Un conductor mató a 11 personas y dejó decenas de heridos la noche del sábado al estrellar su automóvil contra una multitud en un festival filipino en Vancouver, oeste de Canadá, informaron las autoridades, que descartaron un “acto terrorista” durante la campaña electoral.

El ataque ocurrió durante el último fin de semana de la campaña electoral del país. Los canadienses irán a las urnas el lunes para unas históricas elecciones parlamentarias. El agresor fue reducido por la multitud antes de ser arrestado por la Policía, que declaró estar “convencida de que este incidente no fue un acto terrorista”.

El sospechoso, de 30 años, sufría problemas de salud mental y tenía un historial significativo de interacciones con la policía y profesionales de la salud, dijo el jefe de la policía, Steve Rai, en conferencia de prensa. “Aunque no puedo hacer comentarios en este momento sobre un posible motivo, puedo decir ahora con confianza que las pruebas de este caso no nos llevan a creer que se trate de un acto terrorista”, añadió.

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“Ya hay 11 víctimas mortales confirmadas, y creemos que hay decenas más de heridos, algunos de ellos graves”, prosiguió Rai. El jerarca advirtió que el número de víctimas mortales podría aumentar. Según él, “este es el día más negro de la historia de Vancouver”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó el incidente como “una embestida con vehículo” y afirmó que “no hay amenaza activa” para la población, durante un discurso el domingo.

El hecho se produjo el sábado, poco después de las 20:00 (03:00 GMT del domingo), cuando miembros de la comunidad filipina se congregaron a celebrar el Día de Lapu Lapu, un líder anticolonialista filipino del siglo XVI. Abigail Andiso dijo al Vancouver Sun que escuchó fuertes ruidos y luego gritos: “Había cadáveres. Estaban aplastados. Algunos ya estaban muertos en el momento”.

Imágenes publicadas en internet y verificadas por la AFP muestran un todoterreno negro con el capó dañado en una calle llena de escombros, junto a socorristas atendiendo a personas en el suelo. Sheila Nocasa, que se encontraba en el lugar poco antes del incidente, contó a la AFP que estaba “en estado de shock” y “desolada”.

Muchas comunidades asiáticas, sobre todo chinas, indias y filipinas, viven en el oeste de Canadá, muchas de ellas en los alrededores de Vancouver, la tercera ciudad del país. El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró en un comunicado que estaba “completamente destrozado al enterarse del terrible incidente”.

“Aún no encontramos las palabras para expresar la profunda angustia que nos ha causado esta tragedia sin sentido”, declaró en Instagram el grupo comunitario Filipino BC, organizador del evento del sábado. El rey Carlos III de Inglaterra, jefe de Estado de Canadá, expresó el domingo su “profunda tristeza” por “esta terrible tragedia”.

Dale Selipe, testigo presencial, declaró al Vancouver Sun que vio a niños heridos en la calle después de que el vehículo embistiera a la multitud. Fotos publicadas por la cadena canadiense CBC mostraron a equipos de emergencia en el lugar de los hechos, y grandes multitudes en la fiesta.

El agente de seguridad del festival, Jen Idaba-Castaneto, describió al portal de noticias locales Vancouver Is Awesome que vio “cuerpos por todas partes”. “Quedé impactada al enterarme de la noticia”, declaró a la AFP Julie Dunbar, una jubilada de la capital, Ottawa, el domingo por la mañana. Recordó con tristeza que “lo mismo ocurrió en Toronto” en 2018, cuando un hombre mató a 11 personas con una furgoneta. “Tengo miedo de la sociedad en la que vivimos”.

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El arrollamiento se produce un año después de que el canadiense Nathaniel Veltman fuera condenado a cadena perpetua por atropellar con su camión a una familia musulmana en la calle en Ontario en 2021. Esta sentencia fue la primera en Canadá en establecer un vínculo entre el supremacismo blanco y el terrorismo en un caso de asesinato.

Los canadienses acuden a las urnas el lunes tras una frenética carrera electoral en la que los candidatos han cortejado a los votantes con temas como el aumento del costo de vida y la lucha contra los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Carney es favorito para ganar los comicios después de asegurar a los votantes que puede hacer frente a la avalancha de aranceles de Washington.

Fuente: AFP

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3.659, por el cual dispuso el cierre de la embajada de la República de Paraguay en Canadá. El documento fue firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, el pasado 3 de abril, basado en la nota remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que solicitó el cierre de la representación diplomática en ese país.

La Cancillería argumentó que el pedido de cierre se da por la necesidad de ajustar el presupuesto y buscando una reciprocidad en las relaciones para alcanzar objetivos de eficiencia y economicidad en el gasto de la administración pública, con el fin de racionalizar el uso de los recursos estatales y maximizar el aprovechamiento de los ya existentes, pero “sin descuidar la misión institucional como instrumento de la política exterior”.

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Así también, se señala que esta racionalización involucra a los recursos humanos existentes en el manejo de las relaciones exteriores, que serán redireccionados en las funciones diplomáticas.

“Esta política de optimizar incluye el cierre de la embajada de la República del Paraguay ante Canadá, a fin de reorientar los recursos para atender las necesidades institucionales de carácter prioritario, sin perjuicio que en el futuro dicha sede pueda ser reabierta atendiendo al significativo valor que se otorga a la relación bilateral con el citado país”, menciona el documento.

El Gobierno de Canadá fue debidamente notificado sobre esta decisión. En consecuencia al cierre de esta sede, también se determinará la concurrencia diplomática de la embajada del Paraguay ante este país.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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