Las personas que contraen COVID-19 infectan a aproximadamente la mitad de los habitantes de sus hogares, y los adultos parecen ser más contagiosos que los niños, según un estudio realizado por funcionarios de salud estadounidenses difundido el viernes.
Muchas investigaciones han intentado determinar el riesgo exacto de transmisión al interior de las familias bajo el mismo techo, con resultados muy variables, pero sugiriendo que los niños tienen menos probabilidades de ser vectores del coronavirus que los adultos.
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El nuevo estudio de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) se basa en 101 casos de COVID-19 en dos ciudades, Nashville (Tennessee) y Marshfield (Wisconsin), hasta el mes de abril.
Los investigadores estudiaron a 191 miembros del hogar de estos 101 casos “índice”, pidiéndoles que llevaran un diario de sus posibles síntomas y que recolectaran muestras (nasales y/o de saliva) durante 14 días. Como resultado, 102 de estos 191 casos de contacto terminaron con pruebas de diagnóstico positivas, lo que representa una tasa de infección secundaria del 53%.
Entre los primeros 20 casos menores de 18 años, la tasa de infección secundaria fue del 43%, mientras que fue del 57% para los 82 adultos. Sin embargo, los pocos casos donde los menores eran los índices (solo 20) dificultan la generalización del resultado.
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Los autores concluyen en que “se han producido transmisiones significativas, ya sea que el paciente índice sea un adulto o un niño”. Otra lección es que menos de la mitad de los miembros del hogar infectados tenían síntomas cuando dieron positivo, lo que subraya el riesgo de transmisión asintomática.
Los CDC recomiendan que las personas que piensan que han sido infectadas se aíslen en casa, duerman en una habitación separada, usen un baño separado si es posible y porten una máscara.
Fuente: AFP.
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Adultos mayores y menores de 2 años concentran el 53 % de las internaciones por virus respiratorios
Este viernes, el Ministerio de Salud informó que la carga de internación por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) se concentra fuertemente en las edades extremas como adultos mayores de 60 años y niños menores de 2 años, que representan el 53 % de las hospitalizaciones. En lo que va del año reportan 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios.
Según el reporte de Vigilancia de la Salud, las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves en las semanas epidemiológicas (SE) 40 a la (SE) 43, un total de 1.079 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias en los centros centinelas. De este número, el 18 % ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
“Las personas de 60 años y más lideran los ingresos hospitalarios con el 28 %, seguido por la franja de niños de menos de 2 años, que representa el 25 %, totalizando el 53 % de los internados. En la última semana se observa un descenso de internados”, resaltaron en el reporte.
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Afirmaron que la proporción de hospitalizados por infecciones respiratorias agudas se ubica por encima de la curva promedio. Siendo el rhinovirus el predominante entre los pacientes en un 57 %. Le siguen en frecuencia
- el metapneumovirus
- el virus sincitial respiratorio (VSR)
- influenza B,
- SARS-CoV-2
- adenovirus
- y parainfluenza e influenza A (H3N2).
En lo que va del 2026, se mantienen en 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios. En estas últimas cuatro semanas se confirmaron 19 decesos asociados a la enfermedad. Desde la cartera sanitaria se recuerda no enviar a los niños con síntomas respiratorios a la escuela, colegio ni a la guardería, en cumplimiento de los filtros escolares.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Paraguay y Japón avanzan en nuevas estrategias para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos
La evaluación de un biolarvicida ecológico, los estudios sobre la resistencia de los mosquitos a los insecticidas y el desarrollo de un modelo de predicción fueron algunos de los principales resultados de un proyecto de cooperación entre Paraguay y Japón orientado a mejorar la prevención de enfermedades transmitidas por estos vectores.
Los avances fueron presentados durante el Seminario Internacional para la Prevención de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos, realizado en el Gran Hotel del Paraguay, donde se expusieron las experiencias y evidencias obtenidas a partir del trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Kyushu Medical.
La iniciativa, denominada Estudio de verificación empresarial de los ODS con el sector privado para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos mediante la introducción de la biolarvicida ecológica en Paraguay, apuntó a incorporar alternativas para combatir la proliferación de mosquitos y fortalecer las acciones de vigilancia y control vectorial.
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Resultados
Entre los aspectos abordados durante el encuentro figuraron los resultados generales del proyecto, las pruebas realizadas en terreno para comprobar la efectividad de las herramientas implementadas, el análisis de poblaciones de mosquitos resistentes a los insecticidas y la elaboración de un modelo de predicción.
Estos estudios representan un aporte para mejorar la planificación de las intervenciones sanitarias, especialmente ante la necesidad de contar con métodos de control más eficaces y sostenibles frente a enfermedades como el dengue, el zika y la chikunguña.
El seminario también permitió intercambiar experiencias sobre los procedimientos utilizados y analizar las posibilidades de aprovechar los conocimientos generados para fortalecer las estrategias nacionales de prevención.
Participaron representantes de Kyushu Medical, JICA y SENEPA, además de autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
La experiencia de cooperación entre Paraguay y Japón deja como principal aporte la generación de evidencia científica y herramientas técnicas que pueden contribuir a mejorar la respuesta frente a los mosquitos transmisores de enfermedades, en un escenario donde la vigilancia, la prevención y el control oportuno siguen siendo fundamentales para proteger la salud de la población.
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Plantean hasta 20 años de cárcel para quienes alteren la identidad biológica de niños
Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.
Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.
El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.
En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.
Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.
En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.
Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.
Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.