En el 2015 había salido a la luz un sextape que involucraba al futbolista Matthieu Valbuena y por el que supuestamente fue chantajeado por el también jugador de fútbol Karim Benzema. Desde entonces ni Benzema ni Valbuena han vuelto a jugar por la selección francesa.
Ahora, la fiscalía de Versalles, situada al sur de París, pidió el enjuiciamiento del delantero del Real Madrid Karim Benzema, acusado por “complicidad de intento de chantaje” a Matthieu Valbuena, según informó la prensa internacional.
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Al mismo tiempo, la fiscalía también pidió enjuiciamiento para otros cuatro hombres del mundo del fútbol, en tanto que solicitó el sobreseimiento para Djibril Cissé, quien fue el primero en informar a Valbuena sobre la existencia del vídeo.
Se trata de un supuesto video íntimo de Matthieu, que estaba en manos de tres hombres cercanos a los futbolistas y que supuestamente usaron para extorsionarlo. Karim Zenati, quien era amigo de infancia de Benzema y uno de los presuntos chantajistas, contactó con el jugador para convencerlo de que pagara.
Zenati y Benzema habrían ideado planes para entrar en contacto con Valbuena. Uno de ellos consistía en llegar a él a través de uno de sus compañeros de equipo, motivo por el cual habrían contactado con Karim Zenati. Ambos fueron sospechosos en un primer momento de “complicidad en intento de chantaje” y de “participación en asociación de malhechores”. Ese último cargo finalmente fue rechazado.
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Karim Benzema fue imputado en noviembre del 2015, pocos meses antes de la Eurocopa-2016 que se disputó en Francia, por “complicidad de tentativa de chantaje” y “participación en una asociación de malhechores”, delitos pasibles con hasta cinco años de cárcel. El jugador del Real Madrid también se expone a una multa de 75.000 euros (84.200 dólares).
Por otro lado, el encargado de la defensa de Valbuena, Paul-Albert Iweins, celebró la notificación sobre lo pronunciado por la fiscalía manifestando que “se establecen bien las responsabilidades”.
Cabe mencionar que Benzema no ha vuelto a los ‘Bleus’ pese a ser considerado uno de los mejores atacantes de Europa y ser una de las grandes estrellas del Real Madrid. Por lo tanto, no ha formado parte de los planteles que fueron subcampeones de Europa en el 2016 y campeones mundiales en el 2018.
Mientras que en la actual Liga española, Benzema es segundo de la tabla de máximos anotadores, con 17 dianas, únicamente superado por las 21 que suma el argentino Lionel Messi (FC Barcelona).
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Colombia: proceso judicial de Álvaro Uribe tendrá fallo tras 13 años
Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente derechista Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.
El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012. Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:
2012: Los debates
Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.
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2014: Popularidad vigente
Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.
2018: Bumerán y renuncia
La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.
El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.
La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.
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2019: La indagatoria
Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está “muy preocupado y angustiado”. Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.
La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: “proceda, doctor Diego”.
El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.
2020 y 2021: Preso #1087985
El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente “secuestrado”. Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.
Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.
Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021.
Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos “no tienen la característica de delito”.
2022 y 2023: La negativa
Gustavo Petro, archienemigo de Uribe, se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia.
En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país.
Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la fiscalía para que se archive el caso.
2024: El juicio
Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una “venganza política”.
El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.
En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.
2025: El fallo
La fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas “concluyentes” de su participación como “determinador de las conductas” por las que fue acusado.
El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.
Fuente: AFP.
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General bolsonarista admite en juicio autoría de documento golpista
Un general retirado del Ejército de Brasil confirmó ayer jueves a la corte suprema haber redactado un documento que preveía el asesinato del presidente Lula, una trama por la que es señalado el exmandatario Jair Bolsonaro en el juicio que enfrenta por golpismo. El máximo tribunal juzga al exjefe de Estado ultraderechista (2019-2022) de dirigir un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara por estrecho margen en las elecciones de 2022.
El complot no se habría consumado por falta de apoyo de altos mandos de las fuerzas armadas. La supuesta intentona golpista contemplaba incluso un plan, bautizado “Puñal Verde y Amarillo”, para asesinar a Lula, según la fiscalía. El general Mario Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, confirmó a la corte suprema que redactó e imprimió el documento, aunque dijo que era solo un “pensamiento” suyo y que no lo compartió.
Fernandes dio sus declaraciones ante el tribunal durante los interrogatorios a un grupo entre la treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro que están enjuiciados junto con el expresidente por la supuesta intentona. “Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, dijo el general por videoconferencia.
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Fernandes afirmó que imprimió el documento, en el palacio presidencial de Planalto, solo para leerlo “en papel” y que luego lo rompió. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, añadió. La fiscalía, sin embargo, acusó al militar de llevar el plan a la residencia presidencial de la Alvorada para “tratativas” con Bolsonaro, el 6 de diciembre de 2022. Ese mismo día, Bolsonaro recibió el borrador de un decreto que contemplaba medidas excepcionales para anular el resultado de las elecciones, según los investigadores.
El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 y también supuestamente proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y a la autoridad electoral, el juez Alexandre de Moraes, actualmente a cargo de juicio contra Bolsonaro en la corte suprema. La semana pasada la fiscalía pidió la condena de Bolsonaro. De ser hallado culpable ante la corte, podría recibir hasta 40 años de prisión.
Descartan prisión preventiva
El juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si incumple órdenes judiciales. El juez consideró en su decisión como una “irregularidad aislada” que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro “fueran utilizadas a favor” de su padre, bajo vigilancia de la corte por una presunta tentativa de obstruir el juicio que enfrenta por golpismo.
El máximo tribunal juzga al ultraderechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de redes sociales, así como la difusión de sus intervenciones públicas por terceros.
Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador”, consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un “intento de burlar” las medidas cautelares. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro difundió en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Congreso y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como “máxima humillación”.
Pero, “por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento”, Moraes descartó por ahora la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si se detecta “un nuevo incumplimiento”. “¡La justicia es ciega pero no tonta!”, escribió Moraes en su decisión.
Bolsonaro “rehén”
Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre. La advertencia de Moraes es un “torpe y desesperado intento de censurarme usando a mi padre como rehén”, reaccionó Eduardo Bolsonaro en X. “Eres un tirano cobarde, Alexandre. Un cobarde acabado”, agregó el diputado.
Trump anunció este mes aranceles de 50 % a productos brasileños y los justificó por una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro. La corte brasileña analiza si la campaña bolsonarista ante Washington configura un intento de obstaculizar el juicio por golpismo.
Entrevistas y discursos
Moraes había dado el lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que esclareciera la retransmisión de declaraciones del expresidente en redes sociales de terceros, “bajo pena de decretar su prisión inmediata”. Bolsonaro “de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas” y por lo tanto “no incumplió” la orden, respondieron sus abogados en un despacho.
Afirmaron que el exmandatario, de 70 años, no había sido notificado sobre una prohibición de dar entrevistas, un punto que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas hasta expertos legales. La defensa pidió entonces al juez que aclarara los límites de las restricciones.
Moraes negó este jueves que exista “cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos” para Bolsonaro, y señaló que la prohibición es a que sus declaraciones se difundan en redes propias o de terceros como estrategia para obstaculizar el proceso penal.
Bolsonaro se declara inocente y dice ser un “perseguido”. De ser hallado culpable por la corte, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de voto electrónico. Aun así, insiste en que quiere ser el candidato de la derecha para las presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, también pretende postularse.
Fuente: AFP.
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Caen tres delincuentes por robo de celulares y coacción sexual
Una mujer (24) denunció el robo de dos aparatos celulares dentro de un local nocturno en Asunción, por parte de tres jóvenes, de 18, 21 y 24 años de edad, respectivamente; uno de los móviles recuperó tras mantener relaciones sexuales con uno de los malvivientes.
La víctima acudió a la Comisaría 17ª del barrio San Isidro de Lambaré para formular una denuncia por hurto, coacción sexual y extorsión.
El hecho se registró a finales de la semana última en una conocida discoteca asuncena, cuando la mujer fue despojada de sus dispositivos electrónicos por parte de uno de los delincuentes, quien luego de comunicarse con su víctima, vía Whatsapp, se comprometió a la devolución a cambio de mantener relación sexual con la misma.
La joven mujer accedió al pedido del presunto malechor, identificado como Brahyan Emanuel Fernández Duarte (18), quien además exigió la suma de 500 mil guaraníes a cambio de devolverle el otro aparato.
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De acuerdo con el comisario Gustavo Escobar, la víctima fue citada a un motel ubicado en la vecina ciudad de Villa Elisa para ser sometida al acto sexual, y de esa manera pudo recuperar un aparato.
“Cuando se iba a producir el segundo encuentro, posiblemente para la restitución del segundo teléfono, agentes policiales pudieron detener al sospechoso y a sus dos cómplices”, dijo el jefe policial.
El acusado fue capturado en la vía pública en compañía de otros dos jóvenes, identificados como Hugo Javier Medina Maldonado, de 21 años, y Jonathan Thiago Gauto Valiente, de 19 años.
Este principal malviviente y sus dos cómplices serán imputados y próximamente prestarán declaración indagatoria ante la Fiscalía.
Los detenidos no cuentan con antecedentes policiales ni judiciales.
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Paro de transportistas es una presión abusiva contra la ciudadanía, reprocha legislador
El diputado colorado Rodrigo Gamarra reprochó el anuncio de la medida de fuerza del sector transportista, señalando que este paro es un chantaje descarado contra la ciudadanía, ya que considera que no existen justificativos para esta medida de fuerza.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que no observa alguna crisis de costos, tampoco hay deuda atrasada por parte del Gobierno; por tanto, “lo que hay es una presión abusiva sobre la ciudadanía de parte de los empresarios del transporte", dijo.
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De hecho, afirmó que hace unos días el Viceministerio de Transporte confirmó que están al día con el pago de subsidio. El legislador compartió unos datos concretos respecto a la suba de combustible, explicando que sigue manteniendo la tarifa más baja, incluso cuando asumió el gobierno el presidente Santiago Peña.
Al respecto destaca que a pesar del último reajuste, el precio actual sigue siendo G. 1.600 más bajo que en enero de 2023, lo que representa una caída neta del −18 %.
“Nosotros, y menos la ciudadanía, puede seguir siendo rehenes de un grupo que amenaza con paralizar el país cada vez que no se le da un privilegio. El Estado no puede legislar bajo extorsión. Acá es necesario poner orden en el sector del transporte”, reprochó .
El legislador recriminó de este modo las últimas declaraciones del titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, quien bajo tono amenazantes hizo el anuncio del paro de tres días. Indicó que esa no es la base para iniciar una mesa de negociación seria.
“Las bases de negociación deben ser sobre realidades, y éstas son que el combustible bajó entre 4 o 5 veces en este gobierno. En enero del 2023, estaba G. 8.900, que fue el punto más alto registrado el diésel común. De ahí fue bajando, hasta G. 6.920. Recién ayer, 10 de julio, subió de vuela el costo del combustible, subió a G. 7.300; y aún así sigue siendo 1.600 guaraníes más bajo, de cuando inició este gobierno”, explicó.
Por otra parte, indicó que el aumento salarial que se dio en este mes, es aún muy poco, en comparación a lo que los empresarios están exigiendo para ajustar la tarifa.
“No existen argumentos válidos para decir que van a paralizar el país. Estoy de acuerdo, que cualquier sector puede exigir reivindicaciones, que pueda pedir revisiones y pueda asentar criterios o conceptos por los cuales cree que merece un mejor trato, y no generar de la nada una crisis cuando no los hay”, acotó.
Posibilidad de demanda civil
Por otra parte, el legislador colorado señaló que considera que ha llegado el momento de analizar alguna legislación, para que cualquier ciudadano, usuario del transporte público, pueda demandar civilmente a los dueños de líneas transporte; cuando éstos suspendan el servicio sin razón válida.
Sostuvo que los empresarios deberían asumir las responsabilidades cuando perjudican económica, o en su salud al usuario de transporte.
“El usuario también necesita contar con garantías cuando utiliza el servicio, porque también está solventando el servicio con el pago de su pasaje. Por que la persona el día del paro, no podrá llegar a su lugar de trabajo, a riesgo que se lo descuenten la jornada, no podrá llegar a su consulta médica. Entonces, se tienen que hacer cargo de la responsabilidad civil o penal que ellos generan”, señaló.
Mencionó que también es necesario que se analice alguna legislación que establezca cancelar los itinerarios y volver a licitar los mismos, de aquellos que no cumplen con el servicio.
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