El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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El titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Marcelo Kronawetter, informó este lunes que tanto Paraguay y Argentina prevén para el mes de julio comenzar la prueba piloto en torno a la aplicación de un control único en pasos fronterizos.

Kronawetter dijo que este acuerdo, que será aplicado entre ambos países por primera vez, forma parte de la planificación para el Mundial del Rally, previsto del 28 al 31 de agosto en el departamento de Itapúa.

“El objetivo es ese, que logremos una integración real con Argentina en términos de control migratorio y se haga un solo control y no se duplique como es en la actualidad, donde uno tiene que hacer la salida de Paraguay, cruzar del otro lado y volver a hacer el ingreso a Argentina", afirmó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El evento automovilístico representa una oportunidad única para el país, teniendo en cuenta que será a la vez una plataforma para exhibir la riqueza cultural, natural y deportiva. Con una audiencia global que supera los 800 millones de espectadores en cada temporada, el rally es una ventana clave para proyectar al Paraguay en el mundo.

“Nosotros pensamos que llegaríamos a mediados de julio a hacer las primeras pruebas in situ para dejarlo ya habilitado a finales de agosto. La idea es que el control único quede definitivo y que ya no sea necesaria la realización de dos controles", indicó.

Semanas atrás el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, dio a conocer un decreto que endurecía los controles migratorios, lo que va de contramano con este acuerdo de agilización en los pasos fronterizos.

No obstante, el director paraguayo dio a entender que la medida no afectará a este acuerdo. “Al margen del diálogo que tuvimos con mi par, hay un compromiso de que, sea cual sea la decisión plasmada, van a ver el mecanismo de facilitación para los compatriotas y que eso no entorpezca la dinámica del movimiento“, puntualizó.

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El ingeniero Rubén Sanabria, titular de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), manifestó que los productores piden una aclaración a las multinacionales sobre los precios pagados por cargas de soja, atendiendo a que estos son socios muy importantes para el rubro ya que son los que manejan el mercado.

“Si nosotros no vamos para atrás, no cubrimos nuestro costo de producción, vamos también a dejar de invertir en mejoramiento del suelo, vamos a dejar de incorporar tecnología de punta”, comentó a la 1.000 AM. Agregó que incluso podría repercutir en una baja en el rendimiento de la producción, con lo cual también iría en contra de las grandes empresas, porque había menos producción y producto para explotar, y ganarán menos.

Sostuvo que actualmente los precios se encuentran por los USD 400, inclusive por debajo a nivel de la Bolsa de Chicago. “Entonces las multinacionales normalmente nos hacen un descuento (premio) que es el procesamiento de los granos entregados al silo, el transporte hasta los puertos de embarques y eso es un USD 40 o USD 50”, comentó.

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En ese sentido, recordó que en situaciones como la baja del río, cuando las barcazas operan a menor capacidad, también sube el descuento o por cuestiones de subas del gasoil. “Entonces cargamos a un 5 dólares más, pero el mes pasado estaba a USD 40 y USD 45, pero ahora avanzaron a USD 70 dólares”, alegó.

Sostuvo que “el agricultor ya no está en condiciones de absorber”, y su costo ya no lo cubre con USD 300 o debajo de ese monto por tonelada. En ese contexto, puntualizó que ya se registraron subas del río, bajó el combustible y los mercados internacionales están totalmente abiertos, por lo cual la suba no correspondería.

“En otro tiempo subían los precios internacionales y se nos pagaba más, porque esos costos también quedaban fijos y los precios internacionales aumentaban y, por ende, teníamos un poco más de ingresos“, aseguró. La preocupación generalizada apunta a las zonas de mayor producción como Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, San Pedro, entre otras.

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El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, salió en defensa del trabajo realizado por el órgano extrapoder para requerir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Miguel Prieto. Aseguró que la solicitud de fiscalización se sustenta en el ámbito técnico y se fundamenta en los documentos que la administración del dirigente opositor proveyó a la institución.

“En defensa a mis compañeros, esto es un trabajo técnico que expone falencias y se fundamenta en los documentos, en las propias respuestas que la misma municipalidad proveyó a la Contraloría General de la República“, dijo en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

El requerimiento de intervención por parte del órgano extrapoder fue realizado el viernes 16 de mayo al Ministerio del Interior tras corroborar mediante exámenes de control la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.

Villalba detalló que la Contraloría había remitido dos notas a la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de que remitan los documentos de respaldo entorno al manejo de los recursos económicos. La primera en diciembre del 2023 y la segunda en octubre del 2024.

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“Existen inconsistencias y movimientos de cuentas con montos de decenas de miles de millones de guaraníes que aparecían y desaparecían de los balances, sin ninguna justificación”, puntualizó.

Ante estas situaciones, la administración de Prieto se limitaba a responder a la Contraloría que solo se trataba de “errores involuntarios. Supuestamente ellos lo que querían decir que sin querer nada más se equivocaban”, cuestionó.

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Villalba echó por tierra el discurso esgrimido por Prieto, quien alega que el pedido de la Contraloría obedece a una persecución política con miras a los comicios municipales y presidenciales.

“Cuando el contralor liberal Octavio Airaldi pidió la intervención del municipio de Ciudad del Este, a cargo de un colorado en el año 2010, nadie se escandalizó, nadie amenazó a los funcionarios de la Contraloría, nadie dijo nada. En cambio ahora dicen que se trata de una persecución política“, recriminó.

De acuerdo con la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.