El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó ayer viernes haber transferido todas las reservas de bitcoin del país a un operador privado como parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cuestión del bitcoin ha sido un elemento central del acuerdo desde que Bukele suscribió con el FMI la línea de crédito por 1.400 millones de dólares, que prevé varios desembolsos. En el marco de esas negociaciones, el gobierno retiró el bitcoin como moneda de recurso legal en enero de 2025.

El jueves, en un nuevo paso hacia el desmonte, el FMI anunció un acuerdo preliminar para desbloquear casi 140 millones de dólares en nuevos fondos, como parte de un programa de austeridad. La decisión se produjo después de que el gobierno demostrara que sus continuas compras de bitcoins se financiaban con donaciones privadas y no con dinero público.

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El FMI informó que “la participación pública en la billetera Chivo se ha reducido sustancialmente y continúan los esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias de bitcoin”.

“La propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes”, añadió el organismo en un comunicado.

Al desmentir versiones de prensa, Bukele aseguró en X que “lo único que se transfirió fueron las acciones de Chivo (...) y NO la Reserva Estratégica de Bitcoin”. La reserva asciende a 618 millones de dólares.

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El plan del FMI exige que El Salvador reduzca el experimento con el bitcoin, que lo convirtió en un favorito de la industria de las criptomonedas y en una curiosidad en las finanzas mundiales. “En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, subrayó el FMI el jueves.

Fuente: AFP

Paraguay se posicionó como el cuarto país con mayor participación en el hashrate global de Bitcoin (minería de criptomonedas), con aproximadamente un 4,3 % del total mundial, ubicándose por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, según reportes recientes de Hashrate Index, un portal internacional dedicado al análisis de la industria minera de bitcoin.

Además, cuenta con más de 40 EH/s (exahashes por segundo) de aporte a la red, liderando actualmente en Latinoamérica. Dicho crecimiento estuvo impulsado por la energía eléctrica abundante, barata y renovable proveniente principalmente de las represas de Itaipú y Yacyretá, factores que han convertido al país en un punto estratégico para la instalación de operaciones vinculadas a la minería de criptomonedas.

Se detalló además que las mineradoras operan con instalaciones que cuentan con medidores especiales y pagan una tarifa superior a la del consumo residencial o industrial. En torno a ello, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) espera recaudar este año 350 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la que hubiera recibido mediante la venta de esa energía a países vecinos.

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Al respecto, Cecilia Maio, analista y fundadora de Ransen Group, se refirió acerca de la resolución 40/2026 emitida en marzo por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que establece nuevas obligaciones informativas para el sector de criptoactivos, agregando que incluso abarca operaciones como uso, transferencias, y un universo importante de ítems.

“Lo que lanza la DNIT en esta regulación, que es la 47/2026, es que es una obligación informativa sobre este tipo de operaciones. No hay un marco regulatorio general ni integral, sino lo que dicen es que se tiene que empezar a informar sobre el uso de criptoactivos”, comentó a la 1020 AM.

Dicha normativa llegó en el contexto en el que nuestro país quedó como el cuarto país con mayor participación en hashrate de bitcoin a nivel global, impulsado por su energía y capacidad operativa. En ese sentido, Maio indicó que la regulación es retroactiva, empezando a funcionar desde el mes de enero de este año y aclaró que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es un régimen de información que debe ser tomado como tal.

“Tiene ciertas novedades porque alcanza a todos los que lo usan, ya sean personas físicas, jurídicas, a todas las plataformas, siempre que superen los USD 5 mil anuales en operaciones. Es una de las cosas importantes”, explicó sobre las novedades, detallando que los integrantes del sector deberán solicitar la inclusión en el Registro Único del Contribuyente (RUC) a efectos de presentar la declaración jurada informativa a través del Sistema Marangatú.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General n.º 47, estableciendo la primera obligación informativa específica para el sector cripto en el país. Si bien no se trata de un nuevo impuesto, la norma introduce una exigencia de trazabilidad que obliga a los contribuyentes a registrar minuciosamente sus movimientos operativos.

La normativa estipula que cualquier persona física o jurídica residente en Paraguay que supere los USD 5.000 anuales en transacciones con criptoactivos deberá presentar una Declaración Jurada Informativa de Criptoactivos (DJI Criptoactivos) a través del sistema Marangatu.

La obligación no se limita a exchanges o mineros; afecta a cualquier rubro que utilice criptoactivos en su operativa. Esto incluye desde empresas agropecuarias que cobran en USDT hasta comercios minoristas que aceptan stablecoins o estudios jurídicos que pagan honorarios en Bitcoin.

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Estos son los datos exigidos por el fisco por cada operación:

• Identificación temporal: Fecha y hora exacta de la transacción.
• Datos de las partes: Nombre, RUC/NIF y domicilio fiscal de los intervinientes, o en su defecto, las direcciones públicas de las wallets involucradas.
• Precisión técnica: Denominación del activo, red utilizada y cantidad negociada hasta el décimo decimal.
• Valores y costos: Valor bruto en dólares al momento del movimiento, comisiones (gas fees) y tasas soportadas.
• Huella digital: El identificador único de la transacción (hash) con las direcciones de

Aunque la primera declaración vencerá en marzo de 2027 (para cierres al 31 de diciembre), la habilitación de la obligación 959-DJI Criptoactivos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) debe gestionarse de forma inmediata.

La actualización del RUC fuera de plazo genera sanciones por contravención. También se podrá aplicar multas por presentación tardía de la DJI, además de posibles responsabilidades administrativas.

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El bitcóin alcanzó un nuevo máximo el jueves por la mañana en las primeras operaciones bursátiles asiáticas, al superar por primera vez la barrera de los 124.000 dólares, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos. La estrella de las criptomonedas batió su anterior récord del 14 de julio (123.205 dólares), al tocar brevemente los 124.500 dólares antes de retroceder.

Hacia las 2:35 GMT, se cotizaba a unos 123.400 dólares por unidad. Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes subidas el miércoles en Wall Street, donde el índice ampliado S&P 500 y el tecnológico Nasdaq terminaron con récords, lo que contribuyó al alza de la criptomoneda.

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El bitcóin lleva varios meses en avance, apalancado también por el clima legislativo favorable a las criptomonedas creado por el presidente estadounidense, Donald Trump. “El mercado de las criptodivisas se beneficia de unas condiciones fundamentales muy favorables”, recordó recientemente Samer Hasn, analista de mercado de XS.com.

En el plano normativo, las batallas legales importantes emprendidas por la autoridad reguladora estadounidense del sector también fueron cerradas. Según Hasn, Trump también podría estar inclinado a acelerar la integración de las criptomonedas en el sistema financiero nacional y a levantar restricciones adicionales, dada su creciente implicación y la de su familia en ese sector.

Fuente: AFP.

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