El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.

La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.

El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.

“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.

“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.

Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.

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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.

La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.

El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.

Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.

“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.

El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.

Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.

“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.

“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.

El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.

Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.

“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.

• Fuente: AFP

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El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la lucha contra las organizaciones criminales y grupos terroristas será prolongada y afirmó que la única respuesta posible pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, como ser la Policía Nacional, al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI); pero también un trabajo social con las familias campesinas.

El mandatario, que se encuentra desarrollando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mantuvo una charla con varios medios de prensa, donde fue consultado respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el ataque al puesto policial que ocurrió días atrás en la comunidad de Naranjito, Canindeyú.

Enfatizó que el trabajo de la lucha contra el crimen organizado y grupos terroristas se combate con presencia del Estado. “Me encantaría decir que hay una solución rápida a estos problemas, y una solución mágica; pero no. Esto es trabajo duro y puro y hay que continuar fortaleciendo a las instituciones del Estado“, remarcó.

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Al respecto, resaltó que la presión ejercida por el Estado en los departamentos del norte provocó el desplazamiento de grupos criminales hacia otras zonas del país. Señaló que actualmente en el Este convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, invasiones de tierras y algunas células del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Hace más de 10 años, bajo la presidencia de Horacio Cartes, se impulsó la Fuerza de Tarea Conjunta y la presencia más activa en los departamentos del norte: San Pedro, Concepción y Amambay. Esa mayor presencia también ayudó al desarrollo de emprendimientos legales formales; hoy estamos viviendo una transformación del departamento de Concepción a través de todo lo que es la industria forestal, se está haciendo la mayor inversión privada en la historia del Paraguay, en el proyecto Paracel”, remarcó.

Por tanto, señaló que ahora el trabajo del Gobierno es fortalecer el trabajo de inteligencia, de prevención y de investigación. Indicó que ayer jueves mantuvo una reunión en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena), donde confluyen todas las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad interna, que sigue trabajando sin descanso para mejorar el sistema de seguridad interna.

En ese sentido, anunció que el CODI ampliará su cobertura territorial como parte de las medidas adoptadas luego del ataque armado contra el puesto policial. Asimismo, aseguró que el Estado responderá con todas las herramientas legales al atentado ocurrido en Canindeyú. Ratificó que fortalecerán la inteligencia, la prevención y las operaciones de seguridad.

El mandatario señaló que, más allá de fortalecer las instituciones de seguridad, su Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato en la regularización de la propiedad rural, el acceso al título de propiedad y, a su vez, el acceso a créditos financieros, que forman parte de la estrategia para reducir espacios aprovechados por organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el campo.

Indicó que es un tema que se tiene que abordar de forma constante. Señaló que actualmente, en el acceso a la tierra en estos casi tres años de mandato, su administración ha logrado entregar más títulos de propiedad que lo que se había hecho en diez años anteriores.

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Durante la sesión ordinaria de este martes la Cámara de Diputados sancionó el “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el establecimiento de una Oficina de Programas de la UNODC en el Paraguay”.

El documento fue suscrito en Asunción y Bogotá D.C. el 6 de junio de 2025 y tiene como objetivo principal establecer una sede de la Oficina de Programas de la UNODC en el país.

Se prevé que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ceda un espacio físico destinado para el funcionamiento de dicha oficina.

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Asimismo, se establece que, respecto a la permanencia del personal de la UNODC en las instalaciones de la institución, la República del Paraguay aplicará, conforme al principio mutatis mutandis, los términos previstos en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York en 1946.

Se explica que el principio mutatis mutandis, refiere a que se harán los ajustes necesarios, para hacer los cambios que deban realizarse, sin alterar el sentido de la norma. Es decir implica que las normas citadas serán aplicadas con las modificaciones necesarias, conforme al acuerdo.

La aprobación del acuerdo representa un paso significativo para optimizar la cooperación internacional en beneficio del Paraguay. Esto, considerando que contribuirá al fortalecimiento institucional para enfrentar con mayor eficacia los desafíos relacionados con las drogas y la delincuencia.

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El máximo organismo de derechos humanos de Brasil exhortó el viernes a la ONU y la FIFA a actuar contra un “patrón transnacional” de racismo durante el Mundial 2026, al citar los insultos racistas contra el astro francés Kylian Mbappé y otros ataques de odio. A dos días de la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, el asunto cobró protagonismo a medida que se multiplicaron los episodios racistas en tribunas, redes sociales y declaraciones de políticos.

Una senadora paraguaya dijo que Mbappé “chupó cocos” en lugar de leche materna y el exjefe del gobierno español Mariano Rajoy cuestionó la nacionalidad de los jugadores de Francia, además de registrarse ataques masivos en redes contra futbolistas neerlandeses negros tras fallar penales.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos brasileño denunció “la existencia de un patrón transnacional de racismo estructural, discriminación racial y discurso de odio observado a lo largo de la Copa del Mundo 2026”, según un comunicado enviado a la AFP.

La comisión exigió a la ONU y la FIFA que los países sede (Estados Unidos, México y Canadá), los participantes y el organismo rector del fútbol investiguen los incidentes y adopten medidas de rendición de cuentas y reparación a las víctimas. Su presidenta, Ivana Leal, citó cifras del propio sistema de monitoreo de la FIFA: solo en la fase de grupos se rastrearon más de 6 millones de publicaciones en redes sociales, de las cuales 89.000 tenían contenido abusivo, con miles de mensajes racistas. El número multiplica por 13 los casos de Catar 2022.

“La Copa del Mundo congrega a millones de personas y debería representar el encuentro entre pueblos y culturas”, dijo Leal en el comunicado. Pero los datos demuestran que el racismo “sigue siendo un desafío global” para los derechos humanos, lamentó. Brasil es escenario frecuente de incidentes racistas y ha avanzado en una legislación rigurosa para castigarlos. Su estrella Vinicius Jr, víctima de insultos en la cancha en numerosas ocasiones, se ha erigido como una voz combativa contra este flagelo.

Fuente: AFP.