El articulador del asesinato de Marcelo Pecci, Francisco Correa Galeano, aun no enfrentó juicio por el caso, pues actualmente
está a la espera de reducir la pena que lo espera, mediante un principio de oportunidad, con el que debe colaborar y negociar una salida con la Fiscalía.
El articulador del asesinato de Marcelo Pecci, Francisco Correa Galeano, aun no enfrentó juicio por el caso, pues actualmente está a la espera de reducir la pena que lo espera, mediante un principio de oportunidad, con el que debe colaborar y negociar una salida con la Fiscalía.
El articulador del asesinato de Marcelo Pecci, Francisco Correa Galeano, aun no enfrentó juicio por el caso, pues actualmente está a la espera de reducir la pena que lo espera, mediante un principio de oportunidad, con el que debe colaborar y negociar una salida con la Fiscalía.
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Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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Imputan y piden prisión de docente por abusar sexualmente de su hijastra
La fiscal de Caacupé, Noelia Montanía, imputó a un docente por la abuso sexual en niños, luego una denuncia presentada por una adolescente de 13 años, hija de su pareja sentimental. Según la víctima, el hombre la manoseó y le ofreció dinero para establecer una relación sentimental.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva del imputado. Ahora el docente deberá comparecer para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se tendrá que estudiar si corresponde decretar la prisión preventiva u otra medida cautelar que el magistrado considere.
Los hechos habrían ocurrido el 17 de junio de 2025, cuando el imputado llegó en motocicleta a la casa de la menor -ubicada en Caacupé- para llevarla a la escuela, siguiendo un pedido de la madre. Sin embargo, en lugar de dirigirse al colegio, la condujo a su vivienda, cerró la puerta con llave y abusó sexualmente de ella.
La joven relató lo sucedido a su hermana, quien a su vez informó a la madre. Además, la víctima reveló que, en marzo de este año, el docente ya le habría ofrecido regalos a cambio de mantener relaciones sexuales. El caso genero el repudio de la ciudadanía de Caacupé.
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Detienen a presunta microtraficante en Mariano Roque Alonso
El fiscal antidrogas, Marco Amarilla, realizó un allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso, donde se logró la detención de una mujer que supuestamente se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína.
El representante del Ministerio Público señaló que la aprehendida, Victoria Dalinda Gayoso Benítez, será imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes y que se solicitará su prisión preventiva. La mujer fue detenida en una vivienda deshabitada, en donde supuestamente llegaban los consumidores para adquirir las drogas.
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No es la primera vez que la Fiscalía y la Policía Nacional allanan esta casa, dado que en reiteradas ocasiones los vecinos han denunciado que en el sitio se reúnen los adictos para luego salir a robar en las viviendas de la zona. Durante el procedimiento se logró la requisa de 33 gramos de cocaína en su modalidad de crack, 9 gramos de cocaína, 1,3 gramos de cocaína y 28 gramos de marihuana.
Cuando el fiscal presente la imputación, la mujer deberá ser convocada por un juzgado Penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si la mujer estará privada de su libertad.
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Fiscalía acusó por contrabando a exsenador argentino
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó acusación contra el exsenador argentino, Edgardo Darío Kuieder y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el hecho punible de contrabando. Esto, al no justificar la suma de USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos que intentaron ingresar a Paraguay. El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024, a la 01:30. Personal de la Armada Paraguaya, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional realizaron una intervención en la zona primaria de la Aduana del Puente de la Amistad donde se pudo detectar.
Durante el procedimiento fue incautado un vehículo Chevrolet con matrícula argentina, en cuyo interior se hallaron importantes sumas de dinero en efectivo que no fueron declaradas conforme a las exigencias legales.
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De acuerdo con la investigación, la pareja transportaba montos de dinero sin realizar la declaración correspondiente ante la Dirección Nacional de Aduanas, lo que configura una infracción al régimen legal vigente. En el marco de la causa, también fueron retenidos documentos y se dispuso la verificación del vehículo y el análisis técnico de las evidencias colectadas.
La acusación fue acompañada de numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de funcionarios intervinientes y actas administrativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Gerencia General de Aduanas.
Ahora el juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la acusación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva o no a un juicio oral y público.
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