La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez resolvió solicitar el parecer de varias instituciones antes de dictaminar acerca del proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”.

Esto, con el objetivo de adecuar el Código Electoral paraguayo a las nuevas formas de comunicación política que predominan en la era digital.

La iniciativa pretende modernizar el marco normativo vigente que actualmente está enfocado principalmente en medios tradicionales y soportes físicos, incorporando los espacios virtuales al ámbito de control y fiscalización de la Justicia Electoral.

Según los fundamentos de la propuesta, la necesidad de esta regulación responde al creciente protagonismo de las plataformas digitales en los procesos electorales, especialmente entre los jóvenes. Datos citados en el proyecto señalan que el 47,4 % de este sector de la población obtiene información sobre asuntos electorales principalmente a través de redes sociales.

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El diputado Valdez explicó que con el propósito de dotar a la iniciativa de un sólido respaldo técnico y jurídico, la Comisión de Asuntos Electorales resolvió solicitar informes y opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Ministerio Público y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “La intención es evaluar la viabilidad operativa de los mecanismos propuestos y fortalecer las capacidades de control y fiscalización de las instituciones involucradas”, refirió

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de los datos personales en el ámbito político. En ese sentido, la propuesta prohíbe expresamente el uso de técnicas de segmentación o micro-targeting basadas en perfiles ideológicos o afiliaciones políticas obtenidas sin consentimiento de los ciudadanos, buscando evitar prácticas de manipulación electoral mediante el uso indebido de grandes volúmenes de datos.

Asimismo, el documento contempla la creación de un Registro Obligatorio de Cuentas para la publicidad política digital, herramienta que permitiría al TSJE y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos destinados a campañas en internet y reforzar la transparencia del financiamiento electoral.

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas, establece restricciones para la utilización de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines de desinformación, además de exigir la identificación de materiales generados por IA.

Igualmente, extiende el período de silencio electoral a la publicidad paga en plataformas digitales durante las 48 horas previas a los comicios.

Por otro lado, se prevé la implementación de mecanismos de cooperación con grandes empresas tecnológicas para facilitar el acceso a bibliotecas de anuncios y fortalecer los procesos de control y auditoría electoral.

Finalmente, el proyecto plantea una aplicación gradual de las nuevas disposiciones, fijando una vacatio legis hasta el ciclo electoral de 2032, con el fin de permitir que el TSJE desarrolle las capacidades tecnológicas necesarias y se consoliden los mecanismos de transparencia en el ámbito digital.

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Destacan avance en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.

La Organización Interna­cional del Trabajo (OIT) aprueba un histórico con­venio internacional orien­tado a garantizar condicio­nes de empleo decente para los trabajadores de plata­formas digitales, un sector en crecimiento a nivel glo­bal que incluye a repartido­res, conductores y prestado­res de servicios contratados mediante aplicaciones.

La decisión fue adoptada durante el plenario de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el marco de la asamblea anual de la OIT, donde representan­tes de gobiernos, sindicatos y empleadores respaldaron el texto con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.

La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo y Seguri­dad Social de Uruguay, Juan Castillo, en un hecho consi­derado histórico por orga­nismos laborales internacio­nales, debido al avance que representa en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.

El convenio, resultado de varios años de debates y negociaciones, establece un marco de protección para los trabajadores de plataformas, con el objetivo de equiparar­los al resto de empleados en aspectos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protec­ción frente a despidos arbi­trarios.

Entre los principales dere­chos reconocidos figuran la libertad sindical y el derecho a la organización, la negocia­ción colectiva entre traba­jadores y empresas, además del acceso a mecanismos de protección social y cober­turas básicas. Asimismo, el documento contempla garan­tías relacionadas con la segu­ridad y salud en el trabajo, el derecho a una remuneración justa por las tareas realizadas y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para asignar viajes o pedidos.

Otro de los puntos destaca­dos es la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar el acceso al trabajo, así como la crea­ción de mecanismos para reclamar y defender derechos laborales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) un histórico convenio internacional orientado a garantizar condiciones de empleo decente para los trabajadores de plataformas digitales, un sector en crecimiento a nivel global que incluye a repartidores, conductores y prestadores de servicios contratados mediante aplicaciones.

La decisión fue adoptada durante el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el marco de la asamblea anual de la OIT, donde representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores respaldaron el texto con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.

La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, en un hecho considerado histórico por organismos laborales internacionales, debido al avance que representa en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.

El convenio, resultado de varios años de debates y negociaciones, establece un marco de protección para los trabajadores de plataformas, con el objetivo de equipararlos al resto de empleados en aspectos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protección frente a despidos arbitrarios.

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Entre los principales derechos reconocidos figuran la libertad sindical y el derecho a la organización, la negociación colectiva entre trabajadores y empresas, además del acceso a mecanismos de protección social y coberturas básicas.

Asimismo, el documento contempla garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, el derecho a una remuneración justa por las tareas realizadas y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para asignar viajes o pedidos.

Otro de los puntos destacados es la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar el acceso al trabajo, así como la creación de mecanismos para reclamar y defender derechos laborales.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.

El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.

Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.

El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.

El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.

El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.

El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.

Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.

“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.

El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.

Fuente: AFP.