El abogado de la actriz, Ben Rottenborn, pidió que el caso sea desestimado, argumentando que su defendida no escribió el titular de la columna de El Washington Post, donde se presentó como una víctima de violencia doméstica. Sin embargo, un juez rechazó la petición y ahora se espera que la actriz suba al estrado a testificar. Foto: AFP
Abogados de Amber Heard pidieron desestimar el caso: juez lo rechazó
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Si hay un caso del que el mundo está pendiente, es del juicio por difamación que entabló la estrella del cine Johnny Depp contra su exesposa, la también actriz, Amber Heard. Él pide US$ 50 millones, ella US$ 100 millones. Ambos se acusan de violencia doméstica y hasta ahora, el planeta está al lado de Depp, quien ya declaró y mostró evidencia de la violencia del que era víctima por parte de su exmujer.
Esta semana, le toca testificar a Heard y ahí, puede darse un cambio en la opinión de los fans de ambas estrellas; sin embargo, todo hace suponer que eso no ocurrirá, ya que el abogado de la actriz, Ben Rottenborn, pidió que el caso sea desestimado, argumentando que su defendida no escribió el titular de la columna de El Washington Post, donde se presentó como una víctima de violencia doméstica.
Recordemos que la demanda de Depp tiene como causa este artículo, que si bien no lo nombra, le costó ser despedido de proyectos cinematográficos en los que estaba trabajado, como los Piratas del Caribe, lo que supuso millones de dólares en pérdidas, además del repudio de la industria de la que forma parte.
Los asesores jurídicos de Depp respondió que éste tiene derecho a interponer una demanda por difamación contra su exesposa y que las declaraciones de varios testigos así lo demuestran. Foto: AFP
Ante la solicitud del representante legal de Heard, los asesores jurídicos de Depp respondió que éste tiene derecho a interponer una demanda por difamación contra su exesposa y que las declaraciones de varios testigos así lo demuestran. Ya testificaron un agente, chofer, guardaespaldas, asesor financiero, una psicóloga, todos llamados por el equipo del actor.
A decir del abogado de Depp, Benjamín Chew, la actriz diseñó “una estafa” para obtener los 7 millones de dólares del acuerdo de divorcio, que supuestamente iba a donar pero que finalmente solo terminó dando US$ 350.000.
Un juez del caso denegó la petición del abogado de Heard y ahora se espera que la actriz cuente su verdad. Ambos actores se conocieron en el 2009, en el set de la película “Diario de un seductor” y se casaron en febrero de 2015. Su divorcio finalizó dos años después.
Ambos actores se conocieron en el 2009, en el set de la película “Diario de un seductor". Foto: AFP
El juicio oral contra Arnaldo Giuzzio sigue este martes a las 08:00 con la declaración de los últimos testigos y la exposición de otras pruebas. Foto: Matías Amarilla
El exministro Arnaldo Giuzzio enfrenta los últimos días de juicio oral por cohecho pasivo
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El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez —acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua— continúa este martes a partir de las 08:00. Durante la jornada podrían declarar los últimos testigos para posteriormente ingresar a la etapa final de la audiencia oral.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado. Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021. Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad. “Confirmó que ese vehículo fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado de la Senabico que utilizaba el Ministerio del Interior en ese entonces y que fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
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Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció ayer una campaña de “difamación” contra Israel y sus colonos en Cisjordania ocupada, después del ataque contra una comitiva diplomática europea.
Estas informaciones “surgen en medio de la preocupación por una campaña coordinada para difamar a Israel y a los residentes judíos de Judea y Samaria durante la cosecha anual de aceitunas, recurriendo a titulares sensacionalistas antes de que se conozcan todos los hechos”, señaló su oficina en un comunicado, utilizando el nombre bíblico de Cisjordania.
Poco antes, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, había “condenado enérgicamente estos graves actos de violencia” y atribuido el ataque a “alborotadores israelíes”.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia. Foto: Gentileza
Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
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Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo. Foto: Gentileza
Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.