Los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford, se han reanudado en Japón, pero no aún en Estados Unidos, donde el gigante farmacéutico británico anunció el viernes estar colaborando con las autoridades.
Según el diario Financial Times, el organismo regulador de los alimentos y los medicamentos en Estados Unidos, la FDA, decidió investigar en mayor profundidad el grave incidente sufrido por un participante en los ensayos, que provocó hace unas semanas una breve interrupción de los mismos en todo el mundo. “El ensayo clínico de fase I/II de la vacuna COVID-19 AZD1222 se ha reanudado en Japón tras las conversaciones con la Agencia de Medicamentos de Japón”, anunció AstraZeneca en un comunicado el viernes.
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Y añadió: “Seguir trabajando con la FDA para facilitar el examen de la información necesaria para tomar una decisión sobre la reanudación de los ensayos en Estados Unidos”. Contactados por la AFP en Londres, los portavoces del grupo británico no respondieron de momento a la petición de comentarios.
La vacuna de Oxford-AstraZeneca, uno de los proyectos en estado más avanzado y que despierta grandes expectativas, vio sus ensayos clínicos interrumpidos el 6 de setiembre debido a la enfermedad “inexplicada” de un participante.
Un comité independiente analizó el caso y determinó que no se trataba de un efecto secundario de la vacuna. “Sus recomendaciones fueron aceptadas por los reguladores nacionales del Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, India y ahora Japón, que creen que los ensayos son seguros y se pueden reanudar”, afirmó el grupo en su comunicado.
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La OMS ha identificado 35 “vacunas candidatas” actualmente en ensayos clínicos con humanos en todo el mundo. Nueve ya están en la etapa final o a punto de entrar en ella. La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) estima “que se podría tardar al menos hasta principios del 2021 para que una vacuna contra el COVID-19 esté lista para su aprobación y disponible en cantidades suficientes” para su uso en todo el mundo.
Fuente: AFP.
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Takeshima: ¿por qué Japón desearía ir hasta La Haya?
- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
Hay disputas territoriales que se libran con flotas y otras con comunicados. La de Takeshima, que Corea del Sur llama Dokdo, pertenece a la segunda categoría, aunque no por eso es menos reveladora. Son dos islotes rocosos en el mar entre Japón y Corea del Sur que desde hace décadas envenenan la relación entre dos aliados de Estados Unidos que deberían estar mucho más unidos frente a Beijing y Pyongyang.
No se discute que el lugar está bajo control surcoreano desde 1954, con policía costera e instalaciones permanentes. Lo que sí se discute es si ese control es legítimo, y ahí el caso japonés es más sólido de lo que suele admitirse fuera de Asia.
EL ARGUMENTO DEL USO HISTÓRICO
Tokio sostiene que sus navegantes conocían y usaban las islas desde el siglo XVII. Cuando en 1696 el shogunato de Edo prohibió viajar a Utsuryo, la veda no alcanzó a las islas más pequeñas, lo que para Japón indica que las consideraba un asunto propio. Es una inferencia razonable, aunque no una prueba definitiva, y los historiadores coreanos leen los mismos documentos de otra manera.
1905: EL HECHO QUE COREA CONVIERTE EN PECADO ORIGINAL
El 28 de enero de 1905, el Gabinete Meiji incorporó las islas a la prefectura de Shimane. Seúl lo presenta como el primer paso de la colonización, y es verdad que cinco años después Japón anexó la península. Pero una cosa es la cronología y otra la causalidad jurídica: el acto fue público y no suscitó protesta coreana registrada, algo que el derecho internacional valora. Quien quiera probar que fue un acto colonial encubierto debe demostrar más que una coincidencia de fechas.
SAN FRANCISCO Y LA CARTA DE RUSK
El Tratado de San Francisco (1951) obligó a Japón a renunciar a Corea y menciona Jeju, Geomundo y Utsuryo. Takeshima no figura. Corea pidió agregarla, y Washington respondió con la carta del subsecretario Dean Rusk, que sostenía que las islas nunca habían sido tratadas como parte de Corea. Se puede objetar que no es un tratado. Es cierto, pero fue la lectura de la potencia que redactó el orden de posguerra.
LA LÍNEA RHEE Y EL PROBLEMA DE LA FUERZA
En enero de 1952, el presidente Syngman Rhee trazó unilateralmente una línea marítima que incluía los islotes. Más que derecho aplicado, parece un hecho consumado, y los hechos consumados, por duraderos que sean, no equivalen a un título. Por eso Japón habla de “ocupación ilegal”.
LA PREGUNTA QUE IMPORTA
Japón propuso llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia en 1954, 1962 y 2012. Corea del Sur dijo que no las tres veces, alegando que no hay disputa que dirimir. Pero si dos Estados reclaman lo mismo y se protestan cada año, la disputa existe, y un país seguro de su título suele ser el primero en querer una sentencia. Negar la jurisdicción es un derecho; aun así, aceptar un árbitro tiene un valor simbólico que el rechazo no iguala.
LO QUE DICE EL OTRO LADO
Corea sostiene que las islas aparecen en fuentes coreanas anteriores, que el decreto imperial de 1900 las incluyó en la jurisdicción de Ulleungdo y que Japón mismo, en 1877, declaró que Takeshima nada tenía que ver con el país. Añade que la carta de Rusk no es vinculante y que el trasfondo colonial hace que todo reclamo japonés suene a herida mal cerrada.
Ninguna de las dos capitales ganará esta discusión por fatiga. Pero si Japón acierta en algo, es en insistir en que las disputas se resuelven con reglas, no con policías apostados en una roca. Corea, una democracia moderna y confiada, tendría mucho que ganar demostrando que su título aguanta el escrutinio de La Haya. Mientras no lo haga, la pregunta seguirá flotando sobre esas dos piedras: ¿por qué no ir a un tribunal?
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Un dólar sin paracaídas
Por: Antonella Mateu
La depreciación de más del 30 % del dólar frente al guaraní modifica los costos de importación, la rentabilidad exportadora y las obligaciones financieras. El analista Stan Canova explica quiénes se benefician, quiénes enfrentan mayores desafíos y qué esperar para 2027.
El dólar atraviesa un cambio de tendencia que impacta en distintos sectores de la economía paraguaya. Según el analista financiero Stan Canova, el debilitamiento de la divisa estadounidense, iniciado en 2025, dejó de ser un fenómeno pasajero para convertirse en una nueva realidad del mercado cambiario.
Para comprender este comportamiento, el especialista destacó del Dollar Index o Índice Dólar, un indicador creado en la década de 1970 que mide la evolución del dólar frente a una canasta de monedas internacionales. Su cambio de tendencia durante el primer trimestre de 2025 precedió al impacto de la cotización frente al guaraní.
La cotización del dólar pasó de niveles cercanos a G. 8.000 a tocar un piso de G. 5.500, lo que representa una caída superior al 30 %. Stan vinculó esta dinámica con varios factores, entre ellos las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, las tensiones geopolíticas, los aranceles impulsados por Donald Trump, el rendimiento de los bonos estadounidenses y el fortalecimiento del oro como refugio de valor.
El movimiento tiene efectos desiguales. “Estamos ante una nueva realidad”, sostuvo el analista, al advertir que la evolución cambiaria redefine las ventajas y dificultades para empresas, consumidores y el Estado.
Importadores ganan, exportadores pierden margen. Entre los beneficiados aparecen los importadores, que pueden adquirir productos en dólares utilizando menos guaraníes. Este escenario también puede favorecer a los consumidores mediante menores costos de productos importados, aunque el efecto final depende de otros componentes, como los precios internacionales y los costos internos.
Quienes tienen préstamos o compromisos financieros en dólares también pueden experimentar un alivio al convertir sus obligaciones a guaraníes.
En contrapartida, los exportadores reciben menos moneda local por cada dólar ingresado, lo que puede reducir sus márgenes si sus costos se mantienen en guaraníes. El Gobierno también siente el efecto en determinados ingresos denominados en dólares, como tarifas de importación y royalties.
¿Qué esperar para 2027? La evolución del tipo de cambio seguirá siendo determinante para las decisiones empresariales y financieras. Stan señaló que el Banco Central del Paraguay proyecta un dólar débil incluso para 2027.
En este contexto, importadores y deudores en dólares podrían mantener ciertas ventajas, mientras que exportadores y sectores que dependen de ingresos en moneda extranjera deberán prestar especial atención a sus costos y márgenes.
La clave será comprender que las variaciones cambiarias no afectan a todos por igual y que sus efectos también dependen de la estructura de ingresos, gastos y obligaciones de cada actividad.
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Paraguay y Japón avanzan en nuevas estrategias para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos
La evaluación de un biolarvicida ecológico, los estudios sobre la resistencia de los mosquitos a los insecticidas y el desarrollo de un modelo de predicción fueron algunos de los principales resultados de un proyecto de cooperación entre Paraguay y Japón orientado a mejorar la prevención de enfermedades transmitidas por estos vectores.
Los avances fueron presentados durante el Seminario Internacional para la Prevención de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos, realizado en el Gran Hotel del Paraguay, donde se expusieron las experiencias y evidencias obtenidas a partir del trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y Kyushu Medical.
La iniciativa, denominada Estudio de verificación empresarial de los ODS con el sector privado para el control de enfermedades transmitidas por mosquitos mediante la introducción de la biolarvicida ecológica en Paraguay, apuntó a incorporar alternativas para combatir la proliferación de mosquitos y fortalecer las acciones de vigilancia y control vectorial.
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Resultados
Entre los aspectos abordados durante el encuentro figuraron los resultados generales del proyecto, las pruebas realizadas en terreno para comprobar la efectividad de las herramientas implementadas, el análisis de poblaciones de mosquitos resistentes a los insecticidas y la elaboración de un modelo de predicción.
Estos estudios representan un aporte para mejorar la planificación de las intervenciones sanitarias, especialmente ante la necesidad de contar con métodos de control más eficaces y sostenibles frente a enfermedades como el dengue, el zika y la chikunguña.
El seminario también permitió intercambiar experiencias sobre los procedimientos utilizados y analizar las posibilidades de aprovechar los conocimientos generados para fortalecer las estrategias nacionales de prevención.
Participaron representantes de Kyushu Medical, JICA y SENEPA, además de autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
La experiencia de cooperación entre Paraguay y Japón deja como principal aporte la generación de evidencia científica y herramientas técnicas que pueden contribuir a mejorar la respuesta frente a los mosquitos transmisores de enfermedades, en un escenario donde la vigilancia, la prevención y el control oportuno siguen siendo fundamentales para proteger la salud de la población.
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