Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador. “Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila”, escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.

El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados. Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.

La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.

Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1.800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota. Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos. El magistrado afirmó en su auto que “este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños”.

“También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata. Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota. “No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares”, aseguró.

Ana, Carlos y su hijo Luis llevan encerrados en su casa de Mineápolis dos meses, desde que agentes federales comenzaran las redadas para detener a inmigrantes por orden de Donald Trump. Las cortinas de la casa de esta familia mexicana permanecen cerradas todo el día, y la puerta está reforzada con una barra de metal para evitar que la tiren abajo.

Llegaron a esta ciudad del norte de Estados Unidos hace más de una década, pero en las últimas semanas su sueño americano se ha convertido en pesadilla. Mineápolis se ha vuelto el epicentro del descontento de parte de la sociedad contra las políticas de Trump después de que dos agentes del ICE, el controvertido servicio federal de control de inmigración, mataran a tiros a dos manifestantes.

“Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa”, declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo, al igual que su marido y su hijo. Esta madre de 47 años tiene cuatro hijos. Luis se queda encerrado con ella porque nació en México. Los otros tres son estadounidenses de nacimiento, pero ella se preocupa mucho cada vez que salen de casa.

“Siempre tengo el miedo de que, aunque son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar”, dijo con voz temblorosa. Los hijos saben que deben enviar un mensaje antes de volver a casa, o de lo contrario no se les abrirá la puerta cuando llamen.

A sus 15 años, Luis ansía poder ir y venir como lo hacen sus hermanos y hermanas, y sueña con ir al restaurante de comida rápida que hay al final de la calle “cuando las cosas mejoren (...) Ahora mismo está literalmente tan cerca, pero tan lejos”. Luis atiende a sus clases desde casa. Después se entretiene con videojuegos, a veces cinco horas al día. “Es lo único que me hace olvidar lo que está pasando”, murmura.

Su padre Carlos está furioso por la situación que atraviesan. Trabaja instalando encimeras de granito. La familia ha gastado en casi tres años 11.000 dólares en abogados para tramitar los visados. Los padres tienen permiso de trabajo, pero ese documento ya no los protege del arresto y deportación.

“Ellos te dan un papel para trabajar, pero no sirve para estar legalmente en este país. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Carlos.

“Nos sentimos como si Trump nos hubiera hecho un fraude a nosotros. No creo que nos merezcamos esto. Nosotros no hemos hecho nada malo, no somos convictos”, añade este hombre de 43 años.

Existe un temor generalizado entre los vecinos de Mineápolis a la violencia de los agentes migratorios.

Trump ha ordenado intensificar las redadas en bastiones demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago. Carlos explica que las cosas han cambio radicalmente entre el primer y el segundo mandato del republicano. De 2017 a 2021, no sentía la necesidad de encerrarse porque las operaciones estaban más focalizadas.

Dos hombres que Carlos conocía fueron deportados durante el primer mandato de Trump. “Uno estaba en el tráfico de drogas, el otro golpeaba a su mujer”, explica. Mientras la Operación Metro Surge continúa en Mineápolis, surgen preguntas sobre cuántas personas inocentes se ven afectadas por las redadas.

En Los Ángeles, durante un aumento de las redadas el verano pasado, las estadísticas mostraron que más de la mitad de los inmigrantes detenidos no tenían antecedentes penales. Normalmente, entre el trabajo de Carlos y los trabajos ocasionales que Ana realiza como cocinera o cajera, la pareja suele ganar 6.000 dólares al mes. Pero desde diciembre no han tenido ingresos.

Para pagar los 2.200 dólares del alquiler de enero, pidieron prestados 1.500 dólares a un amigo. No saben cómo se las arreglarán el mes que viene, pero rezan para que los agentes federales sean enviados a otra parte del país. La situación les genera angustia. “¿Y si nunca acaba?”, se pregunta Carlos. “El presidente tiene que estar tres años más, tres años es bastante tiempo”. Ana ya se hace a la idea de volver a México. “Lo único que me detiene aquí son los sueños de mis hijos”, confiesa.

Fuente: AFP.

Más de 3.000 migrantes perdieron la vida mientras intentaban llegar a España en 2025, según un informe publicado el lunes por la oenegé Caminando Fronteras, lo que supone un marcado descenso respecto a 2024 debido a la disminución de los intentos de travesía.

La mayoría de las 3.090 muertes registradas hasta el 15 de diciembre se produjeron en la ruta atlántica desde África hasta el archipiélago español de las Islas Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo, según indicó este colectivo que defiende los derechos de los migrantes.

El informe de Caminando Fronteras, elaborado a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias y de las estadísticas oficiales de salvamento, confirma la tendencia expuesta por las últimas cifras gubernamentales.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, España recibió 35.935 migrantes irregulares entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, lo que supone un 40,4 % menos que en el mismo periodo del año anterior (60.311).

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Casi la mitad de estas entradas fueron a través de la ruta atlántica hacia Canarias. A pesar de que se ha registrado un “retroceso significativo” del número de llegadas al archipiélago, se ha abierto sin embargo “una nueva ruta migratoria más lejana y más peligrosa”, con salidas desde Guinea Conakry, señaló el colectivo.

Entre los fallecidos en tragedias migratorias este año, Caminando Fronteras incluye a 192 mujeres y 437 niños.

La oenegé destacó igualmente el aumento de la ruta irregular entre Argelia y las turísticas islas de Ibiza y Formentera, en el Mediterráneo español.

Utilizado tradicionalmente por argelinos, este trayecto registró un aumento de migrantes procedentes de Somalia, Sudán y Sudán del Sur, según el colectivo. En esa ruta, se duplicaron los decesos este año, hasta alcanzar los 1.037.

En 2025, el número de migrantes que murieron mientras intentaban llegar a España fue mucho mayor, 10.457, según Caminando Fronteras. Es la cifra más alta registrada desde que el colectivo empezó a recopilar datos en 2007.

La disminución de llegadas este año se explica principalmente por el “aumento y sostenimiento de la financiación a países terceros para frenar los flujos migratorios, expandiendo la frontera hasta los países de origen”, explica Caminando Fronteras en su informe.

Principalmente, el incremento de los controles dificultó las salidas en la ruta atlántica (Mauritania, Senegal, Gambia o Guinea-Conakry).

España es uno de los tres principales puntos de entrada de migrantes a Europa, junto con Italia y Grecia.

• Fuente: AFP

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que existen 156.804 personas inmigrantes establecidos en Paraguay, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Se precisa que la población extranjera residente en nuestro país representa el 2,6 % de la población total.

“Según el CNPV 2022, la población total del Paraguay es de 6.109.903 personas. Sin embargo, reportaron sobre condición migratoria 5.500.482 personas, de las cuales 5.495.307 son consideradas nativas, es decir, nacieron dentro del territorio paraguayo, independientemente de su nacionalidad actual o lugar de residencia”, detalla el informe.

Añade que esto representa alrededor del 89,9 % de la población del país. “La población restante, que no es nativa, incluye a personas nacidas en otros países que actualmente residen en Paraguay, las cuales suman 156.804 personas y representan el 2,6 %”, indica.

Las migraciones son entendidas como los desplazamientos territoriales que realizan las personas con el fin de fijar su residencia y desarrollar en ella su existencia en términos biológicos, demográficos, económicos, sociales y culturales.

La publicación alude a datos demográficos de la población por lugar de nacimiento y departamento de residencia actual, los movimientos migratorios ocurridos 5 años antes del censo (2017-2022) y algunas características y tendencias migratorias de la población extranjera de 5 y más años de edad.

Más de 10.000 inmigrantes indocumentados fueron dete­nidos en Los Ángeles desde el inicio en junio de las reda­das en esa urbe del oeste de Estados Unidos, informó ayer el gobierno del presidente Donald Trump.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones, una de sus promesas de campaña.

El Departamento de Segu­ridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que las detenciones en Los Ángeles se produjeron a pesar de “la violencia de los alborotado­res y la demonización por parte de los políticos de ciu­dades santuario”.

Numerosas ciudades en Esta­dos Unidos son llamadas “san­tuario” por tener normas que impiden a las fuerzas policia­les colaborar con las fuerzas federales en la captura de inmi­grantes en situación irregular.

Las redadas migratorias en Los Ángeles provocaron una oleada de protestas popula­res, lo cual llevó al presidente Trump a enviar a la Guardia Nacional y a cientos de mari­nes, una medida criticada por los líderes locales y el gober­nador demócrata de Califor­nia, Gavin Newsom.

Un juez federal ordenó el miércoles retirar a los solda­dos que aún patrullan en las calles de la megalópolis cali­forniana.