El sector forestal paraguayo avanza en su proceso de expansión internacional con la estrategia de posicionar la madera nacional no solo como materia prima, sino como un producto con valor agregado.

Así lo explicó a La Nación/Nación Media, Diego Puente, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), quien detalló los principales mercados y oportunidades que hoy se abren para el país.

Uno de los focos principales está en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y México. Según Puente, estos mercados continúan siendo destinos clave para productos industrializados como el plywood (madera contrachapada) y las molduras.

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La alta demanda vinculada a la construcción civil abre un espacio importante para la industria paraguaya, que busca consolidarse en ese segmento.

Otro mercado estratégico es la Unión Europea. Aunque las nuevas regulaciones, como el Reglamento de Deforestación (EUDR), imponen mayores exigencias, desde el sector lo ven como una oportunidad. “La meta es demostrar que Paraguay puede producir madera de forma sostenible y acceder a nichos de mayor valor, donde la calidad y la trazabilidad son determinantes”, dijo.

En Asia, el panorama también muestra cambios. Vietnam y China continúan siendo compradores relevantes en volumen, pero la estrategia apunta a diversificar. En ese sentido, Japón aparece como un socio clave a futuro, con el objetivo de avanzar hacia relaciones de inversión y no limitarse solo a la exportación de productos.

A nivel regional, el Mercosur sigue siendo un mercado natural, con Uruguay y Argentina como principales destinos. Sin embargo, el desafío es mayor: dejar de exportar principalmente materia prima y posicionar a Paraguay como un centro industrial maderero en la región.

En conjunto, la estrategia del sector forestal apunta a dar un salto en calidad y competitividad, aprovechando la creciente demanda global y adaptándose a las nuevas exigencias del mercado internacional.

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El uruguayo Sebastián Marset deberá presentarse este miércoles ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, esta audiencia había sido postergada por pedido de la defensa argumentando que requería de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido. La audiencia debió realizarse el pasado 25 de marzo.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo.

El uruguayo está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización que, de acuerdo a las investigaciones, traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.

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En esta audiencia Marset deberá definir si se declara culpable o no de los delitos de los cuales es acusado, en el caso de no declararse culpable, podría también colaborar con la justicia de los Estados Unidos y acceder a la reducción de pena por delación premiada. De declararse no culpable iría a un juicio con jurado y enfrentará una fuerte condena.

Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga, al que el juez del caso accedió y convocó para el 25 de marzo, la cual nuevamente fue prorrogada para este 1 de abril.

Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D. C.

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“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.

El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.

“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.

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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.

El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.

La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.

“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.

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Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años. Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.

Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas “de alto riesgo”, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.

X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.

Las demás plataformas digitales deben “adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente”, añadió la funcionaria en una conferencia de prensa. Advirtió que no habrá “margen para concesiones” para las redes sociales que operan en Indonesia.

TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo “tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años”. Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto. La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.

Antes de que la norma entrara en vigor, algunos jóvenes ya anticipaban cómo sortear la restricción. “Quizás me dedique a otras actividades, pero creo que pediré ayuda a mi padre o a mi madre para poder entrar” a las redes, admitió Bradley Rowen Liu a la AFP. Gran usuario de TikTok, el niño de 11 años afirma que durante las vacaciones o los fines de semana puede pasar hasta cinco horas diarias en su celular.

En contraste con la mayoría, Maximillian, de 15 años, reconoce que las horas que pasa en redes sociales lo hacen sentir “improductivo” y respalda la prohibición para que “los jóvenes puedan concentrarse más en sus estudios”. Varios países, entre ellos Australia, han endurecido las restricciones de edad en las redes sociales, en un contexto de creciente alarma por la exposición de los menores a contenidos dañinos y por el aumento del tiempo que pasan frente a las pantallas.

En Estados Unidos, un jurado determinó el miércoles que Instagram y YouTube son responsables del carácter adictivo de sus plataformas y de los problemas de salud mental que sufrió en la adolescencia una joven californiana, a la que se le concedieron varios millones de dólares en indemnización.

Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) ya había sido condenada el martes en otro veredicto sin precedentes, en Nuevo México, donde fue considerada responsable de haber puesto deliberadamente en peligro a los niños al exponerlos a contenidos peligrosos, e incluso a depredadores sexuales.

Fuente: AFP.