Existen personas que requieren de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento que, por motivos de salud, les resulta imprescindible para vivir. El Estado, al no garantizar el acceso permanente a la energía, pone en riesgo la vida de estas personas.

Por: Luis Ríos Florentín / @nosoyunvampire

Era el sábado 14 de noviembre del 2020 cuando alrededor de las 20:00, tanto Asunción como otras ciudades del área metropolitana e interior del país eran sacudidas por el temporal más fuerte del año, uno que dejó a su paso una postal recurrente: árboles caídos, raudales y lo que nunca puede faltar, cortes de energía generalizados.

Alrededor de las 22:00 la cuenta de Twitter de la Radio Universo 970AM (@Universo970py) reportaba que la Cruz Roja Paraguaya también se había quedado sin suministro eléctrico y que esto hizo que las incubadoras del área de Neonatología dejaran de funcionar.

Una incubadora para bebés prematuros o neonatos es un equipo fundamental que consiste en una cámara cerrada de material transparente que incluye una acolchado esterilizado para acostar al bebé, con calefacción por convección, filtro de aires exterior, ventanas para manipular al paciente, así como diversos y sofisticados sistemas de monitoreo que incluyen control de peso, respiración, cardíaco y de actividad cerebral.

Esta cámara permite limitar la exposición del recién nacido a los gérmenes, y la complejidad de los equipos permiten también diversos tratamientos de cuidados como terapia intravenosa, suplemento de oxígeno, soporte mecánico de la respiración y administración de fármacos. Son claves para lograr reducciones de la tasa de mortalidad infantil en todo el mundo.

Entonces, al dejar de funcionar como en el caso de la Cruz Roja, la vida de varios bebés estuvo en juego en ese momento. No hubo vídeos ni fotografías, pero cualquiera puede imaginarse los momentos de terror y desesperación que vivieron los padres y familiares de esos bebés. Casi dos horas después del primer aviso, la misma emisora volvía a informar que esos acompañantes de los recién nacidos se las ingeniaron para acoplar mediante la batería de los autos al generador del hospital y así proveer de un poco de energía a esas incubadoras y reducir el peligro de los bebés.

Al igual que estos neonatos, existen otros casos de personas que necesitan una conexión permanente a un aparato eléctrico para seguir con vida. Esto se conoce como “Electrodependencia por motivos de salud” o simplemente “Electrodependencia”. Es la condición que tienen las personas (adultos, enfermos crónicos, neonatos) de contar con un suministro constante de energía eléctrica para mantenerse con vida. Este concepto también abarca el servicio de salud en sí: quirófanos, salas de urgencia, salas de reanimación, Unidad de Cuidados Intensivos y otras dependencias.

El hecho de que Paraguay no pueda garantizar el suministro ante variaciones climáticas (de cualquier tipo), hace que la vida de miles de personas corra peligro inminente. Para evitar que eso pase, Carmen Arias, abogada especialista en derecho energético, plantea la necesidad de incorporar una ley de electrodependencia para el país y en consecuencia, resguardar un montón de vidas humanas.

Modelos similares

Argentina tiene una ley garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes. Mediante ella, se garantiza que las empresas distribuidoras de electricidad tengan un “backup” de energía eléctrica para cubrir las necesidades de los electrodependientes en caso de cortes.

De hecho, tienen un protocolo de que en determinada cantidad de tiempo debería llegar al domicilio del electrodependiente un generador móvil que garantice este servicio mientras se soluciona el problema. El servicio eléctrico para los electrodependientes es gratuito. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica. También esta eximido del pago de los derechos de conexión.

Según Carmen Arias, para empezar a trabajar en un modelo para Paraguay, primero deberíamos contar con una base de datos de la cantidad de electrodependientes que existen a nivel país en sus domicilios y cuál es la necesidad dentro del sistema de salud en hospitales públicos y privados, considerando que el acceso a la energía eléctrica y el derecho a la vida deben estar garantizados por el Estado sin discriminación.

En segundo lugar, se podría prever que dentro del servicio público de salud se cuente con un backup de energía renovable (Generación Distribuida, por ejemplo) para garantizar el servicio eléctrico en caso de que el sistema “normal” sufra alguna alteración.

“Luego del ‘problema’ en la Cruz Roja, la sorpresa y la indignación quedó en redes. Hablando crudamente, Espero que no sea necesaria una o dos muertes para que exista protección en estos casos. No hubo ningún acercamiento de las autoridades para intentar realizar algún borrador de proyecto. Aún así, desde la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER) estamos abiertos a trabajar en el proyecto de ley y en los proyectos técnicos necesarios para garantizar este servicio junto con las instituciones interesadas”, lamentó la profesional del derecho en entrevista con VOS.

Incluso recordó que mientras era analizado el proyecto de Tarifa Social en distintas esferas del gobierno, desde la desde la APER se acercaron al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), sugiriendo un trabajo interinstitucional entre la ANDE, el MDS, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) para la elaboración de esta base de datos de personas electrodependientes. “No es necesario crear una nueva institución, podemos hacerlo con los recursos con los que contamos”, aseguró.

¿Qué falta?

La especialista en derecho energético fue más allá y explicó que el concepto de ‘soberanía energética’ se va a dar plenamente en Paraguay cuando todos los habitantes del país tengamos acceso a energía eléctrica. “Hoy día la ANDE se encuentra realizando esfuerzos para garantizar el servicio público a nivel país. No se justifican los años de retraso, pero hay que darle al césar lo que es del césar: se está invirtiendo en distribución, es cuestión de tiempo”, rescató.

Para ella, aún padecemos de ‘pobreza energética’, una situación en la que los miembros de un hogar son incapaces de pagar por una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas o cuando destinan parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética. “Esta es la base de la ‘Tarifa Social de energia’ y está íntimamente ligada con la electrodependencia. En el caso de los electrodependientes, el consumo eléctrico es elevadísimo, lo que hace que aun teniendo buenos ingresos los mismos sean destinados en gran parte a pagar por este servicio”, remarcó. Por eso que otro pilar fundamental para una ley de este tipo es garantizar su gratuidad como lo hacen en Argentina.

En materia jurídica, la profesional aclaró que no contamos con antecedentes legales de protección a la ciudadanía en lo que refiere a cortes del suministro eléctrico. Y en este punto se puede hablar de daño emergente, lucro cesante y varias figuras jurídicas en materia de responsabilidad estatal al no garantizar el servicio público, no solo por motivos de salud. “Hay gente perdiendo mercaderías, alimentos y otros productos como consecuencia de los constantes cortes de energía. Hay que internalizar que el acceso a servicios básicos hace a una vida digna, por lo que estos ya son considerados derechos humanos”, cerró la profesional.

Al igual que los padres de los niños de la Cruz Roja, muchos otros compatriotas y residentes esperan la aplicación de políticas públicas en cuanto a la electrodependencia para seguir con vida.