores de desechos y grupos vulnerables. Más adelante se vacunará a la población en general. Ecuador planea inmunizar a aproximadamente el 60% de sus habitantes para contener la propagación del virus.
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Según el ministerio de Salud, las personas de 18 años en adelante recibirán la vacuna, excepto embarazadas, personas inmunodeprimidas o que reciban tratamiento contra el cáncer y contagiados con covid-19. Tampoco serán inmunizados quienes tengan reacciones alérgicas severas a medicamentos o vacunas.
Ecuador anunció en octubre un acuerdo con Pfizer y su socio BioNTech para acceder a dos millones de dosis, con entregas progresivas en 2021. También suscribió acuerdos con AstraZeneca, asociada con la universidad de Oxford, por otras cinco millones de dosis, y con la organización COVAX, subsidiaria de United Biomedical, por al menos dos millones más.
Fuente: AFP.
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Ecuador: cae hijo del expresidente por supuestos vínculos con el narcotráfico
Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram y otras cuatro personas fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico en una operación regional con colaboración de la DEA, informó ayer miércoles el ministro de Interior, John Reimberg.
Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, fue arrestado en la ciudad de Guayaquil (suroeste) junto a dos personas. En Panamá, las autoridades detuvieron a otros dos implicados.
“Los cinco ciudadanos registran notificación Roja de Interpol y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico”, señaló Reimberg en su cuenta de X.
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De acuerdo con Reimberg, la agencia antidrogas DEA también participó en la operación regional. Esta acción permitió “poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos”.
El expresidente tildó de “infames” los señalamientos contra su hijo y atribuyó al “odio político” la detención, según un mensaje publicado en X. En 2022, Washington designó como no elegibles para entrar a Estados Unidos al exmandatario, su esposa y tres hijos por “su participación en actos significativos de corrupción”.
La justicia ecuatoriana sentenció en setiembre en primera instancia al expresidente Bucaram y su hijo Jacobo por la venta irregular de pruebas para detectar el covid-19 cuando el país enfrentaba lo peor de la pandemia.
Fuente: AFP
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Operativos militares en Colombia, México y Ecuador intensifican la lucha contra el narcotráfico
Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.
Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.
“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.
De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.
Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.
La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.
El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.
Narco abatido en México
Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.
“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.
González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.
Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.
La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.
El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.
El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.
Base militar de Ecuador
Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.
Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.
La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.
Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.
Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.
La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.
Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.
En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.
Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.
“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.
Ofensiva aérea
Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.
Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.
Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.
Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.
El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.
Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.
El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.
Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.
“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.
“Nadie viene por aquí”
Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.
A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.
Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.
“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.
El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.
Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.
Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.
La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.
“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.
El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Fuente: AFP.
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La espectacular fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil paso a paso
El senador conservador Flávio Bolsonaro protagonizó una rocambolesca fuga de Brasil a Estados Unidos que tuvo en vilo al país durante 24 horas.
Bolsonaro, que perdió las elecciones el domingo contra el presidente Lula, logró dejar Brasil a través de Argentina y con escalada Ecuador pese a tener una prohibición judicial de salir del país.
Esta es la cronología de su fuga, con sus hechos, enigmas y maniobras sospechosas.
Desconocer la derrota
Tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, con semblante sombrío, hace una breve declaración a la prensa desde Brasilia: dice que no reconoce los resultados y que pedirá la anulación de los comicios.
El video
Al día siguiente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro publica un video selfie con un fondo de pared exterior, sin que sea posible saber dónde se encuentra.
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Asegura que la justicia le prohibió salir del país en un intento de intimidarlo, pero dice que nunca pensó desde y se compromete a ejercer de jefe de la oposición.
La prohibición está relacionada con una investigación en su contra por lavado de dinero.
La comitiva vacía
El portal argentino Infobae informa el martes sobre la supuesta intención de Bolsonaro de abordar un vuelo en Puerto Iguazú, una ciudad del noreste argentino, famosa por ser una de las puertas de entrada a las cataratas de Iguazú.
Periodistas, incluido la AFP, constatan la partida de la comitiva oficial de Flávio Bolsonaro desde su casa en Brasilia: tres autos negros, sin que sea posible determinar si el senador se encuentra dentro.
Según periodistas locales, la comitiva se dispersa poco después y cuando el conductor del vehículo de en medio -donde suele viajar el político- baja la ventana, estos constatan que no hay ningún pasajero a bordo.
Sin rastro
En medio de la especulación, una fuente policial confirmó a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados tras haber vencido el plazo para que los entregue.
Medios estadounidenses, que citan fuentes anónimas, informan que Bolsonaro está rumbo a Estados Unidos.
En Brasil, se mantiene el misterio.
Visiblemente estupefacto, su jefe de campaña, Rogério Marinho, dice tras una reunión de urgencia de parlamentarios del Partido Liberal de Bolsonaro que no tiene ninguna noticia de su líder.
“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros. Fue la única comunicación que tuvimos”, dijo a la prensa en Brasilia.
Cruce de frontera
En la madrugada del miércoles, la dirección de migraciones argentina divulga que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera.
Esto ocurre más de 12 horas después de que cirugían las primeras informaciones.
Mientras se le buscaba, Flávio Bolsonaro seguía en Brasil.
El senador pasó a Argentina “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” a través del puente internacional Tancredo Neves, entre la localidad brasileña de Foz de Iguaçu y Puerto Iguazú.
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Además de la brasileña, Bolsonaro tiene la nacionalidad italiana.
Se desconoce cómo llegó hasta allí desde Brasilia, a más de 1.500 kilómetros de distancia.
El avión
Poco después, un avión privado Gulfstream G400 despega del aeropuerto de Puerto Iguazú para llevarlos al puerto ecuatoriano de Guayaquil, según la dirección de migraciones argentina.
En Ecuador, el avión que lleva a los Bolsonaro hace una breve parada para recargar combustible en un aeropuerto desolado.
Reporteros de la AFP constatan que la aeronave despega de nueva.
El sitio FlightAware muestra que su destino es Miami.
Según Flightradar, otro sitio de rastreo de vuelos, unos 927.000 internautas siguen el viaje.
Llegada a destino
Casi 12 horas después de cruzar a Argentina, la familia pisa suelo estadounidense en el aeropuerto de Opa-Locka, Florida.
El excandidato bajó las escaleras del avión vestido con una camisa negra y cargando una mochila, según observa la AFP.
Minutos después suben a una camioneta y parten con rumbo desconocido.
- Fuente: AFP
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