Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

Falta de acuerdo provocó la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses del 50 % sobre mercancías valoradas en unos 20.000 millones de dólares.

• AFP

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció ayer medidas de represalia contra el acero y los productos lác­teos estadounidenses tras rechazar el “mal acuerdo” comercial propuesto por Washington, con quien las relaciones se encuentran en su punto más bajo.

Estas medidas, que también afectarán a la industria pape­lera, la maquinaria agrícola y la electrónica, entrarán en vigor el 8 de setiembre, declaró el jefe del Gobierno durante una conferencia de prensa.

Las negociaciones entre ambos países vecinos fraca­saron el viernes en Washing­ton, lo que permitió la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses del 50 % sobre mercancías valoradas en unos 20.000 millones de dólares, equivalentes al 5,5 % de las exportaciones cana­dienses a Estados Unidos.

El presidente estadouni­dense, Donald Trump, había afirmado que Washington “debería poder llegar a un acuerdo con Canadá”, alu­diendo a su “buena relación” con Carney.

“A principios de esta semana creíamos que avanzábamos hacia un acuerdo mutua­mente beneficioso”, pero “en los últimos días Estados Unidos propuso nuevas con­diciones económicamente inviables e injustas (...). En resumen: pidieron dema­siado y ofrecieron muy poco”, afirmó Carney.

“No podemos aceptar lo que han ofrecido ni cederemos a lo que han pedido”, declaró Carney en Ottawa, acusando a Trump de iniciar una “gue­rra” comercial.

El viernes, el represen­tante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró que Washington había ofrecido “reducciones arancelarias significativas en acero, aluminio, auto­móviles y madera” a cam­bio de concesiones por parte de Canadá.

Canadá ha buscado mitigar los efectos de los aranceles impuestos por Trump a auto­móviles, acero y aluminio, que han golpeado la econo­mía del país, provocado la pérdida de empleos y tensado una relación comercial que antaño era inquebrantable.

Las relaciones bilaterales también se han visto afecta­das por las reiteradas ame­nazas de Trump de conver­tir a Canadá en el estado número 51 de su país.

Los nuevos aranceles estadounidenses del 50 % impuestos por el presidente Donald Trump a varios productos canadienses entraron en vigor este sábado tras el fracaso de negociaciones entre Washington y Ottawa.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, prometió que su país igualará los aranceles de Estados Unidos “dólar por dólar para proteger a nuestros trabajadores y empresas”, después de que los negociadores informaron que Washington y Ottawa no habían logrado cerrar un pacto.

Durante toda la semana, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, estuvo en Washington en un intento por frenar esta crisis comercial entre los dos vecinos, cuya relación se ha deteriorado desde el inicio de la segunda presidencia de Trump.

Pero los negociadores cerraron sus reuniones el viernes sin un acuerdo, lo que dio paso a la implementación a las 00:01 locales (04:01 GMT) de las nuevas tarifas. La falta de un acuerdo definitivo supuso la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50 %, que afectan a mercancías por valor de unos 20.000 millones de dólares, lo que representa el 5,5 % de las exportaciones canadienses a Estados Unidos.

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Los productos afectados abarcan desde palos de hockey hasta cemento. “Pese a la oferta de Estados Unidos para que Canadá recibiera un mejor trato que cualquier otro exportador en nuestro mercado, nuevas demandas y retrocesos en otros compromisos de Canadá han alterado el frágil equilibrio alcanzado en los últimos días”, dijo el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

“Esta noche, Canadá se negó a cerrar el acuerdo comercial bajo los términos pactados a principios de esta semana”, añadió Greer. Aseguró que el gobierno estadounidense ofreció gravámenes más bajos en sectores específicos como el acero y el aluminio, el automovilístico y el maderero, a cambio de concesiones por parte de Canadá, las cuales no detalló.

Greer indicó que Canadá mantenía sus “represalias prolongadas” contra Estados Unidos, incluidas prohibiciones sobre ciertos bienes y servicios estadounidenses. Los líderes regionales de Canadá dijeron que Washington se mostró especialmente molesto por el retiro del alcohol y el vino estadounidenses de las tiendas.

La Casa Blanca alegó un “trato discriminatorio” de Canadá contra productos alcohólicos, automovilísticos y lácteos de Estados Unidos, a pesar de que Carney había pedido el miércoles a las provincias volver a surtir bebidas alcohólicas provenientes de su vecino.

“Los cambios de última hora en los términos propuestos por Estados Unidos eran injustos, antieconómicos y ponían en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo”, dijo el líder en el texto, en el que explicó la negativa de Ottawa a firmar el acuerdo.

Carney también precisó que, si bien Washington y Ottawa lograron “avances importantes” en las últimas semanas, esto “no fue suficiente para cumplir nuestros objetivos en beneficio de los canadienses”.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Canadá solicitó concesiones adicionales que Estados Unidos no podía otorgar. No obstante, añadió que las conversaciones fueron francas, que no estuvieron marcadas por la hostilidad y que, por el momento, no hay más reuniones programadas.

Ryan Majerus, exfuncionario de Comercio de Estados Unidos, declaró a la AFP que “si Canadá acordó imponer también aranceles de represalia, eso hará mucho más difícil rebajar la tensión” y agregó que “ambas partes se verán sometidas a una presión considerable en los próximos días para encontrar una salida”.

Christopher Padilla, exfuncionario estadounidense que actualmente trabaja para Brunswick Group, dijo a la AFP que existe “mucha esperanza entre las empresas de ambos lados” de alcanzar un acuerdo que permita “pasar página a dieciocho meses muy difíciles en la relación entre Estados Unidos y Canadá”.

Los nuevos recargos aduaneros de Estados Unidos, anunciados en julio, iban a entrar en vigor el miércoles pasado, pero Trump otorgó tres días adicionales a la luz del progreso en las conversaciones.

Más temprano el viernes, el republicano había expresado su confianza al asegurar que Estados Unidos “debería poder llegar a un acuerdo con Canadá”, al resaltar su “buena relación” con Carney.

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Ottawa buscaba un alivio de los aranceles de Trump, que han golpeado la economía canadiense con pérdida de empleos y tensionado la otrora próspera relación comercial entre ambos socios. Carney también dijo que el país necesita diversificarse y reducir su dependencia de Estados Unidos, que ostenta casi el 70 % de las exportaciones de Canadá.

Luego de estas infructuosas negociaciones, Estados Unidos y Canadá todavía deben ponerse de acuerdo sobre las revisiones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC, que Trump se negó a renovar el mes pasado y que comparten con México.

Fuente: AFP